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La compleja señal para la energía hidráulica

(Pulso) Cuando era candidata presidencial, Michelle Bachelet dijo que el proyecto HidroAysén, tal como está presentado, es inviable. También le bajó el dedo al proyecto de generación eléctrica en el río Achibueno (Linares) que busca sacar adelante el empresa Isidoro Quiroga.

Suma y sigue, pues también está la incertidumbre respecto al proyecto Río Cuervo, luego que la empresa Origin Energy bajara su participación ante los cuestionamientos a la iniciativa, que también se pretende desarrollar en Aysén, dejando así a la Minera Xtrata como la una de las principales accionistas.

Con todo esto, ¿cuál será el rol que jugará la hidroelectricidad en la matriz energética?

La Agenda de Energía lanzada por la Presidenta Michelle Bachelet señala que existiría un potencial hidroeléctrico, entre las cuencas del Aconcagua y Puelo, que superaría los 10.000 MW, con un adicional de 6.000 MW en la Región de Aysén, de los cuales HidroAysén aportaba 2.750 MW y Río Cuervo otros 640 MW.

La interrogante que queda es cómo se lograría el desarrollo hidroeléctrico planteado luego del no a HidroAysén y la oposición a otros proyectos de generación en base a agua.

La Agenda Energética de Bachelet considera identificar en el segundo semestre de 2014 las principales barreras que impiden el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país y, en particular, el desarrollo de los proyectos en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía de Abril 2014. Ese plan de obras incluye, entre el 2017 y el 2019,  cuatro proyectos hidro por un total de 811 MW (incluyendo Alto Maipo) y en el 2023 un proyecto de 360 MW. Todo esto como complemento para lograr reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la próxima década para hogares y pequeñas empresas.

No obstante, en el Gobierno hay tranquilidad. Se afirma que cada proyecto será evaluado en su mérito y que no existe un cuestionamiento a los proyectos hidroeléctricos per sé.

Además, se destaca que el rol que tomará el gas será vital para evitar alzas en las tarifas eléctricas.

“Queremos que junto con las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el GNL tenga una mayor participación en la matriz energética nacional. Chile tiene las condiciones para hacer este cambio y estamos diciendo hoy que tenemos la voluntad política para llevarlo adelante”, ha dicho la Presidenta Bachelet.

El gas, efectivamente, podría reducir los costos marginales reemplazando al diésel, pero al parecer no sería suficiente para los objetivos de la autoridad.

Las miradas

BanChile destaca que la decisión de rechazar el proyecto es también una opción política para fomentar las inversiones en plantas de pasada más pequeñas, que tendrían un impacto menos visible. Aun así, el principal problema sigue siendo la seguridad del suministro y los márgenes de reserva a largo plazo, para un país que si bien en el último tiempo se ha moderado, aún continúa con un crecimiento sostenido.

“Chile se encuentra actualmente en un escenario de estrechez de suministro eléctrico, lo que no permitirá, al menos hasta finales de 2016, quitar la presión sobre los precios de la energía. El reto consistirá en acelerar la concesión de licencias ambientales, para liberar de obstáculos a una serie de proyectos de energía en reemplazo de HidroAysén”, dijo la entidad.

Añadió que la estrategia del gobierno tiene riesgos de ejecución no despreciables y la urgencia de energía barata podría volver a traer a HidroAysén al centro de la atención una vez más en el futuro, sobre todo si los márgenes de reserva siguen disminuyendo o la economía pierde competitividad.

Por su parte, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, destacó que el proyecto rechazado es un complejo hidroeléctrico de 2.750 MW que aportaría al SIC una  generación importante de energía eléctrica (18.430 GWh, equivalente a casi 30% de la producción actual del país) en base a una fuente limpia, propia, renovable y competitiva. “HidroAysén sería además el proyecto más eficiente de Latinoamérica pues generaría la mayor energía por hectárea embalsada y habría contribuido a aumentar significativamente la participación de energía renovable en la matriz eléctrica del país”, afirma.

