junio 18, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Por distintas vías siguen apareciendo reacciones de HidroAysén al rechazo de su proyecto por parte del Comité de Ministros.
Ayer la sociedad integrada por Endesa Chile y Colbún respondió a un oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que le pidió informar sobre las implicancias de la decisión y las medidas que adoptará respecto de ésta, así como los efectos financieros derivados del pronunciamiento.
Además, el regulador pidió entregar cualquier otro antecedente que sea relevante “para un mejor entendimiento de la situación descrita”.
En la respuesta, firmada por el presidente ejecutivo de la compañía, Daniel Fernández, HidroAysén hace varias aseveraciones, una de las principales es que “sigue con su voluntad expresa de desarrollar el proyecto de generación hidroeléctrica de Aysén”.
Para ello, dice, ha mantenido y mantendrá obligaciones como el pago de patentes de agua, de protección minería, así como la tramitación de las solicitudes administrativas de permisos sectoriales y la defensa de los intereses y derechos ante sedes contraloras y jurisdiccionales.
La firma descartó impactos financieros por la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del complejo hidroeléctrico, decisión que la empresa califica como un acto administrativo “sujeto a control y revisión por los tribunales de justicia, por lo que dicha decisión administrativa no se encuentra a firme y ni ejecutoriada”.
Fernández explicó a la SVS que la sociedad aún no ha sido notificada de la resolución o resoluciones del comité, pero que una vez que sean oficializados analizarán los fundamentos de la decisión y las medidas que ejecutarán, aunque entre ellas no se descarta impugnar dicho acuerdo “ante el órgano jurisdiccional competente”, dijo.
Puntualizó Fernández que la RCA “goza de presunción de juridicidad” a partir de la revisión a la que fue sometida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema, “estableciendo en sentencia firme que la RCA goza de legalidad en todas sus partes impugnadas.
junio 17, 2014 | Industria
(Pulso) Hace exactamente siete días, el Comité de Ministros le dijo no al proyecto HidroAysén, revocando el permiso ambiental para llevar adelante la iniciativa que considera cinco represas en los ríos Pascua y Baker, con una inversión superior a los US$10 mil millones.
Siete días en que la empresa evitó polemizar con la autoridad. Sí lo hizo el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, quien por medio de una carta enviada al diario El Mercurio dio a conocer su impresión, a modo personal, del rechazo del Comité de Ministros al proyecto HidroAysén que desarrolla en conjunto con Endesa, criticando la institucionalidad ambiental por la que pasan este tipo de iniciativas antes de ser aprobados.
Y fue precisamente el presidente del comité interministerial, el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien salió al paso de las críticas del empresario. “Ningún titular (de un proyecto de inversión) se puede quejar porque acá cumplimos la ley”, dice este biólogo marino, quien añade que la determinación del pasado martes se distancia mucho de la tomada por el ex presidente Piñera con el telefonazo de Barrancones. “Ahí hubo una vulneración”, recalca.
¿Qué opina de las voces que dicen que el rechazo a HidroAysén fue una decisión política?
Para nada, esta es una decisión fundada técnicamente. Acá hay aspectos incuestionables que quedaron pendientes para estudios posteriores luego de la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que no permite configurar una medida de compensación o mitigación.
¿Pero los estudios se mencionaron?
Tienen que ser abordados en el proceso de evaluación ambiental y no a posterior. Estas materias se repiten desde el punto de vista de su estructura en muchos procesos que se judicializan o que son reclamados, es decir, acá también hay un desafío para el sistema de evaluación ambiental en poder evaluar los proyectos de una manera integral y completa y no dejarlos supeditados a estudios posteriores.
¿Pero si el proyecto era malo como dice el gobierno, por qué obtuvo el permiso?
Nosotros dejamos sin efecto el permiso porque consideramos razonables las aprehensiones que hizo la comunidad y que no fueron considerados en su momento. Por eso dejamos sin efecto la resolución, por lo tanto, creemos que a nivel de la evaluación ambiental regional hubo fallas.
