junio 16, 2014 | Industria
(Pulso) La labor en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es intensa por estos días. El equipo jurídico tiene un desafío no menor: elaborar el acta, el acuerdo y la resolución del Comité de Ministros que bajó el pulgar a HidroAysén. Por eso, se espera que la notificación sea en los primeros días de julio.
La entidad que revisó las reclamaciones contra el proyecto controlado por Colbún y Endesa, debe enviar un borrador del acta y el acuerdo a los distintos ministerios que conforman el Comité de Ministros con el fin de emitir un pronunciamiento apegado a la ley. Sólo en ese momento, vía correo certificado, el director del servicio, Jorge Troncoso, enviará la resolución.
Este documento es relevante para HidroAysén, ya que en base a esto los equipos jurídicos de la empresa liderada por Daniel Fernández, tomarán su decisión.
Con este documento en mano, comienzan a correr los 30 días para HidroAysén, ya sea para acudir el Tribunal Ambiental de Valdivia, o bien para recurrir a la Corte de Apelaciones. En el primer caso, el recurso será tramitado en el último eslabón de la institucionalidad ambiental. La instancia, compuesta por dos abogados y un ministro de orden científico, deberá manifestar si la anulación del permiso ambiental de la central (RCA) fue apegado a la ley.
La opción de acudir a la Corte de Apelaciones se podría generar siempre y cuando la empresa esté dispuesta a presentar un recurso de protección por una vulneración en sus derechos como persona jurídica.
Sea cual sea la determinación de HidroAysén, lo más seguro es que la empresa eche mano al fallo de la Corte Suprema que rechazó los nueve recursos de protección que pretendían paralizar el proyecto, y que confirmó su permiso ambiental otorgado en 2012.
En aquella instancia, en fallo dividido, los jueces de la Tercera Sala confirmaron que la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema) de Aysén no actuó de manera arbitraria al calificar “favorablemente” la construcción del proyecto.
En su momento, Jaime Rodríguez Espoz, vocero del máximo tribunal del país, detalló que “distintos organismos presentaron recursos de protección que fueron rechazados por la Corte de Puerto Montt, fundado en que no hay perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales que se habían alegado y por resolución de hoy, la Corte Suprema también confirmó el rechazo”.
junio 13, 2014 | Industria
(Pulso) Lejos de tirar la esponja están Endesa y Colbún tras el rechazo a HidroAysén. De hecho, ambas compañías han destacado la cartera de proyectos que están desarrollando en distintas etapas.
En conjunto, las empresas tienen proyectos que superan los 6.000 MW, el doble de lo que considera inyectar HidroAysén al Sistema Interconectado Central (SIC).
Endesa, filial de la italiana Enel, tiene una cartera de más de una docena de proyectos que actualmente están en distintas etapas, los que suman más de 5.000 MW. Sus principales iniciativas son Los Cóndores (150 MW), Taltal (120 MW), Punta Alcalde (740 MW) y Neltume (490 MW).
No obstante, la compañía maneja otros proyectos de menor tamaño, pero igual de relevantes para su diversificación: los parques eólicos Renaico (88 MW), Puelche (20 MW) y Lebu (200 MW). También en fase conceptual figuran las hidroeléctricas Vallecito (73 MW), Lebu (14 MW), Puelo (738 MW) y Futaleufú (1.367 MW), entre otras iniciativas.
Endesa Chile -al igual que con HidroAysén- ha debido enfrentar la oposición a varios de sus proyectos. En Coronel, con las termoeléctricas Bocamina 1 y 2; esta última paralizada por una orden judicial. También ha debido hacer frente al rechazo de las comunidades indígenas donde se encuentra la central Neltume. Suma y sigue. El proyecto Punta Alcalde en Huasco, que terminó siendo autorizada por la Corte Suprema, pero exigiendo medidas adicionales de mitigación.
Colbún, por su parte, maneja una cartera de proyectos sobre los 1.000 MW con inversiones por más de US$3.000 millones.
