El impuesto verde a las emisiones de gases CO2, que está impulsando el Gobierno en el Congreso, pretendería recaudar unos US$190 millones al año 2017 para las arcas fiscales, mientras que en el 2023 la cifra podría aumentar a US$250 millones, según señaló Nicola Borregaard, jefa de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, quien aclaró que esta cifra se refiere a la recaudación esperada para plantas de generación eléctrica, no a la totalidad de las instalaciones afectas al tributo, como calderas de otros procesos industriales.
Este fue uno de los puntos revisados en el Foro “Carbon Pricing: Instrumento útil para una economía más sustentable”, organizado por la Embajada de Alemania, con el patrocinio de la Cámara Chileno- Alemana (Camchal), institución que es media-partner de Revista ELECTRICIDAD.
El debate fue moderado por Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, quien destacó que el impuesto verde en realidad es más una señal a la industria energética para que se internalice la necesidad de superar las externalidades negativas de las emisiones.
Por su parte, René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, lamentó que el tema de los impuestos verdes no haya sido discutido con anterioridad antes de tramitarse en el Congreso, como parte de la reforma tributaria que impulsa el Congreso.
La cita partió con la exposición de Jurgen Landgrebbe, director del Departamento de Plantas de Energía, Aviación, Registro y Aspectos Económicos de la Oficina Alemana para el Comercio de Emisiones, quien planteó que la tarificación de emisiones opera como un instrumento de control que establece límites a las emisiones de gases, lo que sirve para aumentar la eficiencia energética en operadores y en la demanda.