La Suprema dijo en un fallo de 2012 que bastaba con mencionar los estudios que se harán.
Nosotros nos estamos pronunciando de materias que no se pronunció la Corte Suprema. Creemos que en términos de configurar una medida de compensación, ésta debe darse en el marco de la evaluación ambiental y no después.
¿Entonces, cuáles son los estudios que se deben realizar antes y cuáles después?
Los estudios que tienen que ver con medidas de compensación tienen que quedar resueltos en el proceso de evaluación ambiental, no obstante, hay otros estudios que permiten el seguimiento del proyecto, que obviamente se tienen que realizar en la vida útil del proyecto y que nos permite tomar decisiones sobre si la iniciativa tiene que ver o no con lo que declaró, pero eso tiene que ver con estudios del plan de seguimiento, no tiene que ver con estudios que permitan configurar una medida de mitigación, reparación o compensación.
¿Esto lo aplicaron a HidroAysén?
Este era el caso de los elementos planteados acá.
Pero los titulares dicen que ya ni un permiso ambiental entrega certeza.
La RCA da seguridad, pero uno no puede obviar que hay recursos de reclamación a posterior. Acá hasta el propio titular puede presentar reclamaciones (…). Nosotros no le negamos el derecho a nadie para reclamar sobre una resolución, por lo tanto, mal podrían las empresas criticar el trámite que nosotros hacemos.
¿Quiere decir que una reclamación puede incluso resucitar un proyecto que no esté aprobado?
Eso es lo que permite nuestra normativa, incluso los titulares pueden reclamar. Nosotros no somos quien para evitar que alguien reclame.
¿Incluso se habló de un barranconazo legal?
Lo de HidroAysén no tiene comparación alguna con el desafortunado desenlace del proyecto Barrancones. En nuestro gobierno ningún ministro recibió un llamado telefónico, ni ningún presidente le pidió a una empresa que retirara su proyecto de evaluación ambiental.
¿A su juicio, HidroAysén sigue vivo?
El proceso de HidroAysén sigue absolutamente activo, y esa es una gran diferencia con Barrancones; sino, habría que preguntarle a Suez por qué no hicieron una reclamación sobre lo que rechazó su proyecto.
¿A su juicio, cuál es la diferencia entre ambos proyectos?
Acá hubo un procedimiento que hemos seguido rigurosamente y lo hemos reconocido. Ahora, el titular tiene todo el derecho a reclamar frente al Tribunal Ambiental respectivo.
¿Se da una señal negativa a los proyectos hidroeléctricos?
Queremos dejar claro que esto es caso a caso, acá hay un proyecto que tiene sus características y tiene un emplazamiento incomparable con otro proyecto, por eso los recursos de reclamación son caso a caso. Esta resolución no significa que estemos enjuiciando un tipo de generación. Esto lo ha planteado la propia agenda energética y nosotros lo reiteramos: Chile tiene ventajas comparativas para el desarrollo de la hidroelectricidad.
¿No existen vetos para ciertos tipos de generación eléctrica?
El agua es un tremendo activo que el país debe saber utilizar, por eso creemos que es una obligación presentar buenos proyectos a evaluación ambiental, hidroeléctricos, termoeléctricos, o de las características que sean. Pero nosotros no nos sentimos obligados a aprobar malos proyectos.
¿Cree usted que es viable desarrollar proyectos de gran escala en Aysén?
Creemos que es absolutamente viable presentar proyectos energéticos en Aysén, siempre y cuando sean buenos y se hagan cargo de sus impactos ambientales.
¿El comité, o usted mismo, propusieron reducir el tamaño de HidroAysén como condicionante para que fuera viable?
Nuevamente: somos respetuosos de la institucionalidad ambiental; el Comité de Ministros no tiene ninguna atribución para andar modificando los proyectos. Segundo, yo comparto lo que dijo la presidenta: un proyecto que tenga 35 recursos de reclamación pendientes, después de dos años y medio, obviamente es un proyecto inviable.
¿El único error de la institucionalidad fue dilatar la resolución de HidroAysén?
