El Ministerio de Energía convocó este viernes a alcaldes y alcaldesas de distintas comunas del país para recoger propuestas y antecedentes territoriales que contribuyan a la elaboración de una reforma a las redes eléctricas. La iniciativa busca actualizar el marco regulatorio de los sistemas de transmisión y distribución, cuya legislación tiene más de 40 años.
El encuentro contó con la presencia de más de 100 alcaldes de todo Chile y fue encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al ministro de Agricultura, Jaime Campos; el subsecretario de Energía, Hugo Briones; y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa. La instancia formó parte del trabajo prelegislativo que el Gobierno desarrollará durante los próximos meses y que contempla mesas técnicas, encuentros regionales y espacios de participación con distintos actores.
Según explicó Rincón, el objetivo del proceso es pasar del diagnóstico existente a una propuesta que incorpore la experiencia de los territorios. “Hoy día partimos con una invitación a todos los alcaldes y alcaldesas. Partimos no con un diagnóstico, porque lo tenemos. Lo que queremos hacer es pasar del diagnóstico a la acción”, destacó.
Regulación obsoleta
La secretaria de Estado sostuvo que el sistema eléctrico ha experimentado cambios respecto del escenario en que se diseñó la actual regulación. Entre ellos mencionó el crecimiento de la generación distribuida, que actualmente alcanza cerca de 500 MW y que, según sus proyecciones, podría llegar a 2.000 MW, además de una mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos.
En este contexto, la ministra planteó que la reforma buscará avanzar hacia redes “más seguras y resilientes”, mejorar la calidad del servicio y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. Entre los objetivos mencionados durante el encuentro se encuentran reducir la ocurrencia de interrupciones, acelerar los tiempos de reposición y mejorar la respuesta ante fallas.
Además, Rincón destacó el impacto que tienen las interrupciones del suministro en servicios que dependen de la electricidad, como las comunicaciones, los sistemas de agua potable que utilizan bombeo, el comercio, establecimientos educacionales y centros de salud.
En la instancia, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, aprovechó para resaltar la participación de los jefes comunales en la propuesta que está construyendo el Ministerio de Energía. Al mismo tiempo, la autoridad destacó la coordinación de los municipios en torno a la prevención de incendios. “El propósito que nos ánima como Ministerio de Agricultura, es conversar con los alcaldes para darles a conocer el rol que ellos deben en todo lo que ha programado y que se empieza a implementar en función de las campañas de prevención de incendios”, dijo el secretario de Estado.
Rol de los municipios
Otro de los ámbitos abordados fue el rol de los municipios en el desarrollo energético local.
La ministra dijo que las nuevas reglas deberían considerar iniciativas como parques solares comunitarios, el uso de terrenos municipales para proyectos de generación y mecanismos que permitan a las instalaciones municipales acceder a condiciones de suministro más convenientes.
Asimismo, el proceso considera la situación de localidades rurales, islas y zonas extremas que no se encuentran conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De acuerdo con la ministra Rincón, las particularidades de estos territorios deberán ser incorporadas en la discusión de la nueva regulación.
En ese sentido, el Gobierno contempla desarrollar mesas regionales en las zonas norte, centro y sur del país, además de mantener a las seremías de Energía como un canal de vinculación con los municipios. Los aportes recogidos durante estas instancias serán incorporados al trabajo prelegislativo que se extenderá hasta diciembre.
El Ministerio de Energía espera contar durante ese mes con una propuesta conceptual que sirva de base para la elaboración del proyecto de ley, cuya presentación al Congreso está prevista para el primer trimestre de 2027.
Cabe mencionar que la reforma también contará con apoyo técnico del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y asesoría especializada de académicos y organismos internacionales, en un proceso que contempla la participación de representantes del sector público, empresas eléctricas, asociaciones gremiales, academia y otros actores vinculados a las redes.
