(El Mercurio) De los aproximadamente 1.200 proyectos de inversión que el año pasado lograron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), solo 49 fueron objeto de recursos de protección y 19 fueron impugnados en el Tribunal Ambiental. La cifra, señaló el ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, indica que la tan mentada «judicialización» de las inversiones es más un mito que una realidad.
En un seminario especializado en la Universidad de Chile, sorprendieron estas cifras entregadas por la ex autoridad, quien hace ver que lo deseable es que tras la implementación de una nueva institucionalidad ambiental -la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales- sean estas instancias especializadas las que resuelvan sobre los conflictos ambientales, garantizando así una resolución expedita de los conflictos.
La Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales se implementaron en el gobierno de Sebastián Piñera, aunque se habían aprobado en el anterior gobierno de Michelle Bachelet. En 2013, apuntó Benítez, el Tribunal Ambiental recibió 19 reclamaciones, 10 relacionadas con RCA y nueve con actos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta última entidad llevó a cabo 70 procesos sancionatorios en 2013, la mayor parte de ellos (55,7%) producto de fiscalizaciones.
Según Rodrigo Benítez, en la medida en que estas dos entidades sean reconocidas por la comunidad y las empresas, asumirán un rol más activo. Alertó que muchas veces los representantes legales de quienes se oponen a proyectos presentan paralelamente varios recursos, algunos en los tribunales ordinarios y otros en los tribunales ambientales, lo que es a su juicio abusivo.
«Se ven acciones idénticas presentadas como recursos de protección (ante la judicatura ordinaria), como reclamaciones al Comité de Ministros y como reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, es un vitrineo judicial que no aporta a dar soluciones integrales», criticó Benítez.
En cuanto a qué procesos se han «judicializado», el ex subsecretario de Medio Ambiente comentó que se trata de proyectos de gran envergadura, principalmente del área minera o eléctrica, o que afectan a comunidades indígenas.
Rodrigo Benítez explicó que tampoco los cuestionamientos a proyectos a través de recursos de protección son algo nuevo. En un análisis desde 1995, se ve que a partir de 1999 hay un sostenido crecimiento en las impugnaciones a los proyectos de inversión sometidos a evaluación ambiental, aunque el año con más acciones judiciales es 2013. Desde hace dos décadas los recursos de protección son la herramienta más utilizada para impugnar las iniciativas.
Gran parte de estas reflexiones se plantearon en una Mesa Redonda sobre el rol del recurso de protección en el conflicto medioambiental, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en donde además de Benítez participaron los académicos Enrique Navarro y Raúl Tavolari; la ex ministra Ana Lya Uriarte y el abogado Fernando Dougnac.