Hubo una dilatación importante y se pasó a llevar las atribuciones del Comité de Ministros. Yo recuerdo las declaraciones del propio ministro de Economía del gobierno anterior, que es parte del comité: él señaló que no se iban a resolver las reclamaciones mientras Colbún no repusiera su proyecto. Hay que recordar que la empresa dijo que no iban a someter a tramitación la línea de transmisión de HidroAysén. En el gobierno anterior se dijo que no se iba a citar al comité mientras no se hiciera eso y yo creo que eso es vulnerar la institucionalidad ambiental.
¿Cree que el gobierno anterior tomó parte en la discusión tras el colbunazo?
No sé, pero yo observé que en el gobierno anterior muchos ministros que no eran parte del Comité de Ministros opinaban de HidroAysén. Nosotros ordenamos la discusión, el análisis, pero en el lugar que corresponde que es el comité.
¿Leyó la carta de Bernardo Larraín, quien habla de pésimas señales para la inversión?, ¿Y qué le parece el documento que circuló dentro de HidroAysén que criticaba lo mismo?
Ningún titular se puede quejar porque aplicamos la ley y cumplamos la institucionalidad ambiental. Acá nos pronunciamos de una forma, en los plazos que corresponden y en el mérito que corresponde, por lo tanto, creo que la única señal es una señal potente a todos los titulares de proyectos que nosotros respetamos y haremos respetar la institucionalidad ambiental.
junio 16, 2014 | Industria
(El Mercurio) La posibilidad de que Energía Austral concrete su proyecto de 640 MW, Central Cuervo, la primera de sus tres unidades hidroeléctricas en la Región de Aysén, enfrentaría un escenario complejo, advierten fuentes de la industria eléctrica.
Hace un par de semanas la firma australiana Origin decidió frenar su inversión en la empresa, disminuyendo su participación en la iniciativa a un 34,2%. Así, la minera Glencore quedó con el 65,7% de la propiedad.
La judicialización del proyecto explicaría la decisión del accionista, ya que si bien la Central Cuervo fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, la iniciativa se encuentra a la espera de una resolución de la Corte Suprema, tras varios recursos interpuestos y apelados por detractores.
Tras el rechazo de HidroAysén por parte del Comité de Ministros, algunos ambientalistas han informado que ahora concentrarán sus esfuerzos en Energía Austral, lo que complicaría aún más el desarrollo de la iniciativa.
Fuentes conocedoras comentan que actualmente la firma se encuentra en una etapa de introspección y reflexión para ver cómo seguir con la inversión.
El rechazo del proyecto de Colbún y Endesa constituye un precedente negativo para las iniciativas en la XI Región.
A ello se suma que el Sistema Interconectado Central (SIC) no llega a la región, por lo que Energía Austral necesita construir una línea, al igual que HidroAysén. Si bien están estudiando un tendido submarino, sus costos serían demasiado altos. Al no compartir la inversión con HidroAysén -decisión que se tomó previo al rechazo de ese proyecto-, el monto sería considerable para un proyecto del tamaño de Energía Austral, comentan las fuentes.
En Energía Austral señalan que Cuervo tiene un rol importante que cumplir con el desarrollo de la hidroelectricidad y que están trabajando para cumplir con la RCA del proyecto. Además, indican que están evaluando la opción submarina de la transmisión y que también dialogan con todas las comunidades locales.
junio 16, 2014 | Industria
(La Tercera) Es su primera entrevista desde que dejó la gerencia general de HidroAysén, en abril de 2010. Sin embargo, para Hernán Salazar, el primer ejecutivo que lideró la fase inicial del emblemático proyecto rechazado el martes por el Comité de Ministros -integrado por los titulares de Energía, Salud, Medio Ambiente, Minería y Agricultura-, sigue siendo bueno para Chile. “Lo fue en la década del 50 y sigue siéndolo, aunque se haya suspendido, porque pone en evidencia lo doloroso que será no tener los recursos hidroeléctricos”, afirma.
