diciembre 13, 2013 | Comunidad, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Tras sondear varias opciones los accionistas de HidroAysén, Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), están evaluando recurrir a la Contraloría General de la República para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie sobre las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental del complejo hidroeléctrico.
Luego del análisis, la figura que se impuso y que aún está en revisión por parte de la sociedad es una denuncia por notable abandono de deberes por parte de los titulares de los seis ministerios que integran esta instancia: Medio Ambiente (que tiene la presidencia); Economía Fomento y Reconstrucción; Salud, Minería, Agricultura y Energía.
El objetivo detrás de esta acusación sería que el organismo que encabeza Ramiro Mendoza precise los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) en lo relativo a los plazos que establece para convocar a esta instancia y para que ella actúe.
La legislación establece que el comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas , así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para ello se establece un plazo de 60 días.
Una vez que la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) aprobó el proyecto en mayo de 2011 y entregó la RCA, tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron sus reclamaciones. La firma buscando precisar el alcance y aclarar el sentido de algunas de las condiciones impuestas al proyecto, mientras los opositores cuestionan también la aprobación.
Una de las opciones que los accionistas de HidroAysén descartaron en este proceso fue activar el mecanismo de silencio administrativo, porque no sería aplicable a las decisiones del Comité de Ministros, las que no estarían asociadas a un instrumento administrativo puntual, como podría ser la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el caso del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).Conocedores del tema explicaron que la decisión final de concretar una presentación a la Contraloría podría verse en la próxima reunión de directorio de HidroAysén que estaría agendada para la primera quincena de enero.
Preocupación ministerial
Fuentes del mercado comentaron que este lapso buscaría dar “un poco de aire” al tema, considerando que en las ocasiones en que la reunión del Comité se ha programado (y luego suspendido) ha sido para el período entre la segunda vuelta presidencial y el final del año.
Las gestiones que estaría haciendo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, buscarían tratar de convencer al presidente Sebastián Piñera para que autorice la reunión. El primer mandatario tendría congelado el tema debido a la molestia que le habría causado la decisión de Colbún, que en mayo de 2012 recomendó a la sociedad la suspensión de los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de que se den las condiciones de consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz.
Hasta ahora el argumento para explicar porqué la instancia no ha sido convocada es la necesidad de contar con un informe del SEA que sistematice las observaciones como reclamaciones. Sin embargo, existe algún grado de consenso entre los secretarios de Estado en torno a que esta razón es insostenible, pues se trata de 54 reclamaciones, lo que no justificaría tanta dilación, lo que daría sustento a un eventual pronunciamiento favorable a la denuncia por parte de la Contraloría.
diciembre 5, 2013 | Industria
(El Mercurio) En agosto de 2010 Chile se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas al 2020, en el marco de la convención de cambio climático realizada en Copenhague.
Esto, pese a que el país es solo responsable del 0,2% de este tipo de contaminación a nivel mundial, y naciones como China y Estados Unidos, grandes emisores, no acogieron el convenio.
Para evaluar el impacto de cumplir con esta meta, la Asociación de Generadoras de Chile encargó un estudio al Boston Consulting Group (BCG) que concluyó que bajar en 20% las emisiones al 2020 implicaría un costo total de entre US$ 200 millones y US$ 650 millones, es decir entre 0,1% a 0,4% del PIB anual.
Por el contrario, el informe asegura que si el acuerdo se aplaza al 2030 el país podría introducir iniciativas altamente eficientes para el abatimiento de emisiones. Esto último se traduciría en que bajar en 20% los GEI no provoque costos a la economía nacional.
«No hay que actuar de forma apresurada. Hay que hacer bien las cosas, por lo que la reducción de las emisiones tiene que hacerse con sentido común y económico y, por sobre todo, que no hipoteque el futuro de la economía chilena», afirma Ramón Baeza, senior partner and managing director del BCG.
El estudio sostiene que el costo marginal de abatimiento que tendría Chile para cumplir con el acuerdo de disminución de emisiones al 2020 se sitúa entre US$ 52 y US$ 106 por tonelada de CO {+2} . Esto, teniendo en cuenta que el país debe reducir 25 millones de toneladas de CO {+2} en siete años.
