La acción, que también involucra a Enel Colina, se presentó luego que la propuesta entregada por la empresa al servicio estatal fuera considerada insuficiente, «porque no compensaba a todos los consumidores afectados».

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a la empresa eléctrica a pagar una multa por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores e indemnizar a clientes afectados por cortes de energía que afectaron a cuatro regiones del país, en junio y julio de 2017.

La moción se realizó entendiendo la necesidad de resguardar la continuidad del servicio eléctrico de recintos hospitalarios y de salud primaria, educación subvencionada municipal y recintos penitenciarios.

A raíz de la prohibición de corte de estos suministros por no pago de las cuentas durante la pandemia, las distribuidoras eléctricas acumulan más de US$200 millones por cobrar, mientras que para las sanitarias ese monto asciende a US$251 millones. Hasta ahora, del orden del 10% de los clientes que tiene deuda ha suscrito los convenios de repactación que la norma establece, mientras la senadora DC Ximena Rincón asegura que es imprescindible mantener la normativa, porque «la situación sigue siendo crítica y en muchos hogares no están en condiciones de enfrentarla».

Las direcciones regionales de Antofagasta, Tarapacá y de Arica y Parinacota monitorearon la recuperación del servicio en sus respectivas zonas. Según la información preliminar, a las 12:05 horas se produjo una falla en la subestación Crucero, cuyo origen es visto por el organismo fiscalizador.

Los autores del proyecto de ley buscan que los usuarios no sean afectados por los problemas económicos en sus municipios, que puedan implicar cortes del suministro eléctrico en lugares como centros de salud o alumbrado público.

A noviembre se han producido cerca de 2.700 accidentes de tránsito que han involucrado daños a la infraestructura de distribución eléctrica, mientras que el 62% de los casos causó cortes de suministro a la población, indicó la empresa.

El motivo fue haber superado el máximo permitido de horas sin suministro en un año, por lo que se aplicaron 17 sanciones contra CGE, Enel, Saesa, Frontel y Luz Osorno.

«Con la continuación de estas medidas luego de la renovación del estado de catástrofe, las empresas de distribución eléctrica reiteramos nuestro compromiso con nuestros clientes mediante el otorgamiento de esos beneficios sin costo adicional por intereses», informó la Asociación de Empresas Eléctricas.