Desde 2007, el impuesto ha recaudado US$315 millones de un total de US$521 millones posibles, de acuerdo con cifras de la Tesorería General de la República. La falta de inscripción de los derechos de agua en el Conservador por parte de algunos explica este descalce. Para este año se proyecta que los impagos lleguen a 43%.

Los ministros de Obras Públicas y de Agricultura salieron a defender la indicación sustitutiva que se enviará al Congreso, indicando que los derechos indefinidos permitirán asegurar un buen uso del agua, evitando especulaciones y reconociéndola como derecho humano, algo que no convence a la oposición.

El monto cayó 13% respecto del proceso 2018, en parte debido a la devolución de los derechos que tenía Hidroaysén. El 50% de estas patentes no se paga.

Desde su creación, en 2006, el impuesto que busca evitar la especulación de precios ha recaudado US$ 417 millones. Mejorar su fiscalización es uno de los objetivos de la agenda hídrica del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.

Obra del académico de la PUC, Alejandro Vergara aborda los principales hitos en este tema durante los últimos años.

La compañía añadió que devolverá los derechos de agua de ambas iniciativas al Estado, y que el abandono de los proyectos le significará una pérdida de $25.106 millones.

La confederación que agrupa a los canalistas de Chile denuncia ineficacia del Estado en subastar las patentes morosas por no uso del agua, lo que -a juicio de la agrupación- ha repercutido en el proyecto que se discute en el Congreso. En el Ejecutivo creen que parte del problema es la existencia de especuladores, y planean hacer modificaciones para acelerar los remates.

Se puso fin a los derechos perpetuos, limitándolos a 30 años. 

El fallo de la Corte de Apelaciones, que confirmó la denegación de los derechos de agua adicionales, haría inviable el proyecto en sus actuales dimensiones.

La empresa dijo que está revisando el alcance de las resoluciones antes de adoptar una decisión.