Según explica la economista, la decisión de rechazo se enmarca dentro de las atribuciones que tiene el Comité de Ministro siempre que este acto administrativo esté bien fundamentado. En efecto, tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Punta Alcalde, se estableció explícitamente que el Comité cuenta con atribuciones amplias para revisar no solo la legalidad de la decisión impugnada sino además para examinar aspectos de mérito de la misma, pudiendo “negar lugar, rechazar o establecer condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”.

En consecuencia, “no está en juego la legalidad de la actuación del Comité, en la medida que la decisión esté basada en antecedentes suficientes, que consten en el expediente o en estudios nuevos. Cabe esperar, por tanto, la fundamentación del rechazo puesto que de no contar con este respaldo técnico podría haberse incurrido en una decisión arbitraria, contrario a lo que exige la ley”, señala Susana Jiménez.

Revisa los 12 hitos que marcan el proyecto HidroAysén

Septiembre de 2006

Se conforma la compañía Hidroaysén, mediante un joint-venture entre Colbún (que aportaría con parte del capital) y Endesa, que además pondría los derechos de agua.

 

Agosto de 2007

HidroAysén presenta un proyecto, de una inversión cercana a los US$3.200 millones, que contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, con una generación media anual de 18.430 GWh y una potencia instalada de 2.750 MW.

 

Agosto de 2008

HidroAysén ingresó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) de Aysén.

 

Abril de 2010

Daniel Fernández es nombrado vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, luego que Hernán Salazar dejara el cargo de gerente general en dicha empresa.

 

Mayo de 2011

El Servicio de Evaluación ambiental de la Región de Aysén aprobó el proyecto por 11 votos a favor y una abstención, solicitándole una auditoría ambiental, rebaja de tarifas y un plan de difusión. Dicho expediente no considera lo relativo a su línea de transmisión hasta Puerto Montt, cuyo costo equivaldría al de la construcción de las centrales, las que además presentarían un encarecimiento cercano al 25%.

 

Junio de 2011

HidroAysén presenta reclamación ante el Comité de Ministros, por condiciones impuestas en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

 

Julio de 2011

Corte Suprema falla en favor de HidroAysén por derechos de agua, rechazando las solicitudes de distintas organizaciones ambientalistas opositoras a la iniciativa por 2.750 MW.

 

Octubre de 2011

Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza recursos presentados contra HidroAysén.

 

Mayo de 2012

Colbún envía a la Superintendencia de Valores y Seguros un hecho esencial en el que señala su decisión de suspender los estudios de la línea de transmisión de HidroAysén. En el documento la eléctrica considera que “mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso” no es factible desarrollar proyectos eléctricos de gran complejidad.

 

Enero de 2014

El Comité de Ministros, encabezado por la ex titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, definió 17 de las 35 reclamaciones presentadas tanto por la empresa como por los opositores al proyecto, y optó por encargar dos estudios para culminar la revisión de las objeciones a la iniciativa.

 

Marzo de 2014

Comité de Ministros, presidido por Pablo Badenier, decide invalidar resolución del Gobierno anterior sobre HidroAysén.

 

10 de Junio de 2014

Comité de Ministros revoca la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto HidroAysén.

Las cartas que jugará HidroAysén tras el dictamen del Gobierno

(La Tercera) HidroAysén enfrenta momentos cruciales, en la antesala del pronunciamiento del Comité de Ministros, citado para el próximo martes 10. A la espera de la resolución que zanjará el futuro del megaproyecto, los socios detrás del mayor complejo hidroeléctrico del país, las generadoras Endesa (51%) y Colbún (49%), están trabajando sigilosamente en preparar su estrategia para enfrentar el que será el veredicto final del gobierno de Michelle Bachelet, además de evaluar las alternativas que permitan viabilizar la emblemática iniciativa, en la cual ya han invertido US$ 320 millones. De esa manera, en el cuartel general de HidroAysén, en calle Miraflores, la plana ejecutiva está diseñando el Plan B para que el complejo eléctrico llegue finalmente a buen puerto.

Con casi una década en planificación, HidroAysén contempla la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, en la XI Región, para tener 2.750 megawatts (MW) de potencia instalada. La construcción de las plantas costaría unos US$ 5.000 millones, a lo que se agrega el valor de la línea de transmisión, calculada en US$ 4.000 millones.