Dice que la decisión de los ministros es política y no técnica, e incluso compara el hecho con lo ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera cuando un llamado telefónico detuvo la construcción de la central a carbón Barrancones, de GDF Suez.
Por eso, opina que la solución al tema es que el Estado se modernice y se articule una Agencia de Energía Eléctrica independiente del vaivén político y que establezca políticas de largo plazo.
¿Qué opina de la decisión del comité interministerial?
En el tema energético, Chile ha tocado fondo. Tenemos una arquitectura institucional que no corresponde con las aspiraciones que tenemos como miembros de la Ocde. Me parece que le hace mal a la institución de la Presidencia de la República decidir qué central se hace, dónde y cómo. Vimos lo que le pasó al (ex) Presidente Piñera; ahora vemos cómo la Presidenta Bachelet ejerce la misma facultad. Me parece, para parafrasear con la coyuntura del mundial, que es poco prudente, porque es como que el presidente del club quiera entrar a jugar a la cancha y decida qué jugador juega o no, cuando el entrenador lo podría hacer mejor. Las funciones del presidente pueden resguardarse mucho mejor fuera de la cancha.
¿Lo del martes es una intervención directa como el caso Barrancones?
Sí. Pienso que para los efectos tácitos, el resultado es el mismo. Las motivaciones a lo mejor no son las mismas, porque cada proyecto es distinto. Incluso la región donde se instalan tiene comunidades y necesidades diferentes. Pero, en la práctica, es poco prudente que la institución de la Presidenta de la República se vea afectada por este tipo de decisiones.
El Comité de Ministros opina que el proyecto fue mal hecho, que está mal concebido ¿Qué piensa usted?
En HidroAysén se trabajó con siete universidades, 170 doctores magísteres en todas las ciencias de la tierra y con expertos en el sistema de evaluación ambiental. Ninguna de esas asesorías se adjudicaron al más barato; se adjudicó siempre a la mejor metodología, a la mejor plantilla académica y currículum. Por lo tanto, no me cabe duda que los estudios tuvieron un tratamiento adecuado de acuerdo a las condiciones legales de la época. Ahora, cuando pasan seis años obviamente que la línea de base cambia y si se mira hoy el proyecto, por supuesto que no es el mismo. La naturaleza es muy dinámica y va cambiando. Además, el proyecto fue sometido a un escrutinio muy profundo, amplio, y todas las preguntas se respondieron.
¿Cuál es el trasfondo entonces?
Evidentemente hay un cuestionamiento de la sociedad que es de tipo sociopolítico al proyecto, por tanto, saquemos la cuestión científica del razonamiento. Es mucho mejor sincerar las cosas y decir que el proyecto HidroAysén no gusta, porque a lo mejor concentra mucho una cuota de mercado entre Endesa y Colbún, que son actores importantes, y acentúa la concentración, por ejemplo. Es mucho más honesto decir derechamente que eso es lo que pasa y así saber a qué atenerse (…) Me acuerdo cuando ingresamos el estudio ambiental, a los 10 días hábiles, con sus 10.000 páginas, 64 tomos, dos años de trabajo y 170 especialistas, todos del mayor nivel y hubo una declaración del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que el estudio no estaba a la altura. Hay que sacar las conclusiones. ¿Qué podría venir después de eso? Ahí se dio la primera señal.
¿El argumento de los ministros es que fue una decisión técnica?
Un Comité de Ministros, por naturaleza, decide políticamente. Por lo tanto, su decisión fue política.
Cuando dice que en seis años la línea de base cambia ¿Atribuye ese cambio a la demora del proyecto?
No. Soy un convencido de que, en general, la insaciabilidad del escrutinio es inversamente proporcional a la voluntad política respecto de la iniciativa. La mecánica de nuestro sistema de evaluación ambiental intenta tomar una decisión respecto de una foto instantánea de lo que está sucediendo en el medio que será intervenido, pero lo que ocurre es que en la práctica el medio sigue cambiando y los estudios no lo consideran. ¿Cómo han conseguido esto en otros países? Cuando el proyecto se autoriza y entra en ejecución, el titular ha arriesgado mucho y ha puesto capital en juego y mientras más avanza el proyecto, la disposición a remediar o reparar cualquier daño es mayor que cuando no ha comenzado. Es la lógica, por ejemplo, en Canadá, que ambientalmente tiene mucho que enseñarnos.
