diciembre 9, 2015 | Industria
(El Mercurio) Con el desierto más árido y seco del mundo, el de Atacama, Chile es una de las zonas del planeta con mayor potencial para la energía solar. Pero como la tecnología se creó en otras latitudes, no es la más adecuada para aprovechar dicha riqueza. Para subsanar esa deficiencia, las empresas Cintac, del grupo acerero CAP; BBosch, de la familia de igual nombre, así como la tecnológica Axys, formaron un consorcio para producir equipos de centrales solares adaptadas al hábitat chileno.
Este grupo trabaja en conjunto con Corfo y el International Solar Energy (ISC) de Konstanz, Alemania, para explotar el potencial del país en esta energía. También negocian con una compañía italiana para que fabrique paneles adecuados al contexto chileno, de más radiación y menos humedad que en Australia, el sur de Europa o el suroeste de Estados Unidos, que es de donde proviene la tecnología hoy disponible.
Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, explica que el objetivo es desarrollar una industria para abastecer al país y que también pueda exportar la tecnología a otras regiones con clima y desafíos similares a Chile. Por su potencial, esta iniciativa tiene el estatus de «Programa Estratégico» y es monitoreada desde Europa por el destacado ejecutivo chileno Juan Rada, ex vicepresidente mundial de Oracle.
Álvaro Urzúa, gerente general de Axys, sostiene que el producto generado permitirá que Chile tenga en el mediano plazo «una oferta exportadora de alto valor agregado y sofisticación tecnológica, posicionándonos como fabricantes de equipos y sistemas de manejo de potencia para energías renovables».
Urzúa señala que Axys busca con este proyecto convertirse en productor global de sistemas tecnológicos sofisticados y eficientes para la generación de energía solar fotovoltaica.
A nivel país, la meta de Corfo a 10 años es contar con 3.200 megawatts (MW) instalados de tecnología solar en Chile, el 10% de la energía que requiere el sistema, lo que supone US$ 9 mil millones de inversión y la posibilidad de que casas e industrias puedan autogenerar unos 250 MW. En términos de empleo, de desarrollar este sector, se podría dar trabajo a 45 mil personas, destaca Bitran. De acuerdo al gerente general de Axys, esta energía puede crecer en las próximas décadas a tasas de 25% al año.
Según cálculos del Gobierno, el costo de generación con esta tecnología pasaría de US$ 60 por MW/h a US$ 25 MW/h al 2025, una baja de 58%, logrando la meta del Ministerio de Energía de reducir las cuentas de luz a los niveles más bajos de la OCDE y cumplir las metas de reducción de emisiones.
De acuerdo a Bitran, ya en tres años más -2018- se registrarían bajas sustantivas de precio, llegando a US$ 45 por MW/h.
Como en 2025 ya habrá integración entre los sistemas eléctricos del Norte Grande (SING) y Central (SIC), esta tecnología podrá complementarse con la hidroelectricidad, dice Bitran.
Uno de los desafíos es cómo generar la mayor cantidad de horas, ya que el sol en el Norte Grande suministra radiación de 8:00 de la mañana a las 18:00 horas, aunque la demanda -el 90% del consumo de la zona va a las mineras- es estable a lo largo del día, mientras que en la zona central los peak de consumo son al final de la tarde y hacia las 20:00 horas. Una opción, explica Bitran, es que en el día se abastezca el sistema con energía solar, pero que después de las 18:00 horas se utilice hidroelectricidad.
[Google abastecerá el 100% de su operación en Chile con energía solar]
diciembre 2, 2015 | Industria
(Diario Financiero) Enersis respondió al último oficio que le envió la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la que pide más detalles sobre la controversial reestructuración que propone Enel, la cual genera dudas y resistencia en el directorio de su filial Endesa y en los accionistas minoritarios como las AFP.
En un hecho esencial enviado a la SVS, el holding eléctrico detalló que el también polémico aumento de capital de 2012 será usado para pagar la OPA por Endesa.