El Comité de Ministros -integrado por los titulares de Minería, Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Economía y Energía- deberá resolver 35 reclamaciones que se presentaron a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), otorgada en mayo de 2011 por la Corema de Aysén y que es lo que tiene detenido el proyecto.

¿Qué podría determinar el grupo interministerial? En los últimos 60 días, los equipos legales de HidroAysén se han encargado de anticipar los escenarios posibles. Al interior de la compañía afirman que es altamente probable que los ministros resuelvan que el proyecto, tal como está, es inviable.

En la firma trabajan dos líneas argumentales que tendría la resolución del comité, matices no menores que definirán el curso de acción que seguirá HidroAysén.

Al Tribunal Ambiental

La primera alternativa que se baraja al interior de la sociedad es que el Comité de Ministros revoque la RCA del proyecto. Para HidroAysén, se trataría del peor escenario, reconocen ejecutivos ligados a los accionistas. En ese caso, la compañía, lejos de desistirse del proyecto, defenderá con fuerza la vigencia y validez de su autorización ambiental, “adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén en 2011, posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el mismo año y ratificada por la Corte Suprema también en 2011”, afirman las mismas fuentes.

Por lo mismo, el consorcio ya decidió que la defensa de la RCA se hará presentando un recurso en contra de la decisión del Comité de Ministros ante el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia. Ese es el órgano encargado de resolver las controversias medioambientales que se producen en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

La empresa argumenta que no existen elementos técnicos para caducar la RCA. Es más, recuerdan que fue la primera administración de Bachelet la que, en 2008, “admitió a tramitación ambiental el proyecto, dándole validez, a través de la institucionalidad ambiental, al desarrollo de proyectos en la Patagonia”. En la firma estiman que el Tribunal Ambiental podría resolver el recurso en un plazo de entre cuatro y seis meses.

Reformular el proyecto

Una segunda opción que ha sido analizada por el equipo de asesores técnicos y legales de HidroAysén es que el Comité de Ministros, sin caducar la RCA, disponga condiciones para llevar adelante el proyecto.

En ese escenario, los socios están disponibles para rediseñar y reformular parte del proyecto. En concreto, lo que se ha venido discutiendo es la eliminación de una de las cinco centrales, la Baker 2, “que tiene condiciones ambientales más complejas”, admiten ejecutivos vinculados a la sociedad. Se trata de una central que aporta comparativamente poco a HidroAysén (representa sólo un 14% de la potencia total) y que, en cambio, comprende una zona de inundación más amplia que el resto de las centrales (equivale al 60% del proyecto completo). Si esta opción se concretara, el complejo podría quedar como un proyecto con buena parte de su potencia original y, al mismo tiempo, con menor impacto ambiental.

En lo que respecta al plano económico, los cálculos preliminares también indican que HidroAysén es viable con cuatro centrales, aunque se encarecería un poco la energía a quien la compre. “Es factible con un precio de US$ 120 por MWh. Con el proyecto actual se trabaja con un valor de US$ 97 MWh”, explican fuentes vinculadas a la eléctrica.

Tercer socio

Las distintas alternativas que tienen sobre la mesa Endesa y Colbún para un nuevo plan de desarrollo para HidroAysén no sólo consideran replantear aspectos técnicos. También están abiertos a realizar modificaciones a otro nivel: el societario.

¿Por qué? El aumento de costos del proyecto hidroeléctrico, cuya inversión inicial estaba calculada en unos US$ 4.700 millones, sumado a la poca claridad en su aprobación, han abierto la posibilidad de que ingrese un nuevo operador. Cada año, además, HidroAysén debe cancelar US$ 7 millones por los derechos de agua que aún no gestiona.

Además del alza de costos, la demora en la tramitación y la oposición ciudadana son temas que preocupan de manera especial a la italiana Enel, dueña de Endesa. “El proyecto aún no cuenta con la aprobación política para construirse, sigue en terreno incierto y, por el contrario, ha tenido que asumir un costo en imagen pública importante para la firma europea”, afirman fuentes vinculadas a la compañía.

