judicialización
Informe revela 31 proyectos energéticos judicializados que suman inversión de US$10.144 millones
Informe sobre el tema, elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio, indica que los mayores montos de dinero involucrados en las iniciativas, que están en tribunales ambientales, se ubican en la zona macronorte del país.
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El fenómeno de la judicialización se niega a morir
Mientras se rechazaba HidroAysén, en Iquique ingresaba un recurso contra Minera Cerro Colorado (BHP). Los expertos asumen que la judicialización permanecerá y que la certeza pasa por establecer un ordenamiento territorial.
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El profesional sostiene que llegó el momento de cambiar la escala de los proyectos energéticos.
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Informe presentado al Gobierno -del abogado Enrique Navarro- dice que sanciones son arbitrarias, desproporcionadas y que vulneran derechos constitucionales.
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Esta es la segunda vez que el proyecto es aplazado debido a problemas políticos y ambientales, tendiendo un manto de dudas sobre su viabilidad, y tensando las relaciones entre ambos socios.
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El secretario de Estado dijo que una de las medidas de la agenda de energía será la apertura de los terminales de GNL.
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Según fuentes extraoficiales, el costo del proyecto rondaría actualmente los US$15.000 millones (considerando las centrales y la línea de transmisión), lejos de los US$4.500 millones que se anunciaron cuando se lanzó la iniciativa.
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De los aproximadamente 1.200 proyectos de inversión que el año pasado lograron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), solo 49 fueron objeto de recursos de protección y 19 fueron impugnados en el Tribunal Ambiental.