Con esta se busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia. La iniciativa tuvo en el Senado 28 votos a favor y 10 abstenciones -todas de Chile Vamos-.

La iniciativa incluye a las proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red.

El estudio de la iniciativa se extiende por casi tres meses y debiese ser despachado hoy por la comisión mixta que lo está tramitando.

Según trascendió de altas fuentes de la industria, este enfrentamiento habría detonado la salida de Transelec del gremio que reúne a las empresas de distribución -Empresas A.G.-, por diferencias en la estrategia que ha tomado la entidad ante esta polémica.

En ambos estamentos se presentaron mociones similares para impedir la suspensión de los servicios por no pago, pero están cruzándose en el trámite legislativo, y cada cual intenta privilegiar su iniciativa.

Para evitar una crisis financiera por el aplazamiento en el cobro de las cuentas de luz para los clientes residenciales, las generadoras proponen que las eléctricas adquieran un préstamo por US$500 millones con el BID y rechazan que cada actor asuma una responsabilidad de pago equitativa. Mientras, el BID ya está gestionando los nuevos compromisos.

La iniciativa prohíbe, por un plazo de 90 días, que las empresas proveedoras de servicios básicos y de gas de red corten el suministro por el no pago a usuarios residenciales que cumplan ciertos requisitos.

Así lo informó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien precisó que un 59% corresponde a los grupos socioeconómicos más vulnerables, mientras que un 21% son adultos mayores.

Estudio señala que el presupuesto familiar debiera estar considerando al menos unos $10.000 más para gastos en estos servicios básicos.

Este miércoles se aprobó en la Comisión de Economía el proyecto que permite postergar el pago de las cuentas de luz, agua, gas y telefonía. Este corre en paralelo al pacto anunciado en marzo entre empresas y Ejecutivo.