Aunque en el mercado indican que HidroAysén no sería un activo estratégico para Enel, ejecutivos vinculados a la firma señalan que para la italiana los proyectos en Latinoamérica son claves. De ahí que aseguren que no está en los planes vender, aunque sí admiten que podrían integrar a un nuevo socio.

En cualquier caso, cercanos a los accionistas de HidroAysén comentan que, para enfrentar el futuro del proyecto, al interior de la compañía se han evaluado distintas fórmulas para pavimentar el eventual arribo de un tercer socio estratégico. Las diversas opciones han sido expuestas en varias reuniones de directorio de HidroAysén, indican ejecutivos ligados a las eléctricas.

En concreto, dos son las posibles vías. Que ingrese un nuevo partner para la construcción de la línea de transmisión o que Endesa y Colbún diluyan sus participaciones para que ingrese un tercer operador a la propiedad de las centrales. Por el momento, todos los caminos aún están en fase de exploración.

Esperando 2015

El tendido eléctrico ha sido definido como la “fase crítica” para HidroAysén. Pero para los socios, clave para avanzar en la tramitación ambiental del proyecto de transmisión -que permitirá transportar la energía desde la XI Región a la zona central- es alcanzar un consenso y aceptación social, y así evitar repetir el largo y tortuoso trayecto que han debido recorrer las centrales. Por lo mismo, la compañía está esperando el 2015.

La Agenda Energética, lanzada en mayo por el gobierno, define que hacia el próximo año se desarrollará una Política Energética de largo plazo, “validada por la sociedad chilena, mediante un proceso participativo y regional”. El tercer eje de la agenda señala que “se hace necesario llevar a cabo un proceso de planificación territorial energética para el desarrollo hidroeléctrico futuro”.

Así, la empresa esperará que la autoridad concluya esos procesos participativos y defina la arquitectura del ordenamiento territorial, factores determinantes para los emplazamientos energéticos futuros, entre ellos, los tendidos.

Mientras eso ocurre, desde septiembre pasado, HidroAysén trabaja en un diseño socialmente quirúrgico del trazado, que esquive los puntos más conflictivos, como afectar a las comunidades indígenas. Esto, debido a que la empresa debería instalar, sólo en las regiones de Los Lagos y Aysén, de 1.500 a 1.700 torres de alta tensión, en una faja de 70 metros de ancho. Estas tendrían una altura promedio de 50 metros. La instalación de las torres, la mayoría vía helicóptero, obligaría a talar unas 100 hectáreas de bosque.

Para mitigar todo ese impacto, la firma trabaja en un tendido completamente submarino (ver entrevista en página 12). Hasta entonces, HidroAysén había evaluado un tramo submarino de 160 kilómetros, entre Chaitén y Puerto Montt, del total de 1.912 kilómetros de extensión que tendrá la línea hasta Santiago.

Los socios del proyecto saben que una menor intervención del tendido -que cruza nueve regiones, 66 comunas y más de 3.000 predios particulares- es crucial para concretarlo. Pero están conscientes de que buena parte se juega con el veredicto del gobierno en dos días más.

¿Con qué se reemplazaría el proyecto?

Sin el aporte de HidroAysén, el futuro de la matriz energética chilena se ve complejo, advierten expertos. La iniciativa contempla cinco centrales hidroeléctricas de embalse entre los ríos Baker y Pascua, en la XI Región, con una capacidad instalada de 2.750 MW.

Si el dictamen es adverso, Ramón Galaz, gerente general de Valgesta, asegura que esa potencia debe ser reemplazada y que la opción más económica es la termoelectricidad (sobre todo carbón), sin cerrarse al Gas Natural Licuado (GNL).

Respecto de la hidroelectricidad, recuerda que HidroAysén está pensado para empezar a operar en 10 a 20 años, pero advierte que para igualar su capacidad hay que desarrollar centrales hidroeléctricas de embalse y no de pasada.

Coincide Francisco Aguirre, socio de Electroconsultores, quien precisa que la Agenda Energética del gobierno -que contempla un estudio de cuencas y la necesidad de mejorar la red de transmisión de energía- está más enfocada en potenciar la construcción de centrales de pasada (llamadas minihidros) que no suplen la falta de energía que dejaría vacante el proyecto.