“Colbún tiene muchos otros proyectos (además de HidroAysén) y está preocupada en avanzar en esas iniciativas. Creemos que esos proyectos son esenciales para Colbún y seguimos avanzando a toda marcha”, dijo ayer el gerente general de la compañía, Ignacio Cruz.
Dentro de esta cartera de proyectos, la empresa considera un complejo de centrales en la cuenca de los ríos Guaiquivilo y Melado (VII Región) que sumarían una potencia aproximada de 400 MW.
“Al Estado le interesa -especialmente en un contexto de déficit- que los proyectos se hagan, pero obviamente que se hagan cumpliendo cabalmente toda la legislación ambiental”, dijo ayer el ministro de Energía Máximo Pacheco.
junio 12, 2014 | Industria
(El Mercurio) Reducir los costos marginales de electricidad (valores de venta de energía entre generadoras en el spot ) durante el periodo de gobierno en un 30% en el Sistema Interconectado Central (SIC) es uno de los principales objetivos de la Agenda de Energía del Gobierno. Pero es una meta que en la industria y entre expertos es vista como poco realista.
Esto, a la luz de la escasez de proyectos de energía base de menor costo que permitirían alcanzar ese objetivo en el plazo señalado. En el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) correspondiente a abril se especifica que existe solo un proyecto a carbón en construcción en el SIC (Guacolda 05 de 152 MW), y otro de GNL (Cordillera 50 MW). El resto corresponde a iniciativas eólicas, solar fotovoltaicas, hidro de pasada y de biomasa.
«No van a bajar los precios con esas obras en construcción», advierte Sebastián Bernstein, socio de Synex. Y agrega que la meta «es un disparate completo», porque los costos marginales varían enormemente, dependiendo de las lluvias.
Hugh Rudnick, director de Systep, señala que el Gobierno descansa en que se va a poder traer más gas y que los terminales funcionarían a su máxima capacidad, lo que hoy no ocurre. «No es posible bajar los costos sin incorporar más centrales hidroeléctricas y a carbón», sostiene.
René Muga, gerente general de Generadores de Chile, afirma que el cumplimiento de esta meta depende de las condiciones hidrológicas, la evolución de los precios de combustibles, y la posibilidad de acceder a un suministro estable y competitivo de GNL que permita usar la capacidad instalada, reemplazando la generación con diésel.
Susana Jiménez, experta de LyD, argumenta que si bien se entiende que el Gobierno quiera sustituir fuentes diésel, «imponerse una meta en términos del costo marginal es un objetivo inapropiado, porque depende demasiado de condiciones hidrológicas que son variables».
Muga comenta que para responder al crecimiento del consumo eléctrico deben ingresar al año unos 500 MW de energía de base al SIC. La construcción de los proyectos termoeléctricos demora como mínimo tres a cuatro años en su construcción, dependiendo de la tecnología. Y los hidroeléctricos son más demorosos, agrega. «Es muy difícil que un proyecto de energía de base que no haya comenzado a construirse a estas alturas alcance a ser inaugurado durante este período de gobierno», dice.
Por su parte, Sergio Zapata, experto de Corpresearch, señala que descontando el factor hidrológico, la única forma de bajar los costos es que no operen centrales a diésel. Explica que para ello estas unidades se deben reemplazar con carbón o gas. «No los veo incentivando el carbón y más allá de que lo hagan, si al final todas las iniciativas van a terminar en la Corte Suprema, se puede alargar mucho el tiempo de construcción de proyectos», finaliza el especialista.
US$ 45,4
se espera que baje el costo marginal promedio en los cuatro años de gobierno, pasando de los US$ 151,36 MWh de 2013 a US$ 105,96 MWh en 2017, especifica la Agenda de Energía.
6.030 MW
totales de proyectos hidroeléctricos están operando hoy en el país en los Sistemas Interconectados y Medianos.
80%
de energía producida de forma hidro y termoeléctrica en el país se espera alcanzar a 2025, según la Agenda Energética, como condición esencial para avanzar en el 20% de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con la que se pretende contar en la próxima década.
junio 12, 2014 | Industria
(Pulso) Fue a mediados de 2012 cuando Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún -hijo de Patricia Matte y sobrino de Bernardo y Eliodoro- protagonizó el llamado “colbunazo”. El empresario pidió suspender el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión de HydroAysén, debido a que, en su visión, no hay una política energética clara en el país y no están dadas las condiciones para seguir con la iniciativa.
