Las renuncias a estos derechos han mostrado un alza durante los últimos años. En 2015 se registraron 16 casos, en 2018 fueron 73 y el año pasado bordearon los 40 casos. La mayoría de estas restituciones está ligada a proyectos hidroeléctricos.

Las deudas ambientales están en la pauta del día. Los incentivos deben orientar a la industria a cambiar el combustible para sus operaciones, más que a pagar tributos por contaminar.

La ampliación del gravamen a instalaciones de otros sectores productivos, como el cementero o la minería -debido a los cambios de este gravamen que se consideran en el proyecto de reforma tributaria-, implicaría un incremento promedio de US$47 millones por año en el pago que realizarán las empresas.

Los alcaldes de Coronel y Cabrero, que son las que tienen más compañías que deben pagar el gravamen por contaminar, insisten en que estos fondos queden en las comunas donde se generan los perjuicios y que no lleguen a las arcas a nivel central.

Esto se logra si estos vehículos alcanzan el 40% del mercado. Gobierno propondrá ciertos estímulos en proyecto de ley.

Las fuentes móviles -como automóviles y camiones- aportaron US$107 millones el año pasado. 

El gravamen a fuentes fijas tendrá un costo de US$5 por cada tonelada emitida e incluirá plantas con potencia térmica nominal mayor a 50 MWt.

De acuerdo a cifras de la Tesorería General de la República, los montos alcanzados entre enero y noviembre llegarán a los $48 mil millones.

Proceso sería liderado por Colliers, partiría en abril y finalizaría el tercer trimestre.