¿Qué pasa en Chile?
Lo que está ocurriendo es que nuestra institucionalidad nos quedó chica; es urgente que el Estado evolucione. Tenemos que pensar de qué manera podemos crear un Estado moderno con instituciones inclusivas, como es la Agencia Nacional de Energía, que sean capaces de incorporar el largo plazo y de entender las preocupaciones de la comunidad, de los ambientalistas y de la academia. También las preocupaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (…). Hoy los tres poderes del Estado están tensionándose entre ellos. De hecho, la decisión del Comité de Ministros va en contra de una situación que había sesionado la Corte Suprema. También vemos que se emite una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto (RCA) y luego se revoca.
En su administración se hizo un gesto al rebajar la capacidad de inundación del proyecto. ¿Se debió haber dado más señales?
En la fase en que estaba hasta abril de 2010 tenía alternativas.
¿Se debió sacar la central Baker 2?
La alternativa de poner o no la central Baker 2 en un proyecto de esa naturaleza era algo a estudiar en algún instante. Hay que tener presente que el modelo de gestión empresarial en EE.UU. considera que el gerente general es todopoderoso y los directorios más bien acompañan la gestión, pero en Chile es distinto: el directorio toma las decisiones y mandata a un gerente general a hacer lo que se necesita. Las decisiones de un gerente general tienen que ver con esas definiciones. Mi impresión es que Baker 2, desde el punto de vista técnico, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque fue diseñada para llevar un caudal máximo del río, que se produce casi en 10.000 años. El fenómeno de vaciamiento de la laguna se produjo cuando el proyecto estaba en estudio. Fue fantástico, porque los cálculos teóricos que se tenían se confrontaron, se vieron en escala real y el modelo era capaz de resistir con holgura el vaciamiento de la laguna.
¿Ese argumento también es infundado?
Exactamente. Si me pregunta, está muy bien pensando y muy bien diseñado. Estoy muy tranquilo, pues el trabajo que se hizo en la época fue revisado por la International Hydroelectric Association y calificaron al proyecto como muy bien hecho desde la perspectiva técnica.
Respecto de la comunidad ¿La empresa debió acercarse antes?
Hasta abril de 2010, el trabajo con las comunidades en la Región de Aysén fue, en mi opinión, el adecuado y dio frutos, los que fueron muy favorables. Esa es la razón por la cual el ambientalista radical centró su artillería en la línea de transmisión y no las centrales mismas. Hicimos un trabajo con mucha honestidad y transparencia; las personas que conocí lo valoraron mucho. No es menor el hecho de que el proyecto finalmente consiguió la RCA en la región y que eso fue ratificado en la Corte Suprema.
Su gestión en la empresa
Tras dejar HidroAysén se habló de problemas de gestión. ¿Eso pesó en su salida?
Pregúnteles a ellos.
¿Desestima esos comentarios?
Mientras estuve en el proyecto hice mi mayor esfuerzo con los medios que me dieron y, por tanto, también sentí que había cumplido una etapa. Comprenderá que mirado en la perspectiva del tiempo, también el tensionamiento sociopolítico que generaba el proyecto era bastante amplio. De hecho, me asiste la absoluta convicción de que aunque hubiéramos hecho un estudio completísimo, de la A a la Z, igual no habría sido aprobado.
¿Cuánto pesó que un accionista sea extranjero y otro nacional?
Hay muchas cosas que tenemos en nuestro modelo económico que hace que los engranajes suenen y eso descansa en la Constitución Política del 82. Uno de ellos es el principio de subsidiariedad del Estado aplicado al sector eléctrico, el cual por definición estableció que los privados lo hacen mejor, porque el Estado es malo como empresario en temas eléctricos. Eso hoy está violentado, porque pueden participar en el sector energético chileno estados extranjeros, pero el Estado chileno no. Entonces, estamos haciendo un experimento de economía liberal que tiene unos contrasentidos que nadie puede explicar.
