(La Tercera-Pulso) A medio día el Senado despachó a ley el proyecto que prohibe el corte de suministro de servicios básicos -agua, luz y gas de red- al 60% de la población más vulnerable. Sin embargo, en diversas instancias de la discusión de la iniciativa, que estuvo por casi 3 meses en el Congreso, el Ejecutivo planteo que podrían haber vicios constitucionales. Aún así, siguió avanzando y hoy se aprobó.
Sin embargo, esta tarde desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia emitieron un comunicado señalando que “el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales. En consecuencia, el gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción».
Agregaron que las materias del proyecto de ley ya se habían abordado en el acuerdo de marzo entre el gobierno y las empresas. “Ante el despacho de la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, el gobierno durante su tramitación señaló expresamente que ésta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del Covid-19”, se sostuvo.
Advertencia
Ayer cuando la iniciativa se aprobó por amplia mayoría en la Cámara, el Ministro Claudio Alvarado advirtió sobre el tema. “Pero es verdad también cuando se nos dice, señor presidente, que el gobierno de pronto como que no entiende y cuestiona el origen o la característica de un proyecto. Pero es un deber señalar que de una u otra forma hay proyectos que afectan derechos y que es nuestra obligación y nuestro deber hacerlo presente, tal como lo manifestó el Subsecretario, señor Ossa”, advirtió Alvarado.
En esa misma línea, agregó, tal como los ministros de las carteras de Energía, Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones lo hicieron en diversas instancias de la tramitación, que el gobierno ya se había hecho cargo del tema con el acuerdo.
“Solamente quiero terminar estas palabras señalando que el proyecto que se discute en tercer trámite va en plena concordancia y en línea con las iniciativas que ya había tomado el Gobierno a partir de marzo previendo esta situación de dificultades en los ingresos de las personas y asegurarles y garantizarles que los servicios de telefonía, los servicios de agua potable y los servicios de electricidad puedan ser mantenidos durante estos períodos de dificultades y, de alguna u otra forma, trasladar el pago de esos servicios, para todos aquellos que tengan dificultades, una vez que la situación de la pandemia se supere y una vez que la condición de nuestra economía comience a recuperarse», agregó Alvarado.