Esta semana se podría haber repetido la “tirada de mantel” a la autoridad, luego que el Comité de Ministros desahuciara el proyecto hidroeléctrico que Endesa y Colbún buscaban levantar en Aysén. Buscaban debido a que la instancia revocó el permiso ambiental para construir las cinco centrales que pretendían las empresas socias.
Casi treinta y dos horas después de conocerse la decisión del comité, HydroAysén emitió un escueto comunicado: “Tras conocerse en el día de ayer (martes) que el Comité de Ministros se reunió para la “revisión y análisis del procedimiento de invalidación y los recursos de reclamación asociados” al proyecto HidroAysén, la empresa informa que esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho órgano y, luego de conocer el contenido de tales documentos, definirá los cursos de acción a seguir”.
Minutos después, Endesa hizo lo propio: “En múltiples ocasiones, Endesa Chile ha comunicado que el proyecto HidroAysén sólo se haría si Chile lo considera estratégico para el desarrollo energético del país. Con la decisión del Comité de Ministros queda en evidencia que hay un cambio de actitud del Gobierno de Chile hacia HidroAysén y que dicho proyecto, en su formato actual, no ha generado el respaldo necesario de las autoridades”.
La empresa añadió: “Creemos que el uso de los recursos hídricos, como combustible primario limpio y seguro, favorece la competitividad del país y son necesarios para alcanzar una matriz energética que, junto con las renovables no convencionales y las otras energías convencionales, nos acompañe en el camino del desarrollo. Es por ello que esperaremos el resultado de la discusión sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en Chile, para definir en su caso los cursos de acción”.
No obstante, Colbún buscaba transmitir un mensaje “fuerte y claro” frente a la decisión del Comité de Ministros, lo que provocó un distanciamiento con Endesa respecto a la forma en que HydroAysén iba a responder comunicacionalmente a la decisión de la instancia gubernamental.
Las negociaciones de cómo enfrentar esta crisis entre Endesa y Colbún se iniciaron a penas conocida la resolución desfavorable, de ahí la demora en la publicación de los comunicados de prensa.
Según fuentes al tanto, Bernardo Larraín apuntaba a una “posición más dura” para defender la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa, en la que Colbún y Endesa han invertido hasta ahora US$320 millones.
La misma fuente consultada afirma que el no a HidroAysén fue una “decisión absolutamente política”, y que no va en línea con el fallo de la Corte Suprema que ya había visado el proyecto en 2012.
Por eso, los Matte apuntaban a una postura más firme y crítica frente a la decisión del Comité de Ministros. Misma postura tenía el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández.
No obstante, Endesa Chile optaba por una declaración más “suave” y no tan crítica respecto a la resolución del comité, que estuvo presidida por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier y participaron los ministros de Energía Máximo Pacheco; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Carlos Furche; Economía, Luis Felipe Céspedes; y Salud, Helia Molina.
“El proyecto HidroAysén adolece de faltas importantes”, fue una de las frases que pronunció el ministro Pacheco tras darse a conocer la resolución.
Pese a esto, en Endesa Chile evitaron polemizar. La compañía habría preferido mantener sus relaciones intactas con la autoridad, como buena compañía multinacional, que siempre juega de visita. Todo esto en coordinación con Italia.
La compañía logró hacer valor su postura, tras una serie de conversaciones y mensajes entre los principales ejecutivos de las empresas socias del proyecto, lo que terminó con los “tibios” comunicados emitidos pasadas las 19:00 horas de ayer.
En lo que sí están coincidiendo Endesa y Colbún es en que se buscará no hacer la pérdida de todo lo invertido hasta ahora en HidroAysén.
Las compañías no tomarán ninguna decisión en esta línea mientras se recurra al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para intentar revertir la decisión del Comité de Ministros.
