(Pulso) Según el último catastro del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el monto de proyectos de inversión que luchan en instancias judiciales y administrativas llega a los US$70.000 millones. Sin embargo, esta cifra puede crecer.
El pasado viernes le tocó el turno a un nuevo proyecto. Se trata de las Obras de Protección de Cauce de minera Cerro Colorado de BHP Billiton. En esta última instancia de judicialización, un grupo de comunidades Aymaras considera que esta iniciativa minera debió ingresar por estudio y no por declaración de impacto ambiental.
Casos como estos hay muchos, principalmente cuando entra en juego el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que tiene en tela de juicio a inversiones por más de US$10 mil millones. ¿Qué esperan las empresas? Según el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, la gran minería está sometida a esta regulación para el desarrollo de sus proyectos, y espera que la consulta en el marco del SEIA se aplique y que las comunidades participen.
“Todos deben participar y colaborar lealmente con esos procesos. Por lo mismo, las comunidades indígenas que deciden marginarse de los procesos de consulta a los que han sido invitadas no pueden posteriormente argumentar que el Estado ha incumplido el deber de llevar adelante la consulta de buena fe”, expresa Villarino.
Según los expertos, la judicalización es un fenómeno que llegó para quedarse. En paralelo al rechazo a HidroAysén, al Tribunal Ambiental de Santiago ingresó un nuevo recurso dirigido a otro proyecto hidroeléctrico emblemático en el sur de Chile; se trata de Cuervo. Este recurso de reclamación pide impugnar el informe de Sernageomin que viabiliza el proyecto.
El recurso busca derribar la iniciativa pues dice que será construido en una zona de alto riesgo sísmico. Cuervo contempla la construcción de tres centrales hidroeléctricas (Cuervo, Cóndor y Blanco) en Aysén, con una capacidad instalada de 1.100 MW. Sólo Río Cuervo aportaría 600 MW y demandará una inversión de US$770 millones.
Tras la negativa del Comité de Ministros a HidroAysén, muchas miradas se volcaron sobre las señales de incertidumbre que podrían aflorar.
“Es una señal peligrosa para el país, ya que se viene sumando a esta ola de incertezas que se ha generado producto de la judicialización de proyectos. Ahora a eso le sumamos que quien invalida el permiso no es un juez sino que una autoridad (…). Además, se está estresando el SEIA para que defina y entregue soluciones más allá de la tramitación”, expresa Juan José Eyzaguirre, socio del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner.
En la misma línea, el ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, expresó que ojalá la señal que se transmita no sea que las decisiones son meramente políticas. “Hoy tenemos una serie de proyectos energéticos hidroeléctricos y muchos de ellos tienen también una gran oposición, pero es importante que se resuelva conforme al mérito de la evaluación y no a la sensación ambiente”, comentó.
Si bien aún resta conocer la resolución de rechazo al proyecto controlado por Endesa y Colbún, gran parte de la industria y los expertos en materia ambiental consideran que es preciso establecer un ordenamiento territorial que entregue certidumbre a las inversiones.
“La regulación es conveniente, pues determina grados importantes de certeza y claridad a las comunidades, a las empresas y al Estado. El desafío es plasmar procedimientos de toma de decisiones públicas que resguarden los derechos de todos los que tienen intereses legítimos involucrados”, sostuvo Rodrigo Guzmán, de Carcelén, Desmadryl, Guzmán, Schaeffer & Tapia.
En la misma óptica, el ex gerente general de GasAtacama, Rudolph Araneda sostuvo que tras el rechazo a HidroAysén es preciso que se delimiten políticas energéticas de largo plazo y no que cada gobierno las adecue a sus criterios.
“Creo que esa sería la mejor señal para recuperar la confianza que puede estar dañada”, expresó.