Opina que no existe alternativa para suplir la energía que aportaría HidroAysén. “Para eso es necesario construir ocho carboneras y en los casi 10 años desde la crisis del gas, sólo se han construido tres carboneras: Bocamina 2, Santa María I y Campiche”, dice. Añade que el GNL no es competitivo y que sus precios no irán a la baja, siendo la hidroelectricidad la única elección, pues su costo medio varía entre US$ 50-US$ 60 MWh. Le sigue el carbón, que a US$ 100 la tonelada sitúa el costo medio entre US$ 80-US$ 85 MWh, y el GNL, en una central de ciclo combinada cerrada, es decir, que usa vapor para generar más energía, el costo medio de operación es de US$ 110-US$ 120 MWh. Esto es más caro es un ciclo combinado abierto, cuyo costo llega a US$ 180 MWh, mientras con diésel, supera los US$ 200 el MWh.

Para el académico de la UC y director de la consultora Systep, Hugh Rudnick, el GNL tampoco es viable para suplir el aporte de HidroAysén, por su alto valor. “Hay mucho entusiasmo por gas y por desarrollar shale gas. Pero por la ubicación de Chile, los precios a los que llega no son competitivos. Son valores de US$ 12 o US$ 14 el millón de BTU, lo que comparado con el carbón es muy caro”, afirma.

Plantea que hay que mirar los proyectos hidroeléctricos en carpeta como los de Energía Austral o que se quieren hacer en el río Puelo, pero insiste en que la energía más económica es el carbón.

Super de Medio Ambiente se reestructura

Super de Medio Ambiente se reestructura

(Diario Financiero) Consolidar a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) dentro de la nueva institucionalidad del sector, aprovechando a su vez los espacios existentes para mejorar la gestión de este organismo, son los desafíos que se trazó su titular, Cristián Franz, quien precisa que el foco del trabajo estará en la comunidad, jugando un papel “de cara a la protección de la salud y la calidad de vida de las personas”.

El superintendente de Medio Ambiente explica que para cumplir estas tareas requieren reestructurar la entidad en varios sentidos. En primer término, hacia 2018 esperan superar la precariedad operativa en la que se encuentran, triplicando la plantilla de funcionarios, que hoy es de 107 personas.

En el mismo plazo, añade, esperan contar con oficinas en todas las regiones del país, cambiando así el modelo actual que contempla una sede central en Santiago y oficinas macrozonales en el norte y el sur desde las cuales se hace la fiscalización a todo el país.

Todo este proceso se realizará por etapas, a partir de 2015, cuando esperan contar con recursos adicionales que solicitarán en la discusión presupuestaria de este año. La estimación de Franz es que al 2018 la SMA haya duplicado su presupuesto actual, que asciende a US$ 5 millones.

La reestructuración considera también un cambio orgánico, que recién fue aprobado, para convertir la unidad de sanciones en una división, con lo cual ésta quedará jerárquica y operativamente en igualdad de condiciones con el área de fiscalización, con lo cual -dice- se reflejarán mejor los objetivos centrales de la SMA.

Enfoque ciudadano

“La Superintendencia tiene que tener un rol y jugar un papel, en el marco de sus competencias y sus funciones, de cara a la ciudadanía y en ese sentido queremos poner a las comunidades en el centro de nuestra gestión, un enfoque que tendrá efecto inmediato”, asegura Cristián Franz.

Esto, apunta, se reflejará en los planes de fiscalización que desarrollarán, los que a partir del próximo año, cuando sean diseñados por la presente administración, serán más ambiciosos. Además, la SMA racionalizará el sistema de denuncias para mejorar su tramitación.

“De dos mil denuncias recibidas en 2013 sólo el 2% llegó a término con una sanción, un resultado que es pobre y creemos que hay mucho espacio para gestionarlas mejor, generando mecanismos de mayor eficiencia, lo que es válido también para muchos otros ámbitos de nuestra gestión, como los tiempos de respuesta en los procedimientos de fiscalización y sanción”, puntualiza.

En lo que se refiere a los sectores que concentrarán la acción de la SMA, el superintendente estima que no habrá grandes variaciones, manteniéndose el predominio de minería, energía y saneamiento, como un “espejo” de la presencia de estas áreas en la economía.