Cabe recordar que en esa ocasión los minoritarios suscribieron en efectivo unos US$ 1.200 millones, mientras que la generadora concurrió aportando «especies».
Según detalló Enersis, esta OPA en si misma supone una aceleración del compromiso de uso de fondos y cumplimiento del compromiso adquirido en la ampliación de capital de 2012. «Esto es, se culmina dentro de un plazo reducido y en términos beneficiosos para la compañía, el empleo de los fondos aportados por los socios en su momento para, entre otros destinos, la «compra de accionistas minoritarios», como es el caso de las participaciones sociales de Endesa Américas».
Según el conglomerado, la reorganización aporta beneficios claros e inmediatos a Enersis desde el primer momento. Sin embargo, para el caso de Endesa esos beneficios se obtienen plenamente si la fusión se materializa o se compensan transcurrido un tiempo desde que haya certeza de que la misma fracase.
[Analistas ven que Enersis se valorizaría hasta en 10% por elección de Macri]
noviembre 30, 2015 | Industria
(La Tercera) La discusión sobre las reformas impulsadas por el gobierno ha estado en el centro del debate nacional. Pero, además de la tributaria, laboral y constitucional, hay otra que concita el interés del empresariado: las futuras modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las circunstancias que desembocaron en la paralización del proyecto termoeléctrico Barrancones, de Suez Energy, y la negativa del Comité de Ministros a Hidroaysén, marcaron un antes y un después en la mirada de los privados sobre esta herramienta de evaluación, y los motivó a a formular propuestas para su modificación, tras 18 años.
La instancia propicia para aquello se dio en abril de este año, cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de la “Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA”, que tras nueve meses de debate entregará en enero de 2016 una propuesta para modificar, ya sea a nivel de reglamento o legislativo, ese instrumento.
Fue así como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) elaboró un documento, al que obtuvo acceso La Tercera, en el que plantean doce puntos que consideran como “temas prioritarios”.
Comité de ministros
La pertinencia del comité de ministros en la toma de decisiones frente a la construcción de proyectos es uno de los aspectos clave de la propuesta de la CPC. El gremio plantea avanzar en medidas que otorguen estabilidad y certeza jurídica a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, con ese objetivo, revisar el sistema recursivo asociado a la RCA, “en particular el rol del comité de ministros y las reclamaciones ante este”.
La CPC también planteó la posibilidad de revisar “la composición político-técnica de la instancia que apruebe ambientalmente los proyectos y sus sistemas de reclamos”. En el desarrollo de este punto, el empresariado nuevamente plantea la necesidad de evaluar “el rol que ha tenido el comité de ministros como instancia de revisión de las reclamaciones”, analizando posibles mejoras e incluso cambios a la institucionalidad.
El comité de ministros tiene actualmente como función el conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Resolución de Calificación Ambiental, además de reclamaciones presentadas por personas que hayan formulado observaciones al EIA.
Las críticas del empresariado a las decisiones del Comité de Ministros no son nuevas. En junio de 2014, el entonces presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, dijo que la decisión de la instancia que invalidó la RCA del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén era una “mala señal”.
En mayo de este año, en tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también apuntó a la decisión del Comité de Ministros de invalidar la RCA del proyecto minero Los Pumas, apelando al impacto “ en el crecimiento y la generación de empleo”, que causaba esta medida.
Flexibilizar evaluación
Otra propuesta del empresariado apunta a diferenciar los proyectos de inversión más complejos de los de fácil tramitación.
La CPC sugiere fijar condiciones especiales para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de grandes proyectos, “simplificando el procedimiento para inversiones de menor tamaño”.
El empresariado planteó al gobierno la necesidad de ampliar el espectro de instrumentos utilizados en el proceso de evaluación ambiental, para lograr un sistema “más flexible”. Así, señala que “se podría emigrar a un sistema que agregue un primer instrumento simple como una declaración jurada con la posibilidad de incorporar seguros ambientales, y se establezcan condiciones especiales”.