El fenómeno de la judicialización se niega a morir
Mientras se rechazaba HidroAysén, en Iquique ingresaba un recurso contra Minera Cerro Colorado (BHP). Los expertos asumen que la judicialización permanecerá y que la certeza pasa por establecer un ordenamiento territorial.
(Pulso) Según el último catastro del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el monto de proyectos de inversión que luchan en instancias judiciales y administrativas llega a los US$70.000 millones. Sin embargo, esta cifra puede crecer.
El pasado viernes le tocó el turno a un nuevo proyecto. Se trata de las Obras de Protección de Cauce de minera Cerro Colorado de BHP Billiton. En esta última instancia de judicialización, un grupo de comunidades Aymaras considera que esta iniciativa minera debió ingresar por estudio y no por declaración de impacto ambiental.
Casos como estos hay muchos, principalmente cuando entra en juego el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que tiene en tela de juicio a inversiones por más de US$10 mil millones. ¿Qué esperan las empresas? Según el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, la gran minería está sometida a esta regulación para el desarrollo de sus proyectos, y espera que la consulta en el marco del SEIA se aplique y que las comunidades participen.
“Todos deben participar y colaborar lealmente con esos procesos. Por lo mismo, las comunidades indígenas que deciden marginarse de los procesos de consulta a los que han sido invitadas no pueden posteriormente argumentar que el Estado ha incumplido el deber de llevar adelante la consulta de buena fe”, expresa Villarino.
Según los expertos, la judicalización es un fenómeno que llegó para quedarse. En paralelo al rechazo a HidroAysén, al Tribunal Ambiental de Santiago ingresó un nuevo recurso dirigido a otro proyecto hidroeléctrico emblemático en el sur de Chile; se trata de Cuervo. Este recurso de reclamación pide impugnar el informe de Sernageomin que viabiliza el proyecto.
El recurso busca derribar la iniciativa pues dice que será construido en una zona de alto riesgo sísmico. Cuervo contempla la construcción de tres centrales hidroeléctricas (Cuervo, Cóndor y Blanco) en Aysén, con una capacidad instalada de 1.100 MW. Sólo Río Cuervo aportaría 600 MW y demandará una inversión de US$770 millones.
Tras la negativa del Comité de Ministros a HidroAysén, muchas miradas se volcaron sobre las señales de incertidumbre que podrían aflorar.
“Es una señal peligrosa para el país, ya que se viene sumando a esta ola de incertezas que se ha generado producto de la judicialización de proyectos. Ahora a eso le sumamos que quien invalida el permiso no es un juez sino que una autoridad (…). Además, se está estresando el SEIA para que defina y entregue soluciones más allá de la tramitación”, expresa Juan José Eyzaguirre, socio del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner.
En la misma línea, el ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, expresó que ojalá la señal que se transmita no sea que las decisiones son meramente políticas. “Hoy tenemos una serie de proyectos energéticos hidroeléctricos y muchos de ellos tienen también una gran oposición, pero es importante que se resuelva conforme al mérito de la evaluación y no a la sensación ambiente”, comentó.
Si bien aún resta conocer la resolución de rechazo al proyecto controlado por Endesa y Colbún, gran parte de la industria y los expertos en materia ambiental consideran que es preciso establecer un ordenamiento territorial que entregue certidumbre a las inversiones.
“La regulación es conveniente, pues determina grados importantes de certeza y claridad a las comunidades, a las empresas y al Estado. El desafío es plasmar procedimientos de toma de decisiones públicas que resguarden los derechos de todos los que tienen intereses legítimos involucrados”, sostuvo Rodrigo Guzmán, de Carcelén, Desmadryl, Guzmán, Schaeffer & Tapia.
En la misma óptica, el ex gerente general de GasAtacama, Rudolph Araneda sostuvo que tras el rechazo a HidroAysén es preciso que se delimiten políticas energéticas de largo plazo y no que cada gobierno las adecue a sus criterios.
“Creo que esa sería la mejor señal para recuperar la confianza que puede estar dañada”, expresó.