(El Mercurio) Entre enero y julio de 2011 Laurence Golborne fue ministro de Energía, durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera. Y fue precisamente en dicho período en que la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del polémico proyecto HidroAysén. Con esa experiencia, Golborne -quien hoy está de vuelta en el mundo privado- aceptó dar su impresión de la revocación de aquella resolución ambiental.
-¿Cómo evalúa la decisión adoptada por el Comité de Ministros? ¿Fue una decisión política?
«Obviamente fue una decisión política. La Presidenta Bachelet cuando era candidata dijo que el proyecto era inviable, por lo que el rechazo de HidroAysén fue la crónica de una muerte anunciada».
-¿Cómo recibe la crítica de haber sido parte de un gobierno en que, a juzgar por esta nueva resolución, estuvo mal entregada la RCA? ¿Hay alguna autocrítica como ex ministro de la época?
«La RCA no fue mal otorgada. La competencia para aprobar un proyecto la tiene la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén y fue esa comisión la que aprobó el proyecto, en mayo de 2011. Posteriormente los opositores al proyecto reclamaron de la decisión a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que falló a favor del proyecto. Después de eso, los reclamantes recurrieron a la Corte Suprema, órgano que también resolvió a favor de la RCA del proyecto. No es el Ministerio de Energía quien otorga la RCA de un proyecto».
-¿En qué posición queda la institucionalidad medioambiental?
«El Comité de Ministros es parte de la institucionalidad ambiental, y tiene competencias para resolver sobre las reclamaciones, tanto de la ciudadanía como del titular del proyecto. El problema es la señal política que se está dando. Los argumentos técnicos que se usaron para su rechazo llaman la atención. Por ejemplo, en el tema de los GLOF (riesgos de inundación. El Comité de Ministros cuestionó que no se presentaron modelaciones de este riesgo.), la Corte Suprema consideró que era un aspecto que podía ser estudiado a posteriori. Decir que la línea base esta mal determinada, después de seis años de tramitación y en una instancia final, parece absolutamente extemporáneo».
-¿Hay algo mal en esta institucionalidad ambiental, entonces? O a la inversa, ¿es mejor y hasta necesario reconocer que hay proyectos de inversión que por su tamaño e impacto deben contar con una venia política?
«Toda institucionalidad es perfectible, pero hay proyectos que por su naturaleza efectivamente debieran contar con respaldo político y los titulares del proyecto deben preocuparse de explicar bien el proyecto a la comunidad, con pros y contras. Por otro lado, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental que efectúa una evaluación ambiental caso a caso para cada proyecto, pero no es instrumento para resolver los problemas de cualquier ámbito que tiene un territorio o una comunidad».
-¿Debería modificarse esta institucionalidad para dar mayor certeza a futuros proyectos e inversores?
«La reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, aprobada en enero de 2010, creó la nueva institucionalidad ambiental vigente desde octubre de 2010. La Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales llevan apenas dos años en funciones. Y el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en diciembre de 2013. Hay que dar tiempo para que puedan operar las instituciones. No creo que haya que modificarla ahora. Pero la voluntad política de nuestras autoridades debiera ser la promoción de proyectos que se basen en nuestras fuentes propias de generación de energía y ayudar a que los proyectos se lleven adelante cumpliendo la normativa. Y compatibilizar así el cuidado del medio ambiente y el respeto a las comunidades, con el desarrollo del país. No se trata de rechazar proyectos, sino de establecer las condiciones claras que se deben cumplir para que sí se puedan hacer».
-¿Cuál cree que será el efecto práctico de esta decisión para el país, en precios o seguridad de suministro?
«La decisión de revocar una RCA ya aprobada genera incertidumbre y eso desincentiva el desarrollo de nuevos proyectos. Esto tendrá impacto en los costos de largo plazo de la energía en Chile, pues las tecnologías para sustituir este proyecto son más caras, afectando no solo nuestra competitividad económica, sino los costos de todos los hogares de nuestro país. Pero para mí, lo más complejo es la señal que estamos dando: Chile no tiene reservas de hidrocarburos, pero sí tiene un gran potencial hidroeléctrico, que es energía barata y amigable con el medio ambiente. En lugar de buscar los medios para aprovecharla en beneficio de todos los chilenos y tener más autonomía energética, damos la señal contraria. El respaldo, imprescindible en un sistema eléctrico, lo seguiremos haciendo con plantas a gas, carbón o petróleo, dependiendo de fuentes extranjeras y con costos más altos. No me parece una buena política de largo plazo».
-A tres meses de haber terminado el gobierno del que fue parte, ¿qué aspectos le preocupan más desde su nuevo rol en el sector privado?
«Chile tiene grandes desafíos y ciertamente una mayoría concordamos en el diagnóstico de lo que hay que hacer: cerrar brechas de desigualdad, mejorar educación, salud, pensiones. El problema son los énfasis que se está dando a las soluciones. En ellas se privilegia el rol del Estado como que este fuera la gran panacea para resolver problemas. Nuestra propia experiencia y la de muchos países ha demostrado que eso no es así. El Estado tiene un rol importantísimo en el desarrollo de un país, pero se debe también impulsar con fuerza la iniciativa privada, la innovación, el ahorro y la libertad de las personas para elegir y desarrollarse. El crecimiento económico es lo que trae real bienestar económico a la población, y potenciarlo es fundamental. Hoy, ese no es el foco y ya se están empezando a ver los efectos».