mayo 2, 2016 | Industria
(Diario Financiero) ¿Judicialización? El futuro de otro proyecto de inversión sería zanjado en los tribunales de justicia. Comunidades opositoras a la construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, que desarrolla la colombiana ISA y que tiene una inversión de US$ 1.000 millones, recurrieron a la Corte Suprema para frenar la iniciativa.
Pero no tuvieron éxito. No obstante, desde el Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache, por donde pasará la obra, anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros para frenarla.
Esta iniciativa busca unir la subestación Cardones, en las cercanías de Copiapó, con la subestación Polpaico en Santiago, por lo que abarca 753 kilómetros y pasa por más de 50 comunas. Esta inversión refuerza el sistema de transporte de electricidad en Santiago y es clave -según han señalado autoridades de gobierno- para la seguridad del suministro.
El 10 de diciembre del año pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió aprobar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de Interchile, filial de la colombiana ISA. El proceso comenzó el 6 de octubre de 2014, e incluyó una consulta indígena realizada por el SEA de la Región de Atacama.
No obstante, la obra ha enfrentado una dura oposición entre algunos vecinos de la zona de Zapallar y representantes de comunas como la mencionada Limache, además de Papudo, Puchuncaví, Quintero, Concón, Quilpué y Villa Alemana, entre otras.
También ha tenido resistencia de empresarios como Gonzalo Bofill, ligado a Carozzi; como también del senador PPD Guido Girardi, quien rechazó que la línea pasara por la cuesta La Dormida.
En enero de este año, unas 400 entidades y personas, además de cinco municipalidades, presentaron recursos de protección, aduciendo una supuesta “afectación de derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad” por parte del proyecto de la empresa colombiana.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos y los declaró inadmisibles, señalando que los antecedentes deben ser vistos por el Tribunal Ambiental.
Frente a esto, representantes del Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache presentaron recursos de apelación y reclamación ante la Corte Suprema, sin éxito.
Frente a esto anunciaron que presentarán recursos ante el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros.
No obstante, esta instancia ya estaba viendo reclamaciones de otros grupos de opositores al proyecto.
De hecho, el SEA suspendió el conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos en contra de su resolución ante la instancia interministerial.
“Con la finalidad de evitar la dictación de decisiones contradictorias, respetando con ello la jurisdicción de los tribunales superiores de justicia, para conocer de la impugnación de la RCA de marras, resulta razonable y jurídicamente procedente, suspender el conocimiento del recurso de reclamación interpuesto ante este Comité de Ministros mientras no se resuelva por la Corte Suprema la apelación”, dijo el director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, en un documento con fecha 14 de abril. Pero el SEA reaccionó a destiempo, porque la Corte Suprema falló un día antes, el 13 de abril.
Pese a todo, la empresa colombiana ya partió la construcción de la línea, la que se espera esté lista a fines de 2017. No obstante, el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental tienen la facultad para paralizar las obras.
La importancia de la línea
El Gobierno ha definido esta iniciativa como prioritaria, ya que refuerza una sección del sistema de transmisión que estaba al debe en cuanto a capacidad. Esto -así como otras secciones que se están reforzando- ha provocado que se generen muchas islas de precios al interior del sistema, ya que no se puede transportar toda la energía desde un lugar a otro, aprovechando los distintos tipos de generación.
Por esto, la autoridad calificó la línea Polpaico-Cardones como iniciativa estratégica.
Esta obra, además, es complementaria con la interconexión de los dos principales sistemas eléctricos, el del norte grande y el del centro sur. Este otro proyecto -que también es prioritario para el gobierno- está a cargo de E-CL, firma que está impulsando un cambio de nombre, y que constituyó una filial con la cual hará las obras en sociedad con inversionistas españoles.
[Línea Interchile: Corte declara inadmisibles 15 recursos en contra]
abril 20, 2016 | Industria
(El Mercurio) Este 2016 será el primer año que Gas Natural Fenosa -controlador del grupo eléctrico CGE- operará sin el negocio del gas licuado de petróleo. Esto, porque en marzo se concretó la separación de los activos y esa área quedó en manos de la familia Pérez Cruz, mientras que el área de gas natural -donde los españoles tienen una vasta experiencia- quedará bajo el control de CGE.
En este contexto, el grupo busca invertir US$ 321 millones durante el ejercicio. De ese monto, el 49,5% se destinará al sector eléctrico, lo que incluye inversiones en distribución y transmisión, mientras que el 40,6% irá al sector del gas natural y el 9,8% a servicios, informó ayer Antonio Gallart, gerente general de CGE en la junta de accionistas. La suma, eso sí, «no contempla el capítulo de generación eléctrica», señaló el ejecutivo.
