(El Mercurio) Dentro de un mes, el 5 de mayo, expira la Ley de Servicios Básicos, norma que prohibió a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, distribuidoras eléctricas y de gas por redes, cortar el suministro por no pago a un amplio espectro de clientes: el 60% de la población más vulnerable, adultos mayores, desempleados, y todo aquel que pueda acreditar o declarar problemas para saldar sus consumos. Esta ley surgió el año pasado para ir en ayuda de las familias que han perdido o han visto reducidos sus ingresos a causa de los estragos de la pandemia.
En los más de 12 meses de aplicación de esta normativa -que contempló las deudas contraídas con estas empresas a partir del 18 de de marzo de 2020-, ya hay un balance de cuál es el estado de situación. Se contabilizan más de 1,3 millones de clientes que deben cuentas de luz o de agua -los servicios más masivos que esta legislación considera-, y el monto de los impagos asociados a este grupo superan los US$450 millones, de acuerdo con los datos proporcionados por autoridades y la industria.