(El Mercurio) Una verdadera guerra se desató en el sector eléctrico en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca postergar el pago de las cuentas de los servicios básicos. Una de las indicaciones más polémicas apunta a traspasar los costos asociados al no pago temporal de las cuentas de la luz a las empresas de transmisión y generación.
Esta idea ha sido fuertemente criticada desde el Gobierno, por la afectación que se produciría en la cadena de pagos y porque, además, significaría alterar los contratos suscritos con las generadoras en las últimas licitaciones.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, sostuvo que «no es una buena indicación, se mete en los contratos, va a dañar permanentemente la certeza jurídica de los contratos y futuras licitaciones, y está aparentemente en beneficio de un determinado conjunto de empresas, sin mirar cómo estos elementos de riesgo ya han sido tratados en la tarificación de esas mismas empresas».
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Según trascendió de altas fuentes de la industria, este enfrentamiento habría detonado la salida de Transelec del gremio que reúne a las empresas de distribución -Empresas A.G.-, por diferencias en la estrategia que ha tomado la entidad ante esta polémica.
Fuentes de la empresa confirmaron que el proceso de desafiliación se habría iniciado, pero apuntaron a que los motivos van más allá de la contingencia actual. Con todo, y luego de una maratónica sesión de más de ocho horas en la comisión mixta del Congreso quedó postergada para el próximo lunes, instancia en la que también se tendrá que definir si se establece un límite al consumo de agua. Uno de los consensos de la jornada fue la extensión de la ayuda al 60% de la población más vulnerable.