¿Pero la nacionalidad de los accionistas tuvo injerencia?
Cuando me pregunta si acaso pesó que una estatal extranjera se uniera con una privada chilena, internamente fue virtuosa la integración, pero mirado desde la perspectiva externa, de alguien a quien en su óptica política no le hace sentido nuestro modelo económico, es razonable que exista tensionamiento, porque es inconsistente. Esto hace que el proyecto HidroAysén ponga a través de la evaluación que se hace de él, ahora, en evidencia cosas que al principio no se mostraron o no existieron nunca.
Pero en las decisiones, tener un grupo local, conocido y con trayectoria, y a Endesa, que preguntaba, primero en España, y ahora en Italia, antes que en Chile…
No sabría decirle, porque me fui cuando llegó la administración italiana. Tengo el mejor recuerdo de los directivos españoles de la época.
¿Con los españoles no había recelo hacia el proyecto?
En la administración española de aquella época, cuando se tomaba una decisión, era una decisión que era del alma y de la mente. Si se decidió hacer HidroAysén fue porque se creía que era bueno para Chile y había que hacerlo. HidroAysén fue bueno para Chile, desde que se pensó en los años 50 y sigue siendo bueno aunque se haya suspendido, porque pone en evidencia lo doloroso que será para el país no contar con los recursos hidroeléctricos.
¿Hoy están más empoderados los movimientos ambientalistas?
No sé si están más empoderados. Hay que diferenciar el uso mediático que se hace de esto. Pienso que la adhesión dura y pura que pueden tener los ambientalistas se ve reflejada cuando la señora Sara Larraín postuló a la Presidencia de la República (…) Siempre he dicho que los activistas ambientales forman parte del paisaje social. Tienen un aporte que hacer en materia de desarrollo ambiental, pero ellos no tienen responsabilidades en términos puros y duros en la materialización de todas las mejoras ambientales que haya que hacer.
¿Pero son un actor relevante?
Cuando una empresa de electricidad propone una iniciativa, está poniendo su patrimonio y su reputación en juego, haga o no el proyecto, pero un activista ambiental no arriesga nada. Es la autoridad política la que tiene que evaluar hasta dónde concede espacios para el activista ambiental.
¿Y hoy tienen mucho espacio?
No lo sé, pregúntele a la autoridad. Me quedo con el precepto cristiano de que por sus obras los conoceréis, no los critico.
junio 16, 2014 | Industria
(El Mercurio) Entre enero y julio de 2011 Laurence Golborne fue ministro de Energía, durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera. Y fue precisamente en dicho período en que la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del polémico proyecto HidroAysén. Con esa experiencia, Golborne -quien hoy está de vuelta en el mundo privado- aceptó dar su impresión de la revocación de aquella resolución ambiental.
-¿Cómo evalúa la decisión adoptada por el Comité de Ministros? ¿Fue una decisión política?
«Obviamente fue una decisión política. La Presidenta Bachelet cuando era candidata dijo que el proyecto era inviable, por lo que el rechazo de HidroAysén fue la crónica de una muerte anunciada».
-¿Cómo recibe la crítica de haber sido parte de un gobierno en que, a juzgar por esta nueva resolución, estuvo mal entregada la RCA? ¿Hay alguna autocrítica como ex ministro de la época?
«La RCA no fue mal otorgada. La competencia para aprobar un proyecto la tiene la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén y fue esa comisión la que aprobó el proyecto, en mayo de 2011. Posteriormente los opositores al proyecto reclamaron de la decisión a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que falló a favor del proyecto. Después de eso, los reclamantes recurrieron a la Corte Suprema, órgano que también resolvió a favor de la RCA del proyecto. No es el Ministerio de Energía quien otorga la RCA de un proyecto».
-¿En qué posición queda la institucionalidad medioambiental?