En efecto, la decisión de recurrir a esta instancia está prácticamente decidida al interior de HydroAysén.
Un reciente informe de BanChile estima una potencial pérdida por ajuste de libros del orden de los US$256 millones en base al valor en libros de HidroAysén registrado conjuntamente por Endesa y Colbún al de 31 de marzo 2014. Este castigo sería proporcionalmente reconocido como un gasto extraordinario en función a sus participaciones en el proyecto. El impacto en Endesa alcanzaría 9,5% de las utilidades antes de impuestos esperadas para 2014. En cuanto a Colbún, dicho impacto llegaría 49,4%, sostiene BanChile.
Tribunal Ambiental de Valdivia verá apelación
Michael Hantke Domas, ministro Titular, presidente del Tercer Tribunal Ambiental
Abogado, Universidad Andrés Bello y doctor (PhD) por el ESRC Centre for Competition Policy y la Norwich Business School, de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, Reino Unido.
Previamente trabajó como Oficial para Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas.
Adicionalmente, fue asesor jurídico en la Subsecretaría de Obras Públicas, y en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También, trabajó como abogado en los estudios Puga Ortiz y en Álvarez, Hinzpeter, Jana y Valle (hoy, Bofill Mir & Álvarez Jana).
A nivel internacional, ha sido consultor en la PNUD, UNCTAD) y para CEPAL.
Jorge Roberto Retamal Valenzuela, ministro titular
Abogado, Universidad Católica del Norte y magister (c) en Derecho Ambiental.
Se ha desempeñado como abogado de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la II Región de Antofagasta; Defensor Penal Público licitado en Antofagasta, y abogado Asesor Regional y luego Director Regional de la Corporación Nacional Forestal en la región mencionada. Terminado su período, fue nombrado Abogado Analista de la Fiscalía Nacional de dicha Corporación, en Santiago.
Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como Abogado Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, en Antofagasta.
Roberto Pastén Carrasco, ministro titular
Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas e Ingeniero Comercial, Universidad de Tarapacá, doctor en Economía de la U. de Alabama y máster en Economía en la U. de Chile.
Ha sido Profesor Asociado de Economía en la Universidad de Talca profesor visitante en el Programa de magister y Doctorado en la Universidad de Chile; y Profesor Visitante en Economía Ambiental, Groningen University, Holanda. Ha dictado cursos de post grado y de pre grado tanto en universidades de Chile como de Estados Unidos, Holanda y España.
Durante los años 2010 y 2011 se desempeñó como Consultor del Banco Mundial. Entre los años 1994 y 1996 trabajó en la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) en los inicios de la implementación de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Pablo Miranda Nigro, ministro suplente
Abogado, Universidad Andrés Bello y master of Law, del Washington College of Law, American University, Washington D.C.
Al momento de ser nombrado, se desempeñaba como Abogado Jefe de la Unidad Jurídica de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Sra. Sibel Villalobos Volpi, ministro suplente
Licenciada en Biología Marina, Universidad Austral de Chile y magíster (c) en Ciencias, Mención Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile.
Al momento de ser nombrada, se desempeñaba como Jefa de la Sección de Política y Regulación Ambiental de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.
junio 11, 2014 | Industria
(La Tercera) Tres fueron los grandes temas que el Comité de Ministros objetó ayer a HidroAysén y que finalmente terminaron por echar abajo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Si bien la iniciativa privada no tiene todos los caminos cerrados, la decisión de la instancia gubernamental parece difícil de soslayar. Pablo Badenier, titular del Medio Ambiente y presidente del Comité de Ministros, dice que este es un “mal proyecto” y que por eso el gobierno optó por cerrarle la puerta.
Usted ha dicho que sólo los proyectos buenos se aprueban. ¿Qué clase de proyecto es HidroAysén?
Este es un mal proyecto, con carencias desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental.
¿Esa decisión del comité fue unánime?
El Comité de Ministros puede tener una votación dividida, pero en este caso fue unánime el rechazo.
¿Por qué se rechazó la RCA y no se solicitó a la empresa adecuar los temas cuestionados?
