El organismo fiscalizador ofició a las distribuidoras para que implementen procesos, de manera diligente en esta materia.

La entidad fiscalizadora indicó que esta modalidad está contemplada en la normativa y puede ser aplicada por las empresas eléctricas, promediando para ello los últimos seis meses de consumo por hasta dos períodos consecutivos.

La iniciativa prohíbe, por un plazo de 90 días, que las empresas proveedoras de servicios básicos y de gas de red corten el suministro por el no pago a usuarios residenciales que cumplan ciertos requisitos.

Esto considera la suspensión de pago de servicios básicos para el 40% más vulnerable y la eliminación de la hora punta. Medidas han generado malestar en algunas empresas pequeñas, que acusan no haber sido consultadas.

El organismo estima que el alza de clientes libres en este nivel obliga a garantizar la independencia de estas dos labores.

Las caídas en el suministro producto de fallas en instalaciones de las empresas de distribución fueron las que lideraron, con un total de 8,37 horas en todo el año. Por regiones, La Araucanía fue la más afectada, con más de 36 horas sin suministro.

Así lo indica el Anuario del organismo fiscalizador, donde se evidenció un aumento en esta materia respecto a las 26.500 quejas ingresadas por los usuarios eléctricos en 2018.

Esto, a pesar del acuerdo entre el gobierno y las empresas anunciado la semana pasada, para crear un plan que ayude al 40% más vulnerable de la población.

“Los clientes con deudas previas acumuladas de hasta 10 UF, también podrán prorratear el pago de sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término del Estado de Catástrofe”, indicó el Mandatario. Gremio pide que los detalles del anuncio deben ser instruidos por la autoridad sectorial.