Este año, y como ya han anunciado en algunas ocasiones, el holding pretende -a través de su filial Global Power Generation (GPG)- ingresar al negocio de la generación en el mercado chileno. El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseguró que la empresa está analizando el mercado, y si bien tienen varias alternativas, todavía no han tomado decisiones. De hecho, dijo que aún están evaluando si alcanzarían a participar en las licitaciones de suministro eléctrico que se llevarán a cabo en julio de este año.
El ejecutivo reconoció que entre las opciones analizan un proyecto de ciclo combinado de gas natural en la Región del Biobío, que tendría una capacidad instalada de 600 MW, y se denominaría Tierra Noble. La inversión rondaría los US$ 600 millones, y podría abastecerse de combustible desde el terminal de regasificación Penco-Lirquén, que proyecta la empresa Biobiogenera junto con la francesa EDF.
[GNF alista central de 600 MW en el Biobío como primer proyecto en Chile]
GPG tiene entre sus planes sumar unos 5 mil MW a 2020 en el mundo, pero Villaseca dijo que esa cifra «no está regionalizada». Sin embargo, agregó: «Nos gustaría que la cantidad que pudiéramos desarrollar en el mercado chileno fuera importante».
Desistimiento
Hace unas semanas, Metrogas -controlada por CGE- desistió de un recurso interpuesto contra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la Corte de Apelaciones, lo que implica que deberán modificar sus estados financieros este año. Al respecto, Villaseca comentó que su decisión fue «evitar la vía contenciosa y no profundizar más», aunque descartó la existencia de un acuerdo con el gobierno. Metrogas cuenta con un ambicioso plan de expansión de redes.
abril 13, 2016 | Industria
(Pulso) La pugna entre HidroAysén y la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, sigue abierta. Así quedó en evidencia en la última carta a los accionistas que redactara el gerente general de la compañía, Camilo Charme.
Según el ejecutivo, HidroAysén tramita desde el año 2007 derechos de aguas ante la DGA, razón por la cual la Contraloría General de la República (CGR) conminó a la DGA a resolver la solicitud en dos ocasiones durante el 2014.
“No obstante lo anterior, la DGA no cumplió y prefirió hacer un irregular uso de una excepcional facultad legal para denegar parcialmente solicitudes de agua el 21 de enero de 2015”, dijo Charme en la misiva que se hiciera pública la semana pasada a través del reporte anual de la compañía.
“Ello a pesar de que la Contraloría le había advertido en el último de sus dictámenes, de diciembre de 2014, que no veía fundamentos para poder aplicar dicha facultad excepcional (art. 147 bis Código de Agua). De esta manera, la DGA por intermedio de dos decretos del MOP, denegaron, en promedio, más del 70% de las aguas solicitadas”, añadió el abogado.
Cabe recordar que posteriormente, HidroAysén recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los dos decretos dictados por el Ministerio de Obras Públicas (asesorado por la DGA).
Fuentes ligadas al proceso confirman a este medio que en las próximas dos a tres semanas se llevarían a cabo los alegatos que están pendientes para la dictación del fallo.
“El objeto de los reclamos es que las Cortes restauren el estado de derecho infringido por el actuar de la DGA y que se cumpla la ley. Asimismo, esperamos poder contar con los recursos hídricos en discusión con la esperanza de poder aportarlos en el desarrollo de la nueva política energética que está impulsando el Gobierno en beneficio de la Región de Aysén y del país”, argumentó Camilo Charme en la carta a los accionistas.
A raíz de las decisiones del Comité de Ministros y de la Dirección General de Aguas, que están siendo reclamadas ante las instancias judiciales respectivas, los accionistas de la sociedad resolvieron a fines de enero de 2015, contabilizar en sus respectivos estados financieros una provisión por el deterioro de su participación en HidroAysén, superior a los US$100 millones cada uno.
Charme concluyó que los recursos hídricos de Aysén “son aguas que provienen de lagos cuyo origen son glaciares, no de lluvias, por lo que aseguran un suministro permanente, renovable y sustentable, que puede servir para beneficio de la gente de Aysén y de Chile”.
Proyecto. Durante el año 2014 el Comité de Ministros dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto (10 de junio de 2014). Frente a esto, el directorio de la compañía decidió solicitar la revisión judicial de las resoluciones dictadas por el Comité de Ministro, presentándose con este objetivo sendos recursos judiciales ante el Tribunal Ambiental de Santiago y ante el Tribunal Ambiental de Valdivia respectivamente.
En el año 2015 la actividad de la sociedad estuvo concentrada en los juicios por derechos de agua adicionales, ante la Corte de Apelaciones de Santiago y defensa de la Resolución de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Además de estos juicios, la sociedad se centró en la administración y vigilancia de los activos que pertenecen a esta.
