junio 28, 2016 | Industria
(Pulso) HidroAysén se niega a morir. Si bien la iniciativa -cuya propiedad comparten Colbún y Endesa Chile- perdió su permiso ambiental en manos del Comité de Ministros, sus ejecutivos están analizando diversas fórmulas para aprovechar el potencial hidroeléctrico de los ríos Baker y Pascua y, en particular, de sus derechos de agua.
Esto, justo en momentos en que el Ejecutivo está impulsando la elaboración de una nueva política energética en Aysén, que tiene por objetivo zanjar la discusión sobre si se podrá o no utilizar los recursos hidroeléctricos que tiene la región austral.
En esa línea, hace algunas semanas se reunieron el gerente general de HidroAysén, Camilo Charme, con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero. ¿El objetivo? Según consta en el sitio de Ley Lobby, fue “Modificación DFL N°4 Servicios Generales de Electricidad”.
En la audiencia, que se extendió por media hora, el ejecutivo solicitó conocer más antecedentes sobre la estrategia energética del gobierno en la zona de Aysén, además de requerir información sobre el concepto de “polos de desarrollo” incorporado en la Ley de Transmisión, y que consiste en zonas de potencial eléctrico que mantienen en común una línea de transmisión.
“Se entenderá por polos de desarrollo a aquellas zonas territorialmente identificables en el país, ubicadas en las regiones en las que se emplaza el Sistema Eléctrico Nacional , donde existen recursos para la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público por ser eficiente económicamente para el suministro eléctrico”, señala la propuesta de cambio legal.
Justamente, el Gobierno decidió dejar fuera de esta figura a la Región de Aysén.Apertura. Aquí radica el interés de HidroAysén, según fuentes ligadas a la compañía. Esto último porque un cambio a la normativa podría beneficiarlos y darle viabilidad al proyecto.
En esa línea, las socias incluso estarían dispuestas a disminuir el tamaño de las centrales, explican en la industria.
“En Colbún seguimos convencidos que el potencial hidroeléctrico de la Región de Aysén presenta beneficios para el crecimiento del país y que la opción de participar en él representa una fuente potencial de generación de valor de largo plazo para la empresa”, afirma una de las socias, de manera oficial. Endesa, el otro socio, decidió no emitir comentarios.
En paralelo, la sociedad sigue jugando sus últimas fichas en la Justicia en dos frentes: la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se libra una batalla por la revocación de derechos de agua hecha por la DGA a fines del año pasado y la Justicia Ambiental, que evalúa la legalidad de la revocación del permiso ambiental.
En el primer caso se esperan los alegatos para no antes del mes de agosto. Esto, luego que la compañía interpusiera un recurso de reclamación en contra de los decretos del Ministerio de Obras Públicas, entidad que resolvió -ocho años después de la solicitud del titular- denegar los derechos de agua no consuntivos adicionales que solicitaba la compañía, necesarios para la concreción de la iniciativa. Ello, aludiendo a razones de “interés nacional”.
Mientras, en las próximas semanas el Tribunal Ambiental de Santiago se pondrá de lleno a analizar la reclamación de la eléctrica por la revocación de su RCA. El argumento central de la resolución reclamada del Servicio de Evaluación Ambiental es que la decisión “representa una solución artificiosa creada discriminatoriamente por el Comité de Ministros sólo para mi representada, nunca antes aplicada, y que es errónea ante el derecho y falaz frente a los hechos”, sostiene el recurso presentado por los abogados Mario Galindo y Gonzalo Cubillos.
junio 20, 2016 | Medio Ambiente
(La Tercera) “No existe -actualmente- prueba de la existencia de un daño grave e inminente para el medio ambiente o la salud de las personas a causa del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, situación que podría mantenerse o llegar a cambiar en la medida que la investigación avance”, informó esta semana la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Lo anterior, luego que el 12 de mayo el tribunal acogiera, en parte, el recurso de protección de la Coordinadora No Alto Maipo contra el proyecto, controlado en un 60% por AES Gener, donde tiene como socio a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, con el restante 40%.
