La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados inició la revisión de dos mociones relacionadas a la distribución y comercialización de gas licuado. Ambas iniciativas tienen como antecedentes factores que afectan a los consumidores, como el alto incremento en el precio durante los últimos doce meses. Además, se considera que existen indicios de colusión en el mercado del gas y en la fijación de precios. Igualmente, se constata falta de competencia para el ingreso de nuevos actores.
En esa línea, se promueve incluir a los municipios en la comercialización del gas o a su asociación por el gas a precio justo.
Entre sus fundamentos, ambos proyectos mencionan la norma constitucional sobre «Estado empresario». Dicha disposición autoriza a desarrollar tales actividades solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Misma norma se replica en la Ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Las propuestas
Una de las mociones es de iniciativa de la bancada PPD e independientes. Ella autoriza a las municipalidades para desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado. Ello se podrá realizar a través de un municipio de manera singular, o bien, mediante una asociación o agrupación de municipalidades.
El diputado Raúl Soto (IND) dijo que la propuesta responde a una demanda ciudadana. Particularmente, dijo que va en favor de la clase media y más vulnerable, que aspiran a acceder a precios más bajos en el gas licuado.
Evaluó que es una ley sencilla para habilitar a los municipios para cumplir con la normativa constitucional y legal. Consideró que la idea no es que los alcaldes generen lucro, ni que quieran transformarse en empresa. Sino que se busca que cumplan con su rol de intermediación social para el beneficio de vecinos y vecinas con el gas a precio justo, con la colaboración de la ENAP.
La otra moción (boletín 14726) autoriza a las municipalidades para distribuir y comercializar todo tipo de servicios de gas licuado de petróleo (GLP) a los consumidores finales. Es una propuesta de diputados PS, DC y RN.
Sus autores buscan colaborar con la propuesta de alcaldes y alcaldesas. Asimismo, da respuesta a lo dictaminado por el contralor general de la República, en orden a autorizar expresamente que los municipios puedan distribuir y comercializar gas.
Observaciones y otros proyectos
El diputado Andrés Longton (RN) manifestó que está de acuerdo con abaratar costos en la distribución del gas y que las personas no paguen un sobreprecio excesivo. Sin embargo, dijo que le preocupa el modelo a aplicar.
Observó que, si es parecido al de la farmacia popular, sería un programa exitoso. Pero alertó que existen problemas de gestión en ciertas comunas. En tal plano, estimó que hay que resguardar de buena manera el gasto público. Asimismo, recalcó que no todas las municipalidades tienen las capacidades técnicas para llevarlo a cabo.
En la sesión se dio cuenta que se presentaron otras dos mociones relacionadas a este tema, ingresadas con posterioridad. En tal contexto, el grupo parlamentario decidió pedir a la Sala la fusión de las cuatro iniciativas.
Respecto de las audiencias, se propuso invitar a la Asociación Nacional de Municipios por el Gas a Precio Justo. Además, se pediría presentar su postura al contralor, al fiscal nacional económico y al superintendente de electricidad y combustibles. También se espera el aporte de académicos de derecho económico y administrativo.