Lunes 27 de junio, 2022
Cifra representa una baja del 1,4% respecto del año anterior. También se observa una disminución en las emisiones contaminantes, otro de los objetivos que se persiguen con este tributo.
Las renuncias a estos derechos han mostrado un alza durante los últimos años. En 2015 se registraron 16 casos, en 2018 fueron 73 y el año pasado bordearon los 40 casos. La mayoría de estas restituciones está ligada a proyectos hidroeléctricos.
Las deudas ambientales están en la pauta del día. Los incentivos deben orientar a la industria a cambiar el combustible para sus operaciones, más que a pagar tributos por contaminar.
La ampliación del gravamen a instalaciones de otros sectores productivos, como el cementero o la minería -debido a los cambios de este gravamen que se consideran en el proyecto de reforma tributaria-, implicaría un incremento promedio de US$47 millones por año en el pago que realizarán las empresas.
Los alcaldes de Coronel y Cabrero, que son las que tienen más compañías que deben pagar el gravamen por contaminar, insisten en que estos fondos queden en las comunas donde se generan los perjuicios y que no lleguen a las arcas a nivel central.
Esto se logra si estos vehículos alcanzan el 40% del mercado. Gobierno propondrá ciertos estímulos en proyecto de ley.
Las fuentes móviles -como automóviles y camiones- aportaron US$107 millones el año pasado.
El gravamen a fuentes fijas tendrá un costo de US$5 por cada tonelada emitida e incluirá plantas con potencia térmica nominal mayor a 50 MWt.
De acuerdo a cifras de la Tesorería General de la República, los montos alcanzados entre enero y noviembre llegarán a los $48 mil millones.
Proceso sería liderado por Colliers, partiría en abril y finalizaría el tercer trimestre.