Un elemento que destaca Franz es que los titulares y desarrolladores de proyectos que son fiscalizados sean más rigurosos y responsables en cumplir sus obligaciones ambientales y sociales, elevando y mejorando su capacidad de gestión de estos temas, a la par que la autoridad está aumentando su peso en este ámbito. “Este debe ser un desafío común para llevar a Chile al desarrollo”.

Rehaciendo la sanción contra Pascua-Lama

El titular de la SMA, Cristián Franz, confirma que están rehaciendo la resolución sancionatoria por los incumplimientos al permiso ambiental del proyecto Pascua-Lama, siguiendo lo ordenado por el Tribunal Ambiental, al cual la entidad declinó apelar ante la Corte Suprema, a diferencia de Barrick, el titular del proyecto, que sí lo hizo. Al mismo tiempo están fiscalizando, en forma y plazo, las obras transitorias y permanentes que la empresa debe ejecutar, aunque por el momento está impedido de revelar el resultado.

«Estamos estudiando los antecedentes para rehacer  el proceso sancionatorio, definiendo las materias del procedimiento que hay que volver a hacer en función de los aspectos cuestionados por el tribunal», plantea y añade que esperan finalizar este proceso a la espera del fallo de la Corte Suprema que será fundamental en este caso.

En otro caso emblemático de la SMA, Franz adelanta que pronto emitirán la sanción del caso Bocamina 2, de Endesa.

Colbún y el Comité de Ministros: «Es una etapa más de la institucionalidad ambiental»

(Pulso) Han sido semanas intensas para el mundo de la energía. Hace unas tres semanas, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dio a conocer la Agenda Energética, un grupo de iniciativas y proyectos de ley que tienen por objetivo aumentar la competencia en el sector y bajar los costos de la energía. Un desafío que el presidente de Colbún -la generadora del grupo Matte-, Bernardo Larraín, califica de ambiciosa y que celebra “porque establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos, como son los costos de la energía”. Pero la Agenda Energética no es lo único que lo mantiene ocupado por estos días. El próximo martes 10 de junio, el Comité de Ministros zanjará el futuro del emblemático proyecto hidroeléctrico HidroAysén, donde Colbún es socio con Endesa.

Este martes se zanjará el futuro de HidroAysén en el Comité de Ministros, ¿qué espera?

Primero, no tiene sentido especular sobre una resolución que saldrá en 4 días más. Segundo, no hay que dramatizar esa resolución, porque esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental y en función de la resolución que el Comité de Ministros adopte, los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental, que fue creado hacia fines del primer gobierno de Bachelet, y que precisamente tuvo como propósito completar la institucionalidad ambiental con una instancia especializada que integre en sus decisiones criterios legales, técnicos y científicos. Y tercero, lo más relevante para la discusión país sobre el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile, incluido el de Aysén, son los procesos contenidos en la Agenda: la zonificación territorial de cuencas y el proceso de política energética participativo; ahí es donde Chile debiera enfrentar el tema.

Y después del Tribunal Ambiental viene la Corte Suprema, donde ustedes ya ganaron una vez, ¿les da confianza eso?

