El siniestro se registró en diciembre de 2016, en la comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins.

Entre los primeros acuerdos de la instancia se encuentra una campaña para concientizar a la ciudadanía a entregar información anónima con datos relevantes para las indagaciones en curso.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmó la multa por 43.200 UTM aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Desde su creación en 1963, la asociación ha logrado impulsar la labor de las cooperativas, responsables de generar cambios trascendentales en la vida cotidiana de las personas ubicadas en las zonas rurales del país.

Este hito es relevante dentro del actual proceso, pues tiene como objetivo obtener los costos medios de prestar el servicio público de distribución sobre la base de una empresa modelo eficiente que opera en el país y que cumple con la ley y la normativa vigente.

Las principales prioridades identificadas por el Subdepartamento de Normativa del organismo regulador dicen relación con la Norma Técnica de Coordinación y Operación, así como la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

En fallos unánimes, la Quinta Sala del tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la aplicación de las sanciones, pero consideró desproporcionado el monto de ocho de las multas.

Reunión de trabajo liderada por seremis de Energía y Transportes abordó estos temas con actores públicos y empresas relacionadas.

La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la SEC al sancionar a la empresa, que se encontraba impedida de realizar las acciones demandadas debido a estado de incertidumbre que vivía el país al inicio de la pandemia.