(Pulso) La labor en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es intensa por estos días. El equipo jurídico tiene un desafío no menor: elaborar el acta, el acuerdo y la resolución del Comité de Ministros que bajó el pulgar a HidroAysén. Por eso, se espera que la notificación sea en los primeros días de julio.
La entidad que revisó las reclamaciones contra el proyecto controlado por Colbún y Endesa, debe enviar un borrador del acta y el acuerdo a los distintos ministerios que conforman el Comité de Ministros con el fin de emitir un pronunciamiento apegado a la ley. Sólo en ese momento, vía correo certificado, el director del servicio, Jorge Troncoso, enviará la resolución.
Este documento es relevante para HidroAysén, ya que en base a esto los equipos jurídicos de la empresa liderada por Daniel Fernández, tomarán su decisión.
Con este documento en mano, comienzan a correr los 30 días para HidroAysén, ya sea para acudir el Tribunal Ambiental de Valdivia, o bien para recurrir a la Corte de Apelaciones. En el primer caso, el recurso será tramitado en el último eslabón de la institucionalidad ambiental. La instancia, compuesta por dos abogados y un ministro de orden científico, deberá manifestar si la anulación del permiso ambiental de la central (RCA) fue apegado a la ley.
La opción de acudir a la Corte de Apelaciones se podría generar siempre y cuando la empresa esté dispuesta a presentar un recurso de protección por una vulneración en sus derechos como persona jurídica.
Sea cual sea la determinación de HidroAysén, lo más seguro es que la empresa eche mano al fallo de la Corte Suprema que rechazó los nueve recursos de protección que pretendían paralizar el proyecto, y que confirmó su permiso ambiental otorgado en 2012.
En aquella instancia, en fallo dividido, los jueces de la Tercera Sala confirmaron que la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema) de Aysén no actuó de manera arbitraria al calificar “favorablemente” la construcción del proyecto.
En su momento, Jaime Rodríguez Espoz, vocero del máximo tribunal del país, detalló que “distintos organismos presentaron recursos de protección que fueron rechazados por la Corte de Puerto Montt, fundado en que no hay perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales que se habían alegado y por resolución de hoy, la Corte Suprema también confirmó el rechazo”.