(El Mercurio) Incertidumbre sobre el futuro de los planteles y la continuidad de estudios de alumnos y de empleos para académicos. También falta de información, ambigüedad y dependencia de beneficios como la gratuidad o de becas.
Varios son los temores y críticas de autoridades y alumnos de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) de regiones que despierta la tramitación en el Congreso del proyecto de gratuidad en la educación.
Porque si hasta la semana pasada siete planteles técnicos podrían acceder a la gratuidad, el Congreso aceptó un endurecimiento de criterios y ahora se pide que los CFT e IP que quieran acceder al beneficio deban no solo ser fundaciones, sino que además tener al menos cuatro años de acreditación. Con esto, el IP de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux quedó fuera de la política, y solo seis planteles con sedes en cinco regiones cumplen con los requisitos.
Así, 93 instituciones con más de 400 mil alumnos en otras nueve regiones no podrán acceder en 2016 a la gratuidad, afectando fuertemente su competitividad frente a aquellos planteles que sí gozarán del beneficio.
“Vemos un proyecto ambiguo, que no fue bajado a nivel regional. No sabemos qué pasará con los docentes, si mantendrán sus sueldos o cuánto serán los montos de subsidios que entregará el Gobierno si cambiamos la figura legal”, reclama María Eugenia Lorca, vicerrectora académica del Centro de Formación Técnica Esane, con 33 años de trayectoria en Antofagasta.
En Calama, Ivania Vidal (23) quedó sin trabajo tras la reducción de personal en una minera. Su sueldo lo destinaba al estudio de mantenimiento industrial en Inacap. “Acá todo está enfocado a la minería. Yo tengo una deuda de $1.000.000 y es difícil retomar la carrera si no hay gratuidad”, confiesa.
En Iquique, Gerardo Araya (22) estudia técnico de prevención de riesgos en el CFT Santo Tomás. “El problema está en la libertad de elegir dónde quiero estudiar. Yo preferí estar acá porque soy cristiano y acá es la única oferta de este tipo”, reclama.
En Rancagua, Alejandra Ruttimann, vicerrectora de IPChile, con 2.700 estudiantes, advierte que la forma en que se plantea el sistema de gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables incorpora graves discriminaciones.
“Se pone como condición que estén organizados como fundaciones o corporaciones, en circunstancias que la mayor parte de los institutos son sociedades. Si se mantiene la medida, muchas ciudades, incluida Rancagua, quedarían al margen de la gratuidad. Pensamos que la solución es sencilla y consiste en aumentar y simplificar el acceso a becas y créditos”, añade.
En esa ciudad, Víctor Bascuñan (21) viaja todos los días poco más de 55 km a San Vicente de Tagua Tagua. Ahí estudia kinesiología en el Instituto Profesional de Chile y afirma que “tenemos compañeros de curso que vienen incluso de Pichilemu y de Santa Cruz, que pagan arriendo. Es un costo extra”.
También en Rancagua, Cristián Pérez, director del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux -cuya matrícula es de 400 alumnos- señala que siguen el proceso con expectación, luego de perder la condición de ser la única institución de educación superior de la Región de O’Higgins que se integraría al sistema de gratuidad, al no tener fines de lucro. La mayoría de sus estudiantes ya estudia prácticamente gratis, o pagan muy poco, gracias a los beneficios existentes en ese plantel.
En el extremo norte, en Arica, Yaritza Leiva (24) es madre, tiene un trabajo a medio tiempo y estudia en el Centro de Formación Técnica de Tarapacá para ser técnico en educación parvularia.
“Pagamos $180 mil de matrícula, más mensualidades de $120 mil. Si no tienes beca o gratuidad te perjudica porque la mayoría no tiene ese dinero”, afirma.
Marta Meza, rectora de ese centro educativo de 2.400 alumnos, reconoce que al menos un 70% de los matriculados requeriría gratuidad, pero se muestra más optimista sobre el tema. “Esto es un proceso que no se da de un año para otro. Somos una institución acreditada por cuatro años, privada, pero sin fines de lucro porque lo que se genera se reinvierte en los alumnos, y debemos ver la transformación a una corporación”, indica. En esa misma condición están otros recintos, como el CFT San Agustín de Talca, ligado al obispado local.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, apunta a que “si había que focalizar el apoyo, que se focalizara en estudiantes de educación técnico-profesional, porque al estudiar carreras más breves, al provenir de quintiles más desfavorecidos, significaría una palanca de ayuda social”.
7 eran las regiones del país que se quedaban afuera de la gratuidad en la educación, antes de que se añadiera el requisito de tener cuatro años de acreditación.
2 se agregaron a esa condición con el cambio: O’Higgins y La Araucanía.
88 son los CFT e IP que funcionan en la Región Metropolitana, entre acreditados con y sin fines de lucro, y también los no acreditados.
Radiografía a lo largo del país
Centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) no acreditados en el país: son 114 en total. Planteles en esa condición funcionan en Valparaíso y en Biobío, las regiones en donde son más numerosos, con 16 y 13, respectivamente. No hay registro de ellos en el extremo norte del país, en Arica y Parinacota, y en Tarapacá.
Asimismo, 40 establecimientos en esa condición hay en la Región Metropolitana, incluyendo Santiago.
CFT e IP que están acreditados y constituidos con fines de lucro: son 112. De ellos, la Región de Valparaíso concentra 13, seguida por Biobío con 10, además de Coquimbo y La Araucanía, ambas con ocho.
Dos planteles con esa condición tiene la Región de Aysén, que registra la menor cantidad de ellos en el país.
CFT e IP acreditados y constituidos sin fines de lucro: Son 16. En la Región del Biobío hay tres establecimientos en esa condición y dos en Valparaíso.
Mientras que son siete las regiones en donde no funciona ningún plantel de ese tipo. Estas son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
Y seis son los recintos en esa condición que hay en la Región Metropolitana, incluyendo Santiago.
CFT e IP acreditados, constituidos con o sin fines de lucro. Son 128. De ellos, la Región de Valparaíso y Biobío tienen 15 y 13, respectivamente.
La Región de Aysén es la que menos tiene, solo con dos.
En tanto, 10 establecimientos acreditados hay en Arica y Parinacota y en Los Ríos, las dos regiones más nuevas del país, con cinco en cada una de ellas.