Analizar la crisis del transporte público en las regiones de Chile y en las comunas de la región Metropolitana que no están integradas al sistema Red. Este fue el objetivo de una sesión especial realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados que contó con la participación del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
En la oportunidad, la sala de la Cámara aprobó siete resoluciones en que se piden medidas administrativas y legales para optimizar el transporte público en las regiones rurales.
Durante la instancia, el diputado Luis Alberto Cuello (PC) afirmó que el transporte público en las regiones del país ha sido objeto de constantes críticas y preocupaciones en los últimos años. En ese sentido, manifestó que en la región Metropolitana se han realizado importantes inversiones y mejoras en el sistema de transporte, pero que en otras zonas del territorio nacional la situación es muy diferente. De esta forma, apuntó a falta de inversión y planificación adecuada, hecho que ha llevado a una crisis estructural que afecta a millones de personas.
Asimismo, planteó que las regiones carecen de un sistema integrado y eficiente. Por eso, estimó que se debe cambiar la estructura capitalizada de transporte en regiones. Al respecto, como propuesta, planteó la implementación de una empresa pública de transporte.
Transporte público rural
Por su parte, la diputada María Francisca Bello (CS) sostuvo que es urgente mejorar el transporte en las zonas rurales. En esa dirección, recordó las “peligrosidades” que existen en el transporte público, citando el fatal accidente que tuvo un niño de 14 años que fue atropellado por un bus de la locomoción colectiva en Valparaíso.
La legisladora agregó que los municipios rurales carecen de los recursos para mejorar el transporte público en su regularidad y frecuencia.
Por otro lado, alertó que, mientras en la región Metropolitana aumenta la electromovilidad, ello no se replica en las regiones rurales, así como otros beneficios. En la misma línea, enfatizó que se necesita una intervención del gobierno central, las autoridades locales y la sociedad civil para enfrentar esta crisis en el transporte público.
Adicionalmente, manifestó que la seguridad en el transporte público debe ser un derecho básico, como también la implementación de un sistema de monitoreo para que el servicio pueda operar de manera segura y confiable.