La iniciativa que durmió por casi cinco años en el Congreso logró ser aprobada en la Cámara de Diputados, luego que el Ejecutivo incluyera la fórmula de que las nuevas reglas solo afectarán a las pocas aguas que aún están disponibles para asignarse en Chile, aproximadamente un 10% del total, por lo que, respecto al 90% restante, la propiedad privada se consolida, al menos mientras no se logre aprobar una reforma constitucional que cambie la categorización del recurso.
