En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Sergio Muñoz, las ministras Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y los abogados (i) Héctor Humeres y Pedro Águila– estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al negar la revisión de los parámetros considerados para autorizar la operación de la central en 2007.

La iniciativa considera una inversión de US$12 millones y espera iniciarse en octubre de este año, de acuerdo con lo informado al Servicio de Evaluación Ambiental.

IDE Water Technologies será la encargada de construir y operar una unidad de demostración “utilizando membranas comerciales de tamaño estándar para minimizar la purga de las torres de enfriamientos”.

La generadora solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la desconexión definitiva de las unidades – dos turbinas a vapor y una a gas – que conforman la central.

El organismo apuntó a que la controladora, Generadora Metropolitana, debe demostrar que se trata de adición de energía segura y más barata para todo el sistema eléctrico.

Generadora Metropolitana le planteó a la Comisión Nacional de Energía transformar generadoras a diésel para poder suministrar la energía comprometida.

La empresa sufrió varios traspiés en esta incursión, los que tuvieron un costo en torno a los US$800 millones.

Se planificó y ejecutó esta actividad en 23 días dentro de la central generadora, tomando medidas de seguridad en el contexto de la pandemia de Covid-19.

José Venegas, secretario ejecutivo del organismo regulador, destacó el trabajo que se realiza con el sector privado para avanzar en este tema, donde la segunda unidad de esta central se desconectará en mayo de 2022.