En esa ocasión, la Corte le ordenó a la SMA, entre otras cosas, explicar en un plazo de 30 días las causas de la contaminación que detectó en las aguas aledañas a las obras. En particular, encontró un exceso de hierro en una toma de muestra que mandó a realizar.
En su respuesta, el ente regulador también señaló que ante la inexistencia de un daño grave inminente, tras haber realizado actividades de fiscalización, “no se han configurado los requisitos que hacen necesaria la adopción de una medida provisional o urgente y transitoria”.
De este modo, descartó suspender las obras del proyecto hidroeléctrico como había solicitado el tribunal en caso de que se detectaran, al menos, indicios de que la construcción de las centrales estaba causando la referida contaminación.
En este escenario, el organismo liderado por Cristián Franz, sostuvo que continuará con su investigación para determinar las razones de la contaminación y si existe alguna relación con Alto Maipo. En tal sentido, precisó que le solicitó a la compañía un análisis de la evolución de la calidad del agua y un análisis del cumplimiento del plan de seguimiento ambiental. Tras haber recibido los antecedentes, ahora está analizándolos, añadió.
También le solicitó análisis de varios informes a la DGA, entre ellos comparar la calidad del agua antes y después de iniciada la construcción de Alto Maipo. “Su resultado será de vital importancia para determinar los efectos del proyecto”, afirmó.
[Recurso contra proyecto Alto Maipo será resuelto por la Corte Suprema]
junio 9, 2016 | Industria
(BiobioChile) Los habitantes y pescadores de Coronel pidieron a la Superintendencia del Medio Ambiente la paralización de la termoeléctrica de Colbún, denunciando que la central Santa María, además de no tener el permiso para utilizar agua de mar, está captando más de de lo comprometido en el Estudio de Impacto Ambiental.
La drástica medida fue solicitada en una presentación efectuada en Concepción por el abogado Andrés Durán, quien representa a miles de personas que residen en las inmediaciones de la termoeléctrica y que viven de la pesca en la Bahía de Coronel.
El argumento para solicitar la paralización de la central Santa María está en un recurso ingresado por Colbún a la Corte de Apelaciones de Concepción, y donde da cuenta de una resolución de la Dirección General de Aguas, que constató la inexistencia de un permiso para captar el agua de mar utilizada en proceso de enfriamiento de la planta.
Además, Durán dijo que se pide investigar una contradicción que queda en evidencia con la presentación de Colbún a la justicia, impugnando la resolución de la DGA, en cuanto a que en el Estudio de Impacto para la termoeléctrica Santa María se indicó que la necesidad de agua sería de 45 mil metros cúbicos por segundo, mientras que en el recurso se habla de una captación de 50 mil metros cúbicos.
Esta situación, dijo el dirigente de los pescadores Luis Morales, es doblemente perjudicial para el sector, subrayando que la Superintendencia debe prohibir el funcionaiento de la central mientras no se subsanen las irregularidades.
Sobre la denuncia, Colbún indicó a través de una declaración pública que todas las obras de la termoeléctrica en Coronel, includio el sistema de enfriamiento y su emisario, están debidamente aprobados por la autoridad ambiental, y amparadas por las debidas concesiones marítimas, descartando además que se esté utilizando más agua de mar que lo establecido.
mayo 19, 2016 | Comunidad
(La Tercera) Hasta Londres llegaron representantes de la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, quienes interrumpieron la junta anual de accionistas de Antofagasta plc, compañía controlada por el grupo Luksic.
En la reunión, presidida por Jean-Paul Luksic, y que contó con la presencia de Andrónico Luksic Craig, tomó la palabra Marcela Mella, vocera de la coordinadora No Alto Maipo, quien realizó preguntas a la mesa directiva sobre el proyecto que comparten AES Gener (60%) y el grupo Luksic (40%).
Mella preguntó respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dio un plazo de 30 días a la Superintendencia de Medio Ambiente para que determine la razón de la existencia de metales pesados en las aguas aledañas a dos centrales del proyecto.