Además, en el informe se detalla que Chile cuenta con la segunda menor tasa de emisiones de CO {+2} per cápita entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En cuanto a los sectores que más producen CO {+2} en el país, aparece en primer lugar el segmento de generación eléctrica, seguido por transporte, minería, agricultura y acero, cementos y construcción.
Medidas para reducir
En cuanto a las medidas que debería implementar el país para disminuir sus gases nocivos al año 2030, el análisis de BCG propone tres caminos.
Por un lado, promover la eficiencia energética a nivel de industria y las residencias, sobre todo en la minería.
También, desarrollar políticas de forestación en áreas con potencial para bosques sin fines comerciales y finalmente, «impulsar políticas que permitan materializar los grandes proyectos hidroeléctricos que requieren de amplios consensos en el país».
Según Baeza, es importante para Chile desarrollar iniciativas como HidroAysén (2.750 MW) y Energía Austral (1.000 MW) para mitigar CO {+2} , pues ambas centrales son de energía limpia y revisten un bajo costo de producción de electricidad.
«Lo importante es ejecutar proyectos que además de reducir emisiones, lo hagan de forma sostenible sin un coste para la economía. El potencial de abatimiento de emisiones de estos dos proyectos representa cerca de un tercio del total de la meta que tiene Chile», explica Baeza.
El informe también concluye que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en la actualidad no son una solución óptima para la reducción de emisiones al 2020, «dado que si bien contribuyen a la mitigación de emisiones de GEI, lo hacen con un alto costo de abatimiento frente a otras medidas».
Finalmente, Baeza asegura que a nivel mundial todavía no está clara una definición en conjunto sobre la meta de reducción de los GEI. Por eso, sostiene que para Chile este tema no debería ser un asunto prioritario como política gubernamental.
diciembre 2, 2013 | Industria
(La Tercera) “Hay algunos temas que pueden ser mejorados por las propias industrias, entre ellos, la calidad de los estudios de impacto ambiental. Muchos proyectos no están a la altura ni de los requerimientos de un país como Chile, ni de las capacidades de las empresas que los presentan”. Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera realizó -en el marco de la cena anual del Consejo Minero- un llamado al sector privado para perfeccionar la tramitación ambiental de sus iniciativas.
Ello, en un contexto de creciente judicialización, en que iniciativas como las eléctricas Hidroaysén y Punta Alcalde, y las mineras Pascua Lama y El Morro, han entrado en conflicto con comunidades y grupos ambientalistas, que en algunos casos concluyeron en su paralización tras el dictamen de un tribunal.
De acuerdo a datos entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a La Tercera, entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de US$ 3.162 millones.
En el mismo período, además, fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de US$ 107.637 millones.
El rechazo de las iniciativas se realiza en línea con la Ley 20.417, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que incorpora como mecanismo de control de la información la facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo.
Dicha decisión puede ser tomada de acuerdo a dos causales: la falta de información relevante o esencial (IRE), que puede aplicarse a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); o por la necesidad de someter el proyecto a evaluación mediante un EIA, cuando fue presentado como DIA.
Por ejemplo, podría entenderse que falta información relevante si la descripción de una central hidroeléctrica no expresa de manera adecuada cómo será la represa o si una iniciativa minera no detalla la forma de extracción del mineral.
MENOR CONFLICTIVIDAD
El director del SEA, Ricardo Irarrázabal, explica que antes de realizarse el procedimiento de término anticipado, los impactos significativos de los proyectos surgían durante el proceso de evaluación ambiental, lo que remataba en que se judicializaran o aumentara su período de tramitación, ya que los titulares debían realizar numerosas adendas. “Cuando aumenta el plazo de la evaluación ambiental, la conflictividad con la ciudadanía crece. No se genera una relación de confianza”, indica.
“Si no se resolvía eso en etapa temprana, al final era una especie de muerto que se cargaba por toda la evaluación ambiental hasta el final, y se obligaba al aparato del Estado a hacerse cargo con todas las complejidades, porque no se señalaron los impactos significativos al principio”, agrega.
Irarrázabal señala que pese a que predominan los buenos proyectos, se han registrado casos con deficiencias. “Muchas veces, por estrategia, se guardaba información para ir soltándola de a poco durante la evaluación ambiental. No queremos estrategias de ese tipo, queremos que desde el primer día se presenten todos los impactos que puedan ser evaluados correctamente por los servicios con competencia ambiental”, concluye.
