Buena parte de esta suma es para el pago de derechos de agua.

La firma verá la factibilidad de proyectos hidroeléctricos por unos 700 MW, con énfasis en iniciativas en la VII Región.

La labor de entidades como las juntas de vigilancia y la normativa actual son algunas de las herramientas con que se buscan compatibilizar los variados usos económicos y ambientales del recurso.   

De acuerdo con Tesorería, este cobro pasó de $ 11.571 millones en 2010 a $ 33.228 millones en 2015.

Autoridad de la Dirección General de Aguas informó a Revista ELECTRICIDAD que el organismo ya tiene catastradas las solicitudes de derechos, cuya devolución fue anunciada por la generadora, por lo que se evaluará “si procede o no recomendar declaración de reserva” en los ríos Cautín, Chillán, Puelo, Futaleufu y Maipo.

Contrató a firma asesora que contactó a 27 potenciales compradores, operación que no consiguió resultados.

La voluntad de la compañía es que sólo se llevarán a cabo iniciativas que sean viables técnicamente, económicamente y que cuenten con la aceptación de las comunidades locales.

Especialistas sostienen que poner un límite de 30 años al uso del recurso atenta contra el derecho de propiedad. A los reclamos del agro, se suman mineras y energéticas.

La iniciativa parlamentaria busca que se entienda el agua como un “bien nacional de uso público”, por lo que establece nuevos criterios para su explotación.

Comisión de Agricultura recibió a un conjunto de abogados constitucionalistas para analizar, desde esta perspectiva, el articulado de la propuesta legal.