El proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, y que se tramita en el Congreso, contempla la modificación del sistema de sanciones, establecidos el aumento de las multas pasando de las actuales 20 UTM a una multa máxima de 4.000 UTM, y de hasta 5.000 UTM en el caso del delito de usurpación de aguas y de duplicación de inscripciones de derechos de aprovechamiento.
Así lo señala a Revista ELECTRICIDAD, Carlos Ciappa, socio de ILC Abogados, quien también destaca que la iniciativa establece obligaciones respecto a la instalación de sistemas de medición, además de facultar al director General de Aguas «para emitir normas e instrucciones de carácter general mediante circulares que deberán ser sistematizadas por el propio servicio».
A su juicio, «a diferencia del proyecto de ley impulsado por el actual gobierno -que reforma completamente el sistema de asignación de derechos de agua- este proyecto incorpora una actualización de las facultades fiscalizadoras y de las sanciones en materia de aguas. Ello, con el objetivo de equipararlas con las existentes en otros ámbitos del marco jurídico nacional, como por ejemplo: la institucionalidad ambiental».
Si bien el especialista considera positivo que la DGA tenga mayores herramientas fiscalizadores como se plantea en el proyecto, aclara que también es necesario avanzar en un fortalecimiento del organismo, el cual «debe necesariamente ir acompañado de una mayor dotación de personal y recursos para que se logre el objetivo buscado con la reforma».
Desafíos
Ciappa afirma que este proyecto «significa un desafío adicional para todos los usuarios de aguas, incluida la industria hidroeléctrica, pues, constituye un avance hacia un uso más ordenado e informado del recurso, mediante obras que cuenten con las aprobaciones pertinentes y con sistemas de medición modernos».
«Los desarrolladores y operadores de proyectos hidroeléctricos han tenido siempre la obligación de velar porque sus iniciativas cuenten con los derechos de agua y las autorizaciones de obras que exige el Código de Aguas. Esta reforma significa poner mayor atención en aquello a fin de evitar situaciones irregulares. Por ejemplo: que los proyectos cuenten con derechos de agua ajustados a sus obras o que dichas obras cuenten con las aprobaciones y recepciones definitivas correspondientes», precisa el abogado.
Ciappa aclara que la eficacia de las normas que se proponen en el proyecto de Ley «dependerá de la implementación que se haga de las mismas, de la reglamentación complementaria que dicte la Dirección General de Aguas con ese fin y de la entrega de información por parte de los usuarios».
En su opinión, por lo tanto, hay espacio para perfeccionar la iniciativa legal, puesto que «este proyecto entrega a la Dirección General de Aguas la tarea de elaborar reglamentación complementaria, abriendo una oportunidad para encaminar debidamente las obligaciones que contiene la ley, de modo que mejorar los sistemas de información no signifique una carga para cualquiera de las industrias».
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