Es pertinente analizar la tramitación ambiental de HidroAysén a la hora de reflexionar sobre cómo el Estado ha actuado en relación a la institucionalidad ambiental. Se dice que la institucionalidad no ha dado el ancho y se debate sobre su perfeccionamiento: zonificación territorial, evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana temprana. También se dice que las empresas no han dado el ancho, y que deben iniciar más temprano la socialización de los proyectos. Ambas discusiones legítimas. Se habla menos, sin embargo, sobre las acciones y omisiones del Estado, que en algunos casos han debilitado fuertemente la institucionalidad ambiental. Una institucionalidad puede ser adecuada, pero puede ser mal administrada. Y ha sido así en muchas situaciones. Nadie discute hoy que la resolución del Presidente Piñera en Barrancones infringió un daño a la institucionalidad ambiental. También en el caso de HidroAysén, un proyecto que se ingresa a evaluación ambiental en agosto de 2008, en un contexto donde la política energética del gobierno de la época indicaba que era un imperativo estratégico desarrollar el potencial hidroeléctrico del sur del Canal de Chacao. Fue sujeto de 4 mil observaciones de 35 servicios públicos durante dos administraciones. Se aprueba en mayo de 2011; se somete a una gran cantidad de recursos judiciales de los cuales el 100% son fallados a favor de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluida la Corte Suprema que la valida. A pesar de todo lo anterior, y teniendo un plazo legal perentorio de 60 días, el Comité de Ministros, después de casi 3 años, se reúne y resuelve sólo parcialmente. En definitiva, después de casi 6 años estamos a 4 días de que la parte de la institucionalidad que administra el poder ejecutivo, dicte una resolución definitiva. Más allá del sentido de la resolución que se adopte, estos procesos, así como muchos otros de proyectos de distintos tamaños y tecnologías, debiera preocuparnos por el daño que se le infringe a la institucionalidad ambiental. Es importante re-legitimar la institucionalidad ambiental, promoviendo los perfeccionamientos que en parte se plantean en la Agenda Energética, y tan importante como lo anterior, que todos los actores actuemos dentro de ella, con mejores estándares y de acuerdo al marco regulatorio.

Se filtró que lo más probable es que el Comité de Ministros deje sin efecto la RCA, ¿ese sería el peor escenario?

No hay que especular.

Sin especular, ¿ven su RCA como un activo que van a defender?

Nosotros como HidroAysén hicimos una comparecencia ante el Comité de Ministros donde dejamos establecidos nuestros argumentos en el sentido que usted dice. Cualquier actor diligente debe velar por el valor de sus activos que se basan en un trabajo de los últimos 8 años de muchos profesionales, instituciones y consultores de primer nivel.

Le pregunto por la defensa de la RCA: su validez es por 5 años, y desde que se les entregó ya han pasado tres.

Usted dice un hecho objetivo. Por razones exógenas al titular, han pasado tres años de los cinco de vigencia que tiene la RCA, sin mediar ninguna acción u omisión del titular del proyecto.

Se ha especulado que, si les fuera mal en el Comité de Ministros, una posibilidad sería demandar al Estado ante el Ciadi.

Como empresa chilena tenemos plena confianza en la institucionalidad en Chile, sin perjuicio que tanto el Estado como las empresas hemos pasado por un proceso de adaptación a un nuevo contexto, que no ha estado exento de dificultades.

Agenda Energética

A tres semanas de anunciada la agenda energética, ¿cómo cree que ha decantado el debate?

No hay duda que es una agenda ambiciosa. Lo que es bueno porque establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos cómo son los costos de la energía. Cuando se ancla la discusión en algo tan sensible para todos se consigue visibilizar la discusión y movilizar acciones. El desafío es ver cómo se van bajando los enunciados de la agenda.

La agenda propone hacer una planificación territorial de cuencas y priorizar seis de ellas, ¿qué espera de ese proceso?
En el proceso de planificación territorial de cuencas para desarrollo hidroeléctrico será interesante ver cómo se baja ese proceso, qué cuencas se van a priorizar.

¿Qué criterios debiera tener esa definición?

Sería virtuoso un proceso como este si se aplica a cuencas donde hay dilemas y hay complejidades socio ambientales relevantes. Me refiero a cuencas que no están intervenidas, que a la vez tienen potencial hidroeléctrico relevante, pero también valores ambientales, de conservación o turismo. En esas cuencas es donde es especialmente valioso el ejercicio de planificación territorial. Y cuencas cuyo potencial hidroeléctrico tenga ciertos atributos que lo diferencien de la generación hidroeléctrica actual. Hoy, el 75% de la generación hidroeléctrica está concentrada en la zona centro sur, que es la más expuesta a una reducción en las precipitaciones por el cambio climático.

¿Se requerirá de valentía política para priorizar cuencas que realmente tengan potencial, aún cuando estas tengan un valor ambiental y turístico?