«El Comité de Ministros es parte de la institucionalidad ambiental, y tiene competencias para resolver sobre las reclamaciones, tanto de la ciudadanía como del titular del proyecto. El problema es la señal política que se está dando. Los argumentos técnicos que se usaron para su rechazo llaman la atención. Por ejemplo, en el tema de los GLOF (riesgos de inundación. El Comité de Ministros cuestionó que no se presentaron modelaciones de este riesgo.), la Corte Suprema consideró que era un aspecto que podía ser estudiado a posteriori. Decir que la línea base esta mal determinada, después de seis años de tramitación y en una instancia final, parece absolutamente extemporáneo».
-¿Hay algo mal en esta institucionalidad ambiental, entonces? O a la inversa, ¿es mejor y hasta necesario reconocer que hay proyectos de inversión que por su tamaño e impacto deben contar con una venia política?
«Toda institucionalidad es perfectible, pero hay proyectos que por su naturaleza efectivamente debieran contar con respaldo político y los titulares del proyecto deben preocuparse de explicar bien el proyecto a la comunidad, con pros y contras. Por otro lado, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental que efectúa una evaluación ambiental caso a caso para cada proyecto, pero no es instrumento para resolver los problemas de cualquier ámbito que tiene un territorio o una comunidad».
-¿Debería modificarse esta institucionalidad para dar mayor certeza a futuros proyectos e inversores?
«La reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, aprobada en enero de 2010, creó la nueva institucionalidad ambiental vigente desde octubre de 2010. La Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales llevan apenas dos años en funciones. Y el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en diciembre de 2013. Hay que dar tiempo para que puedan operar las instituciones. No creo que haya que modificarla ahora. Pero la voluntad política de nuestras autoridades debiera ser la promoción de proyectos que se basen en nuestras fuentes propias de generación de energía y ayudar a que los proyectos se lleven adelante cumpliendo la normativa. Y compatibilizar así el cuidado del medio ambiente y el respeto a las comunidades, con el desarrollo del país. No se trata de rechazar proyectos, sino de establecer las condiciones claras que se deben cumplir para que sí se puedan hacer».
-¿Cuál cree que será el efecto práctico de esta decisión para el país, en precios o seguridad de suministro?
«La decisión de revocar una RCA ya aprobada genera incertidumbre y eso desincentiva el desarrollo de nuevos proyectos. Esto tendrá impacto en los costos de largo plazo de la energía en Chile, pues las tecnologías para sustituir este proyecto son más caras, afectando no solo nuestra competitividad económica, sino los costos de todos los hogares de nuestro país. Pero para mí, lo más complejo es la señal que estamos dando: Chile no tiene reservas de hidrocarburos, pero sí tiene un gran potencial hidroeléctrico, que es energía barata y amigable con el medio ambiente. En lugar de buscar los medios para aprovecharla en beneficio de todos los chilenos y tener más autonomía energética, damos la señal contraria. El respaldo, imprescindible en un sistema eléctrico, lo seguiremos haciendo con plantas a gas, carbón o petróleo, dependiendo de fuentes extranjeras y con costos más altos. No me parece una buena política de largo plazo».
-A tres meses de haber terminado el gobierno del que fue parte, ¿qué aspectos le preocupan más desde su nuevo rol en el sector privado?
«Chile tiene grandes desafíos y ciertamente una mayoría concordamos en el diagnóstico de lo que hay que hacer: cerrar brechas de desigualdad, mejorar educación, salud, pensiones. El problema son los énfasis que se está dando a las soluciones. En ellas se privilegia el rol del Estado como que este fuera la gran panacea para resolver problemas. Nuestra propia experiencia y la de muchos países ha demostrado que eso no es así. El Estado tiene un rol importantísimo en el desarrollo de un país, pero se debe también impulsar con fuerza la iniciativa privada, la innovación, el ahorro y la libertad de las personas para elegir y desarrollarse. El crecimiento económico es lo que trae real bienestar económico a la población, y potenciarlo es fundamental. Hoy, ese no es el foco y ya se están empezando a ver los efectos».