[Proyectos en el SEIA esperan 14 meses en promedio para ser aprobados]
noviembre 20, 2015 | Formación
(El Mercurio) Incertidumbre sobre el futuro de los planteles y la continuidad de estudios de alumnos y de empleos para académicos. También falta de información, ambigüedad y dependencia de beneficios como la gratuidad o de becas.
Varios son los temores y críticas de autoridades y alumnos de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) de regiones que despierta la tramitación en el Congreso del proyecto de gratuidad en la educación.
Porque si hasta la semana pasada siete planteles técnicos podrían acceder a la gratuidad, el Congreso aceptó un endurecimiento de criterios y ahora se pide que los CFT e IP que quieran acceder al beneficio deban no solo ser fundaciones, sino que además tener al menos cuatro años de acreditación. Con esto, el IP de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux quedó fuera de la política, y solo seis planteles con sedes en cinco regiones cumplen con los requisitos.
Así, 93 instituciones con más de 400 mil alumnos en otras nueve regiones no podrán acceder en 2016 a la gratuidad, afectando fuertemente su competitividad frente a aquellos planteles que sí gozarán del beneficio.
“Vemos un proyecto ambiguo, que no fue bajado a nivel regional. No sabemos qué pasará con los docentes, si mantendrán sus sueldos o cuánto serán los montos de subsidios que entregará el Gobierno si cambiamos la figura legal”, reclama María Eugenia Lorca, vicerrectora académica del Centro de Formación Técnica Esane, con 33 años de trayectoria en Antofagasta.
En Calama, Ivania Vidal (23) quedó sin trabajo tras la reducción de personal en una minera. Su sueldo lo destinaba al estudio de mantenimiento industrial en Inacap. “Acá todo está enfocado a la minería. Yo tengo una deuda de $1.000.000 y es difícil retomar la carrera si no hay gratuidad”, confiesa.
En Iquique, Gerardo Araya (22) estudia técnico de prevención de riesgos en el CFT Santo Tomás. “El problema está en la libertad de elegir dónde quiero estudiar. Yo preferí estar acá porque soy cristiano y acá es la única oferta de este tipo”, reclama.
En Rancagua, Alejandra Ruttimann, vicerrectora de IPChile, con 2.700 estudiantes, advierte que la forma en que se plantea el sistema de gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables incorpora graves discriminaciones.
“Se pone como condición que estén organizados como fundaciones o corporaciones, en circunstancias que la mayor parte de los institutos son sociedades. Si se mantiene la medida, muchas ciudades, incluida Rancagua, quedarían al margen de la gratuidad. Pensamos que la solución es sencilla y consiste en aumentar y simplificar el acceso a becas y créditos”, añade.
En esa ciudad, Víctor Bascuñan (21) viaja todos los días poco más de 55 km a San Vicente de Tagua Tagua. Ahí estudia kinesiología en el Instituto Profesional de Chile y afirma que “tenemos compañeros de curso que vienen incluso de Pichilemu y de Santa Cruz, que pagan arriendo. Es un costo extra”.
También en Rancagua, Cristián Pérez, director del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux -cuya matrícula es de 400 alumnos- señala que siguen el proceso con expectación, luego de perder la condición de ser la única institución de educación superior de la Región de O’Higgins que se integraría al sistema de gratuidad, al no tener fines de lucro. La mayoría de sus estudiantes ya estudia prácticamente gratis, o pagan muy poco, gracias a los beneficios existentes en ese plantel.
En el extremo norte, en Arica, Yaritza Leiva (24) es madre, tiene un trabajo a medio tiempo y estudia en el Centro de Formación Técnica de Tarapacá para ser técnico en educación parvularia.
“Pagamos $180 mil de matrícula, más mensualidades de $120 mil. Si no tienes beca o gratuidad te perjudica porque la mayoría no tiene ese dinero”, afirma.