De acuerdo a Mella, Jean-Paul Luksic “dijo no tener todos los antecedentes y que había un trámite pendiente, que era una eventual apelación a la Corte Suprema”. Agregó que los accionistas escucharon con atención, pero que no les realizaron preguntas al respecto.
La activista señaló que en la Memoria de la firma que le entregaron a los accionistas, “hay muy poca información sobre el proyecto Alto Maipo. No hay nada que tenga que ver con la información de lo que hacen en el proyecto”.
Mella agregó que interpeló a Vivianne Blanlot, miembro del directorio de Antofagasta Minerals, por su rol en la empresa y en el Consejo para la Transparencia.
Bajo precio
En tanto, en su discurso ante los accionistas, Jean-Paul Luksic dijo que se vislumbran uno o dos años de precios de cobre bajo, por lo que resultaba importante mantener la posición financiera de la compañía.
“Seguimos enfocados en proteger los márgenes y generar flujo de caja mediante reducciones sostenibles de costos y mejoras en productividad, lo que ayuda a compensar en parte el impacto de los menores precios”, afirmó el empresario.
Respecto de los desafíos que enfrentan las empresas mineras, el presidente del directorio de Antofagasta plc indicó que la firma mantendrá su estrategia de crecimiento.
“Estamos concentrados en optimizar nuestras operaciones existentes, donde nuestra inversión genera buenos retornos rápidamente”, expresó Luksic. Agregó que la compañía busca crecimiento orgánico e inorgánico, tanto en Chile como en el extranjero.
También se refirió a la eventual expansión de su principal yacimiento: Los Pelambres. “Esperamos que el estudio de factibilidad para la expansión Pelambres se completará a finales del próximo año”, estimó.
Acuerdo con Caimanes
En paralelo, la compañía informó que el 81% de los vecinos de la comunidad de Caimanes firmaron el acuerdo con su filial Los Pelambres, lo que pondrá fin a más de 10 años de conflicto.
“Hace menos de dos semanas acordamos una solución perdurable con la comunidad de Caimanes, la que aborda ciertos requisitos exigidos por tribunales chilenos y que implica que Los Pelambres invertirá en soluciones para asegurar el suministro futuro de agua, medidas de seguridad, proyectos para el desarrollo comunitario y de las familias del valle”, sostuvo Luksic.
[Quiénes son las asociaciones opositoras a los proyectos eléctricos]
mayo 10, 2016 | Industria
(El Mercurio) Como «un mal precedente para la certeza jurídica y el marco legal minero vigente» calificó el presidente de Sonami y CPC, Alberto Salas, el decreto que data de julio de 2013 que estaría afectando el derecho legal del concesionario de constituir servidumbres mineras en ciertas zonas.
Lo anterior, porque los ministerios de Energía y Bienes Nacionales firmaron este decreto que crea áreas de reserva para proyectos de energía, pero interfieren con derechos mineros preconstituidos.
Uno de estos casos es la «Reserva eólica» que se estableció sobre un área de 287 mil hectáreas en la comuna de Taltal, lo que tiene a la autoridad enfrentada con Antofagasta Minerals, del grupo Luksic. Esta tiene emplazados proyectos y pertenencias mineras en el lugar. Hoy la Corte Suprema revisaría la reclamación de la compañía en contra del fisco por estas servidumbres. Esto ya pasó en primera instancia por el Cuarto Juzgado de Letras en Antofagasta, donde la compañía ganó; y por la Corte de Apelaciones, donde triunfó el fisco.
Salas especificó que no se trata de impedir el desarrollo de energías renovables no convencionales, sino de compatibilizar ambas actividades productivas. «Si bien la Constitución establece la posibilidad de imponer limitaciones al derecho de propiedad en base a la función social de la misma, tales limitaciones deben ser impuestas solo por ley, y no pueden fundarse en un acto puramente administrativo, como un acuerdo o convenio de dos ministerios», advirtió.
[Pacheco logra acuerdo en el Senado para fast track en ley de transmisión]