Mire, en el tema de fauna terrestre no hay línea base. Nosotros no vamos a mandar a pedir una línea base a estas alturas del partido (ver nota secundaria).
¿Por qué no?
Porque son extemporáneas.
¿No había ninguna posibilidad entonces de recomendar mejorar ciertos aspectos del proyecto?
No. Las materias son sustantivas y no son subsanables.
¿Por qué un proyecto que ya fue aprobado ambientalmente es rechazado ahora por esta instancia con recomendaciones del mismo SEA?
No es que el SEA nos recomiende no aprobar el proyecto. Lo que nos recomienda es acoger o no materias abordadas en los recursos de reclamación. Entonces, este proceso es posterior (a la aprobación ambiental).
Con esta resolución, ¿muere definitivamente el proyecto?
Administrativamente está rechazado. Pueden apelar al Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, una vez que sean notificados. Tienen 30 días hábiles para ello. Después podrían recurrir con un recurso de casación sobre el fallo que ese tribunal emita, aunque esos recursos tienen que ver más con la forma que con el fondo.
¿Qué le parece que la empresa recurra eventualmente al Ciadi?
A mí, en particular y como ministro del Medio Ambiente, ese tema no me compete.
¿No se pasó a llevar a la Corte Suprema, que ya había fallado a favor de la RCA, con esta decisión?
No, nosotros estamos respetando el pronunciamiento de la Corte Suprema.
La Sofofa calificó como “pésima” la decisión y la CPC habló de una mala señal. ¿Cómo evalúa esas críticas?
Creo que las reglas claras y los pronunciamientos definitivos del Comité de Ministros no deberían por qué ser del desagrado de los demás titulares de proyectos.
En ese sentido, ¿cómo evalúa la decisión del Comité de Ministros del gobierno de Sebastián Piñera?
La prolongación en el tiempo de tener recursos pendientes por más de dos años y medio es un proceso que le hace daño a la institucionalidad ambiental. Quienes reclaman en el marco del sistema de evaluación ambiental tienen derecho a que la autoridad administrativa les pueda responder en forma y fondo. Después de todo ese tiempo, no era muy presentable (alargar la decisión) y creemos que vulneraba el derecho incluso de los propios reclamantes no dar una respuesta definitiva.
HidroAysén iba a inyectar al sistema unos 2.750 MW de energía eficiente. ¿Con qué se suple esa capacidad ahora?
Primero que todo, nosotros no estamos obligados a aprobar malos proyectos, y esta es una iniciativa que fue concebida, de acuerdo a lo que informó el propio titular, con una etapa de construcción de 12 años. Hoy tenemos un número importante de proyectos que se están analizando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, otros que tienen calificación y no se han construido y, sin ir más lejos, la propia Presidenta de la República inauguró la semana pasada la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica.
Pero es una planta de 100 MW…
Es cierto, es de otra envergadura, pero hay más proyectos evaluándose.
Los gremios empresariales, no obstante, plantean que hay una necesidad de energía urgente. ¿Qué se hace ante aquello?
Por lo mismo, nosotros esperamos que se presenten buenos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Los tres puntos cuestionados
“Desde el punto de vista del fondo del pronunciamiento del Comité de Ministros, en lo que respecta a los recursos de reclamación, hay fundamentalmente tres materias que tienen la importancia suficiente para dejar sin efecto la RCA de HidroAysén”, dice Badenier.
Según el secretario de Estado, esos tres grandes ejes, que agruparon las principales reclamaciones al proyecto, de 35 presentadas, tienen relación con la falta de un plan concreto de relocalización de 39 familias del sector, riesgos hidrológicos en la zona de inundación de las represas, y un deficiente levantamiento de línea base respecto del impacto de la iniciativa en el ecosistema terrestre.
Según el ministro del Medio Ambiente, la empresa no presentó en su etapa de evaluación ambiental planes concretos de mitigación, reparación o compensación para resolver estas materias. Por ello, según Badenier, el Comité de Ministros decidió dejar sin efecto su RCA, ya que solicitarle resolverlas ahora sería “extemporáneo”.
