Proyectos que totalizan una inversión cercana a los US$10.500 millones se encuentran paralizados a raíz del nuevo escenario epidemiológico, según informó el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la Comisión de Minería y Energía del Senado, debido a que la pandemia del Covid-19 ha impedido la realización de las consultas ciudadanas que han requerido las comunidades sobre estas grandes obras, por lo que la institución decidió la suspensión de dicho proceso.
En detalle, se trata de cuatro proyectos mineros en Atacama y 24 obras de energía renovable no convencionales en esta condición.
Informe
En el reporte entregado a la instancia por el director ejecutivo del SEIA, Hernán Brucher, se indicó que al día 15 de mayo se encuentran en calificación 467 proyectos mediante Declaración de Impacto Ambiental; y 62 proyectos por la vía de Estudio de Impacto Ambiental.
Y dado que “la regla general es la tramitación por vía electrónica”, según precisó la entidad, los integrantes de la instancia legislativa analizaron cómo dar continuidad a los proyectos en evaluación suspendidos.
Los senadores hicieron hincapié en que, por la vía legislativa -y no a través de reglamento-, deben regularse los mecanismos para facilitar la participación ciudadana a distancia, con especial consideración en las “asimetrías” que se producen por la brecha digital existente.
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Senadores
La Comisión adhirió al planteamiento del senador Alejandro Guillier en tal sentido, lo que se materializará en un proyecto de ley que busque “propiciar un proceso de consulta que de plenas garantías” a través de instrumentos de comunicación remota.
El senador Rafael Prohens sugirió que la propuesta valide un “mix de convocatorias”, presenciales y remotas, pero que “quedaría bien tomando los resguardos en esta etapa y así no paralizar los proyectos, ya que son muchos los millones de dólares que están en cartera”.
El senador Guido Girardi insistió en que para “garantizar equidad e igualdad de oportunidades”, la modificación al proceso de consulta del SEIA debe hacerse por ley. En la misma línea, su par Álvaro Elizalde planteó que esto “no puede implicar que se haga una excepción al cumplimiento de los estándares ambientales”.
Las senadoras Yasna Provoste y Ximena Órdenes, en tanto, manifestaron su preocupación en torno a las comunidades que ven limitado su acceso a internet, ya que “grandes proyectos ocurren en comunidades pequeñas donde tienen problemas de conexión”.
En tanto, el legislador Alejandro García Huidobro junto con mencionar que la iniciativa “amerita prioridad y que el proyecto pueda ser consensuado con el Ejecutivo”, reflexionó en torno a la alta cifra de obras de energía renovables paralizadas, los cuales totalizan una inversión de US$9.700 millones.
«Creo que tenemos que mirar muy bien la manera de apoyar la instalación de estos proyectos, sobre todo en la Zona Norte y poder avanzar rápidamente. No podemos dejar que esperen más tiempo, porque esos recursos pueden irse a otros países y sería lamentable no tenerlos en nuestro país», expresó el presidente de la Comisión.
Desde el SEIA precisaron que sólo en el primer semestre del año se ingresaron 101 proyectos asociados a energías renovables, los cuales podrían suspenderse «si la ciudadanía pide participación».