Marta Meza, rectora de ese centro educativo de 2.400 alumnos, reconoce que al menos un 70% de los matriculados requeriría gratuidad, pero se muestra más optimista sobre el tema. “Esto es un proceso que no se da de un año para otro. Somos una institución acreditada por cuatro años, privada, pero sin fines de lucro porque lo que se genera se reinvierte en los alumnos, y debemos ver la transformación a una corporación”, indica. En esa misma condición están otros recintos, como el CFT San Agustín de Talca, ligado al obispado local.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, apunta a que “si había que focalizar el apoyo, que se focalizara en estudiantes de educación técnico-profesional, porque al estudiar carreras más breves, al provenir de quintiles más desfavorecidos, significaría una palanca de ayuda social”.
7 eran las regiones del país que se quedaban afuera de la gratuidad en la educación, antes de que se añadiera el requisito de tener cuatro años de acreditación.
2 se agregaron a esa condición con el cambio: O’Higgins y La Araucanía.
88 son los CFT e IP que funcionan en la Región Metropolitana, entre acreditados con y sin fines de lucro, y también los no acreditados.
Radiografía a lo largo del país
Centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) no acreditados en el país: son 114 en total. Planteles en esa condición funcionan en Valparaíso y en Biobío, las regiones en donde son más numerosos, con 16 y 13, respectivamente. No hay registro de ellos en el extremo norte del país, en Arica y Parinacota, y en Tarapacá.
Asimismo, 40 establecimientos en esa condición hay en la Región Metropolitana, incluyendo Santiago.
CFT e IP que están acreditados y constituidos con fines de lucro: son 112. De ellos, la Región de Valparaíso concentra 13, seguida por Biobío con 10, además de Coquimbo y La Araucanía, ambas con ocho.
Dos planteles con esa condición tiene la Región de Aysén, que registra la menor cantidad de ellos en el país.
CFT e IP acreditados y constituidos sin fines de lucro: Son 16. En la Región del Biobío hay tres establecimientos en esa condición y dos en Valparaíso.
Mientras que son siete las regiones en donde no funciona ningún plantel de ese tipo. Estas son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
Y seis son los recintos en esa condición que hay en la Región Metropolitana, incluyendo Santiago.
CFT e IP acreditados, constituidos con o sin fines de lucro. Son 128. De ellos, la Región de Valparaíso y Biobío tienen 15 y 13, respectivamente.
La Región de Aysén es la que menos tiene, solo con dos.
En tanto, 10 establecimientos acreditados hay en Arica y Parinacota y en Los Ríos, las dos regiones más nuevas del país, con cinco en cada una de ellas.
noviembre 16, 2015 | Industria
Abengoa informó que se adjudicó la ingeniería y construcción de dos nuevas líneas de transmisión eléctrica, una subestación y la ampliación de una línea ya existente en Chile, por aproximadamente US$180 millones.
Impulsada por la Comisión Nacional de Energía, la primera adjudicación corresponde a la ingeniería y construcción de la línea de 150 km que unirá las Regiones de La Araucanía y Los Lagos, detalla la empresa. El proyecto, que también incluye la construcción de una subestación, así como la concesión de la línea por un plazo de 20 años, generará más de 300 empleos directos durante su etapa de construcción.
La segunda adjudicación consiste en la construcción de una subestación en la Región de O´Higgins. El proyecto tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses.
Por otro lado, la tercera adjudicación consiste en el aumento de capacidad de una línea de transmisión eléctrica entre Cardones y Diego de Almagro. La ampliación, licitada por la empresa Transelec e impulsada por la Comisión Nacional de Energía, está ubicada en la zona norte, y tiene un plazo de ejecución previsto de 27 meses.
Por último, la cuarta adjudicación se trata de la construcción y montaje de una línea eléctrica de 20 km para el cliente Minera Centinela, ubicado en la Región de Antofagasta. El plazo total de construcción es de ocho meses, y se espera generar empleo para un máximo de 120 personas.
Además, en todos los casos, Abengoa también se encargará de la tramitación de los permisos ambientales, el suministro, el montaje, las pruebas de los equipos y la puesta en marcha del sistema. Está previsto que los proyectos comiencen a ejecutarse a finales de 2015.
