Estas directrices están en sintonía con la implementación del Acuerdo de Escazú, y con la convicción de la institución ambiental de contar con información que se ajuste a esos estándares.

La alianza contempla el intercambio de información relevante y el desarrollo de proyectos que ayuden en la eficiencia y eficacia del quehacer de ambos organismos en la materia.

El documento tiene como objetivo establecer criterios técnicos con el propósito de medir efectos sobre el riesgo para la salud de la población.

“Queremos llamar su atención al hecho de que el cambio climático es un proceso real, irreversible e incontrovertible”, afirma el texto remitido a la mesa directiva del Consejo Constitucional, donde se solicita reponer el artículo 206 del anteproyecto.

Así lo informó la directora ejecutiva del organismo, Valentina Durán, en el encuentro “Desafíos y perspectivas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile.

El acuerdo tiene como objetivo resguardar el patrimonio cultural, especialmente el arqueológico y paleontológico, al ejecutar proyectos de inversión como los de energía, minería o infraestructura, entre otros.

La multa asciende a 269,8 UTA, equivalente a más de $205 millones, por la configuración de cinco infracciones -dos graves y tres leves- por distintos incumplimientos ambientales, entre ellos la superación de emisiones de dióxido de azufre.

El titular arriesga una multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $3.807 millones.

Según detallaron desde la entidad, el documento tiene el objetivo de brindar una comprensión clara y accesible del procedimiento de PAC en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.