(Pulso) Al hablar de judicialización su nombre aparece en escena. Lorenzo Soto puede decir con completa libertad que ha logrado paralizar los proyectos de inversión más importantes del país: Pascua Lama, Bocamina y El Morro, y es uno de los reclamantes que pide la revocación de la RCA de HidroAysén. Doctor en derecho ambiental de la Universidad de Alicante, considera derechamente que el proyecto no debe realizarse. El abogado sostiene que llegó el momento de cambiar la escala de los proyectos energéticos. De paso, realiza una fuerte crítica al modelo de relacionamiento que tienen las empresas con las comunidades.
¿Cuál es la expectativa para mañana?
Lo que pasa es que HidroAysén ya es un proyecto muerto y carece de toda credibilidad. Ni siquiera su propia compañía lo defiende como antes. HidroAysen tendrá una muerte natural, no tendrá una muerte judicial.
¿Por qué dice que la empresa ya no lo defiende?
La defensa son sólo los últimos coletazos de un proyecto que demostró que es inviable social y ambientalmente.
¿A quiénes representa usted?
Representamos a dos de los más importantes reclamantes en ese proceso administrativo. Nuestro equipo de abogados representa a un importante empresario ganadero y abogado, me refiero a Enrique Alcalde Undurraga, y también a los pescadores artesanales de Aysén.
¿Por qué considera que podría caer HidroAysén?
Porque tras esa iniciativa está una de las peores compañías eléctricas de Chile que es Endesa. Si es que se necesita este proyecto, por decencia debería presentarlo el Estado, pero esas no son las actuales reglas que prevalecen en el sistema energético de nuestro país.
Pero hay una necesidad de energía por suplir…
De acuerdo, pero creo que éste debe ser el último proyecto de estas características. Considero que deberíamos abandonar el modelo de centrales de gran escala. Este proyecto debe ser rechazado por las autoridades.
Los proyectos deben hacerse, ¿qué haría si estuviera en el lugar de las empresas?
Creo que en muchas compañías que son complejas existe una falta de control y sincronización en su cadena de mando. Muchas veces los accionistas y directores desconocen cómo operan sus ejecutivos en términos ambientales y con las comunidades. Siempre contratan a los grandes consultores y abogados que desconocen la realidad de las comunidades, no van a terreno. Nosotros no trabajamos en un lujoso despacho en el sector oriente, nosotros vamos donde están los proyectos.
Su nombre está ligado a la judicialización, ¿qué opina de este fenómeno?
Creo que esta es una manera de echarle la culpa al empedrado. La judicialización no la crean los abogados ni los tribunales. Estos problemas son de la industria, por eso tienen sus proyectos paralizados y cuestionados legalmente. Ese es un muy mal discurso, es un discurso propio de un empresariado que quedó anquilosado en el pasado y no ha querido cambiar su mirada.
¿Entonces, a su juicio, existen empresas que hacen bien las cosas?
Evidentemente. Hay muchas empresas que lo hacen, existen empresas de ERNC que cuidan sus impactos y se acercan a las comunidades. En cuanto a las grandes, creo que el Grupo Angelini está intentando hacer las cosas bien, sobre todo después del episodio de Valdivia, donde en Arauco generaron un cambio en sus gerencias en terreno. Al menos están intentando acercarse a las comunidades.