El gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, participó este martes en la Comisión de Economía del Senado, donde acudió invitado por la entidad en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
En su intervención, Le Blanc señaló que, si bien se valora este espacio de mejora en el contexto de la denominada “Ley de Permisología”, hay aspectos que se pueden optimizar y que es vital flexibilizar criterios administrativos, cumpliendo en todo momento la normativa ambiental correspondiente.
“Hoy, los proyectos de transmisión pueden tardar en desarrollarse entre seis a diez años, de los cuales dos tercios de ese tiempo se destina a la obtención de permisos ambientales y sectoriales”, señaló el ejecutivo.
Agregó que un proyecto mandatado por el Estado puede llegar a requerir la tramitación de más de 300 permisos ante distintos entes sectoriales y, en algunos casos, “los tiempos de retraso pueden ser de incluso años”.
Asimismo, el representante de Transelec solicitó a los senadores de la comisión un acompañamiento efectivo por parte del Estado para garantizar el desarrollo sostenible de estos proyectos, que en su mayoría son mandatados desde el ente institucional. También destacó que, aunque se trata de iniciativas de inversión de interés nacional, no reciben esta calificación de forma inmediata por parte de los entes administrativos, lo que obstaculiza la celeridad necesaria para proyectos clave en el desarrollo del país.
“Un proyecto que asegura calidad de suministro eléctrico para miles de familias en zonas aisladas, que es licitado por el Estado dada la importancia de su construcción, debiese ser automáticamente considerado como de interés nacional”, precisó el ejecutivo.
En la sesión, Le Blanc solicitó flexibilidad y criterio experto en algunas decisiones tomadas por servicios sectoriales, poniendo como ejemplo situaciones con trazados que no son modificables. “Hoy no existe ninguna flexibilidad para modificar trazados luego de obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aun cuando estos sean requeridos por comunidades, autoridades u otros grupos ciudadanos. Los permisos ambientales y sectoriales son rígidos”, señaló.
“Creemos que es vital contar con un criterio transversal por sobre los diferentes intereses u opiniones de los distintos servicios y la flexibilidad de dar facilidades ante imposibilidades administrativas que a veces se ven en las tramitaciones”, agregó el ejecutivo.
Proyecto en Los Lagos
Una de estas imposibilidades administrativas que mencionó Le Blanc es el caso que está afectando a un importante proyecto de Transelec en la región de Los Lagos, para robustecer el sistema de transmisión hacia y desde la Isla de Chiloé.
Se trata de la línea “Tineo-Ancud”, que busca construir un tendido que permitirá dar redundancia eléctrica a la isla, a través de un segundo cruce aéreo con una línea más robusta. El Estudio de Impacto Ambiental se tramitó durante casi cuatro años, obteniendo finalmente una RCA favorable en febrero de 2024.
Sin embargo, por falta de antecedentes legales prediales (poseedores) tras un incendio ocurrido en una oficina del Conservador de Bienes Raíces de Maullín hace más de 50 años, no es posible tramitar Planes de Manejo Forestal (PMF) asociados a la construcción de la línea, además de la tramitación de los decretos de concesión respectivos, situación que −según indicó Le Blanc− solo el Estado puede resolver.
“Este es uno de los tantos ejemplos donde hemos ido a conversar con los distintos servicios, apelando al buen criterio; sin embargo, ninguno tiene una solución al problema, ya que se trata una imposibilidad administrativa en que, hasta ahora, no se toma una decisión final”, precisó.
Déficit de transmisión
En el contexto de la presentación, Arturo Le Blanc también ilustró el estado del arte en materia de transmisión eléctrica, debido a la situación de la permisología. “Los proyectos de transmisión de energía son la llave para la descarbonización. Así lo establece también el Plan de Descarbonización lanzado por el Ministerio de Energía, no obstante, hoy existe un déficit en líneas de transmisión superior a los 3 mil MW”.
Agregó que, a julio del 2024, “la energía de fuentes ERNC vertidas sobrepasó los 2.464 GWh. Esto representa la energía que consumen 585 mil personas en todo un año. Es decir, toda la ciudad de Antofagasta y alrededores o toda la comuna de Puente Alto en la RM”.