En el Congreso Nacional en Santiago, espacio que facilitaron los presidentes de la Cámara y el Senado, se acordó una fórmula mixta de representantes electos y expertos que nombrará el Parlamento.

La moción que analizará la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, propone que el que robe o hurte cátodos, ánodos o blíster de cobre, sea sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Parlamentarios presentaron una moción que apunta a modificar la ley de Bases Generales del Medioambiente.

En su articulado, entre otros puntos, permite que a los proyectos de almacenamiento se les pague por inyectar energía al sistema eléctrico, y por estar disponibles para suministrar potencia en los momentos de mayor demanda.

Al texto iniciado en mensaje, la Cámara Baja le introdujo una serie de cambios que los senadores deberán revisar.

Texto legal aborda un vacío normativo que ocurre con los proyectos que se tramitan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre la declaración de una zona latente o saturada y la dictación de un plan de descontaminación y prevención.

La iniciativa apunta a fijar requisitos mínimos para la prevención y resolución de incidentes de ciberseguridad y contingencias.

En varias sesiones, los congresistas escucharon a actores de la industria. Por distintas razones, todos cuestionaron la rebaja de la rentabilidad y la eliminación del spread de un 3%. Con todo, la norma será revisada en una próxima sesión ordinaria.

Propuesta considera la infraestructura crítica como la indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos como energía, agua o telecomunicaciones.