El objetivo del Proyecto HidroAysén es la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker (Baker 1 y Baker 2) y tres en el Pascua (Pascua 1, Pascua 2.1 y Pascua 2.2), a través del aprovechamiento racional y sustentable de parte del potencial hidroeléctrico de dichos ríos.
[Endesa realiza millonario cargo por dos proyectos energéticos fallidos]
abril 11, 2016 | Industria
(El Mercurio) Un paso atrás dio Metrogas -la principal distribuidora de gas natural por red del país- al desistir del recurso de reclamación que presentaron el 29 de mayo de 2015 contra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esto, luego que el regulador el 15 de ese mes diera diez días hábiles a la compañía para rehacer sus estados financieros de 2013 y 2014, considerando las «conversiones» -inversiones que hace Metrogas para transformar las instalaciones de los clientes y pasarlos a gas por red- como gastos y no como activos, tal como lo han hecho históricamente. «La Superintendencia recibió una carta de Metrogas en la que solicita que la modificación instruida sea realizada en los estados financieros de la compañía al 31 de marzo de 2016», informó la SVS.
La empresa ha defendido consecutivamente que las conversiones son un proceso técnicamente obligatorio sin el cual no pueden suministrar gas. Sin embargo, fuentes del grupo CGE -controlador de Metrogas- señalaron que el escenario de 2015 dista bastante del actual.
Hace pocos meses anunciaron un agresivo plan de expansión de sus redes, principalmente al sur del país, y además concretaron la división de Gasco, con lo que el grupo CGE quedó con Metrogas en sus manos (la familia Pérez Cruz se quedó con el negocio del gas licuado de petróleo). El recurso, explicaron, obstaculizaba sus planes, por lo que definieron que la medida más sana era darlo por terminado. Eso sí, advirtieron que en la tramitación del proyecto del gas seguirán defendiendo su punto para que las conversiones sean tratadas como activos.
[Gas Fenosa renueva estructura corporativa de Metrogas]
abril 6, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Poco a poco se empieza a cumplir los plazos para llevar adelante la segunda parte de la operación de reorganización de los negocios de Enersis en la región, lanzada el año pasado por la italiana Enel.
Ayer, Enersis Américas (firma continuadora de las operaciones) informó a la Comisión de Valores de EEUU (Security Exchange Commision, SEC) los plazos en que las acciones de las nuevas sociedades creadas tras la división aprobada en diciembre pasado, esto es Enersis Chile, Endesa Américas y Chilectra Américas, comenzarían a cotizar en el mercado bursátil.
Según detalló Enersis Américas, el próximo 14 de abril los accionistas inscritos en las compañías hasta esa fecha tendrán derecho a participar de la operación, recibiendo, en el caso de ella, una acción de Enersis Chile por cada papel de Enersis Américas que posean. Lo mismo en el caso de Endesa, donde cada tenedor de un papel recibirá otro de Endesa Américas.
La cotización de las acciones en el mercado tomaría otro par de semanas. La firma señaló que el 26 de abril se repartirán las acciones nuevas entre los accionistas, y en el caso del mercado estadounidense, la cotización comenzaría en torno a esa fecha.
Estos plazos, si bien fueron informados a la SEC, son estimativos, y dependerán de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y las bolsas locales entreguen las autorizaciones para ello en las próximas semanas.
Retraso en proceso
Si bien la intención de la italiana Enel era tener concluida la reorganización a fines del primer semestre de este año, los plazos sufrirán variaciones. En el caso de las juntas extraordinarias de accionistas donde a aprobará la fusión de las nuevas sociedades, no se realizarían antes de agosto, pues es requisito para fijar el precio de las acciones es que éstas coticen al menos 90 días en el mercado.
En paralelo, los directorios de las firmas -y los comités- deberán analizar nuevamente la operación. Para ello podrán utilizar los estudios realizados por los peritos y bancos de inversión durante la primera etapa, o encargar nuevas valoraciones.
Tras la decisión de la SVS de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones, que sostuvo que la segunda parte de la operación debía ser tratada como una entre partes relacionadas (OPR), el rol que tomarán los comités de directores de las nuevas sociedades, Enersis Américas y Endesa Américas, será clave ya que todos los integrantes de la mesa deberán, entre otras cosas, fundamentar su voto en la operación.
En Enersis Américas los integrantes de los comités serían los mismos que para la operación de división: Hernán Somerville, Herman Chadwick Piñera y Rafael Fernández, aunque se ha señalado que este último dejaría la mesa de la compañía. Los dos primeros votaron a favor de la operación, mientras que el director en representación de los minoritarios fue muy crítico de la misma.
Endesa Américas estará integrado por Gerardo Jofré, Loreto Silva y Eduardo Novoa.
[Feller Rate recorta clasificaciones de solvencia de Enersis Américas]