Y por eso se establece un proceso que es un cambio de paradigma, en que antes de evaluar los proyectos individuales se hace un ejercicio, de una macro zona, que contiene distintas cuencas, que tienen varias cosas a la vez: potencial hidroeléctrico, valores ambientales, potencial turístico. Hay que equilibrar dos propósitos, la participación, que es muy valiosa como ejercicio previo, con enfrentar discusiones y tomar definiciones que son complejas, cómo es qué hacer con el gran potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile. Y no me refiero sólo a Aysén. Hay un gran potencial hidroeléctrico en una macro zona que parte desde la Región de la Araucanía hacia el sur, y que tiene el atributo de no estar tan expuesta, como los ríos de la zona centro sur, a la volatilidad climática. Pero que a la vez tienen una riqueza ambiental y potencial turístico.

¿Qué es lo que no le gustaría que resultara de este ejercicio?

Lo que encontraría una postergación de la discusión relevante, sería priorizar cuencas ya intervenidas de la zona centro sur, que tienen proyectos potenciales futuros, pero que ya están siendo desarrollados o tramitados ambientalmente, o cerca de iniciar su tramitación. ¿Dónde debiera aplicarse este nuevo proceso? Donde mayor complejidad hay, donde mayor potencial hidroeléctrico hay y donde mayor usos alternativos hay.

Muchos esperaban en la Agenda que se diera cuenta de una definición respecto de la matriz energética, ¿lo echó de menos?

Se anuncia el proceso de política energética que va a dar lineamientos de matriz energética. Pensar en un plan a 15 años con una matriz energética muy precisa es no conocer la dinámica del mundo, no tiene mucho sentido, las cosas cambian, lo que se dan son ciertos lineamientos, prioridades, con la información que tenemos hoy día, por eso es relevante que esa formulación sea antecedida de un proceso participativo.

El ministro Pacheco dijo el miércoles pasado que estaba buscando adelantar la tramitación de alguno de los proyectos de ley, ¿cuál para usted es prioritario?

El proyecto de ley de eficiencia energética es relevante. Y otro muy relevante es el de transmisión, que por lo que se insinúa es un cambio bastante estructural, no solamente en lo que se refiere a la forma de definir la franja territorial por donde pasan los sistemas de transmisión, que era lo que contenía el proyecto de ley de carretera eléctrica, sino que también a través de un estudio con la Universidad Católica, va a analizar la regulación de la transmisión, cómo se tarifica.

El ministro en la Agenda parte de la base de que hay poca competencia en Chile. ¿Lo comparte?

Hay una realidad objetiva, en las últimas licitaciones de suministro de empresas distribuidoras, no ha habido suficiente dinamismo competitivo. Eso no necesariamente está relacionado con los niveles de concentración, que en Chile ha bajado en los últimos 30 años. Empresas interesadas en entrar en Chile ha habido varias y grades: E.ON intentó entrar con Castilla, Suez intentó volver al SIG con Barrancones, SN Power intentó hacer el proyecto hidroeléctrico Maqueo en el sur. ¿Por qué nuevos actores no han podido ingresar a Chile?, todos los que he mencionado hubieran participado activamente en las licitaciones de suministro. ¿Cuál es la principal barrera de entrada? La dificultad para hacer nuevos proyectos de generación.

De los que menciona, uno no pudo por judicialización, otro por la gestión del ex Presidente y el tercero por la oposición que generó.
No hay ningún proyecto que no esté expuesto a un entorno complejo, que no es sino la otra cara del desarrollo. Es un cambio de contexto que amerita un cambio de las empresas, pero también implica un cambio del Estado. Hay responsabilidad del Estado, la judicialización es un síntoma, ¿por qué se llega a que la Suprema resuelva un proyecto?, porque las instancias previas no lograron resolverlo.

O por qué los proyectos estaban mal presentados…

Todos tenemos que asumir autocríticas. El Estado tiene dos alternativas: o perfecciona la institucionalidad, o actúa dentro de ella. Lo que no puede hacer es actuar fuera de la institucionalidad porque la debilita.

El ministro Pacheco habla de que el Estadio no es neutral al desarrollo de los proyectos, ¿no teme que eso genere una mirada más política y menos técnica?

El desarrollo energético no debe ser visto con un criterio solamente técnico, los procesos participativos donde confluyen varios actores, son procesos políticos.