(El Mercurio) En agosto de 2010 Chile se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas al 2020, en el marco de la convención de cambio climático realizada en Copenhague.
Esto, pese a que el país es solo responsable del 0,2% de este tipo de contaminación a nivel mundial, y naciones como China y Estados Unidos, grandes emisores, no acogieron el convenio.
Para evaluar el impacto de cumplir con esta meta, la Asociación de Generadoras de Chile encargó un estudio al Boston Consulting Group (BCG) que concluyó que bajar en 20% las emisiones al 2020 implicaría un costo total de entre US$ 200 millones y US$ 650 millones, es decir entre 0,1% a 0,4% del PIB anual.
Por el contrario, el informe asegura que si el acuerdo se aplaza al 2030 el país podría introducir iniciativas altamente eficientes para el abatimiento de emisiones. Esto último se traduciría en que bajar en 20% los GEI no provoque costos a la economía nacional.
«No hay que actuar de forma apresurada. Hay que hacer bien las cosas, por lo que la reducción de las emisiones tiene que hacerse con sentido común y económico y, por sobre todo, que no hipoteque el futuro de la economía chilena», afirma Ramón Baeza, senior partner and managing director del BCG.
El estudio sostiene que el costo marginal de abatimiento que tendría Chile para cumplir con el acuerdo de disminución de emisiones al 2020 se sitúa entre US$ 52 y US$ 106 por tonelada de CO {+2} . Esto, teniendo en cuenta que el país debe reducir 25 millones de toneladas de CO {+2} en siete años.
Además, en el informe se detalla que Chile cuenta con la segunda menor tasa de emisiones de CO {+2} per cápita entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En cuanto a los sectores que más producen CO {+2} en el país, aparece en primer lugar el segmento de generación eléctrica, seguido por transporte, minería, agricultura y acero, cementos y construcción.
Medidas para reducir
En cuanto a las medidas que debería implementar el país para disminuir sus gases nocivos al año 2030, el análisis de BCG propone tres caminos.
Por un lado, promover la eficiencia energética a nivel de industria y las residencias, sobre todo en la minería.
También, desarrollar políticas de forestación en áreas con potencial para bosques sin fines comerciales y finalmente, «impulsar políticas que permitan materializar los grandes proyectos hidroeléctricos que requieren de amplios consensos en el país».
Según Baeza, es importante para Chile desarrollar iniciativas como HidroAysén (2.750 MW) y Energía Austral (1.000 MW) para mitigar CO {+2} , pues ambas centrales son de energía limpia y revisten un bajo costo de producción de electricidad.
«Lo importante es ejecutar proyectos que además de reducir emisiones, lo hagan de forma sostenible sin un coste para la economía. El potencial de abatimiento de emisiones de estos dos proyectos representa cerca de un tercio del total de la meta que tiene Chile», explica Baeza.
El informe también concluye que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en la actualidad no son una solución óptima para la reducción de emisiones al 2020, «dado que si bien contribuyen a la mitigación de emisiones de GEI, lo hacen con un alto costo de abatimiento frente a otras medidas».
Finalmente, Baeza asegura que a nivel mundial todavía no está clara una definición en conjunto sobre la meta de reducción de los GEI. Por eso, sostiene que para Chile este tema no debería ser un asunto prioritario como política gubernamental.