octubre 13, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Pese a sus reiteradas negativas, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tendrá que entregar a un desarrollador de energías renovables no convencionales toda la información respecto del proyecto que interconectará los principales sistemas eléctricos del país, el SIC y el SING, que Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), filial de Engie Energía Chile, le ha entregado al organismo público.
Esto en virtud de un reciente fallo de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que ratificó lo decidido por el Consejo de Transparencia, entidad a la que, tras recibir varias negativas por parte de la entidad liderada por Andrés Romero, acudió la sociedad Los Coihues.
Desde fines de 2014 y en diversas instancias esta empresa ha denunciado que Engie Energía Chile, anteriormente E-CL, habría entregado información falsa al mercado y la autoridad cuando en enero de 2014 declaró el inicio de la construcción de este tendido, lo que habría perjudicado el cierre financiero del proyecto solar que impulsaba.
El Consejo para la Transparencia, a solicitud de Los Coihues, determinó que la CNE debía proporcionar una serie de cartas y contratos alusivos a la línea de interconexión que TEN entregó a la CNE. Los representantes de la empresa adujeron en este proceso que esta información les permitiría entablar una demanda en contra de la empresa por lo daños que reclaman.
Sin embargo, Engie Energía Chile impugnó sin éxito esta decisión ante la Corte de Apelaciones, basada en las cláusulas de confidencialidad que tienen, por ejemplo, los convenios con la brasileña Alusa (hoy Alumini) para la construcción del tendido.
El tribunal de alzada ratificó criterios utilizados en otros juicios donde se ha buscado hacer públicos contratos entre privados y le dio la razón al Consejo para la Transparencia, con lo cual la CNE tendrá que proporcionar los documentos.
Consultados en Engie por esta resolución, que no van a tratar de revertir en la Suprema, dijeron estar tranquilos porque “cumplimos al pie de la letra la legislación vigente al empezar a construir el proyecto y lo que están reclamándonos son efectos no conexos al proyecto de TEN”.
En este proceso, Los Coihues ha recurrido a diversas instancias entre las que figuran la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Fiscalía Nacional Económica, entre otras, mientras en paralelo mantiene una denuncia ante el Ministerio Público.
[CNE estudia posibilidad de que generación distribuida participe en futuras licitaciones]
octubre 6, 2016 | Industria
(Pulso) Cada vez queda más atrás la tendencia de judicialización de los grandes proyectos de inversión que son tramitados en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Al 20 de septiembre de 2016, la cartera de proyectos judicializados acumula un total de US$19.500 millones en inversión, la mitad de los US$40.000 millones que informara la Corporación de Bienes de Capital (CBC), monto impulsado también por la crisis de costos que sufre la minera.
Hoy la situación es distinta. Según cifras del SEA, en marzo de 2014 eran más de 80 las iniciativas judicializadas debido principalmente a cuestionamientos en la aplicación de la consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el director del servicio, Jorge Troncoso la caída en el litigio ambiental llegó para quedarse debido a una mayor consolidación de la estructura técnica-jurídica surgida en los últimos años. Más aun si se toman en cuenta las últimas sentencias de la Corte Suprema que ratifican la validez de los Tribunales Ambientales y la posición del SEA. Ejemplo de ello es el fallo en el marco de la tramitación ambiental del proyecto Rancagua Express de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Este dictamen favoreció al SEA_y a la empresa.
Si bien baja la judicialización en tribunales ordinarios, persiste ahora en tribunales ambientales.
Entre marzo de 2014 y el 20 de septiembre de este año se cuentan 27 proyectos judicializados vía recursos de protección. En tanto, 28 iniciativas han sido judicializadas mediante reclamaciones en Tribunales Ambientales. Cuatro de ellas han sido judicializados a través de ambos medios de impugnación.
En tribunales ordinarios cuatro causas siguen vigentes y 23 han sido terminadas. Mientras que en tribunales ambientales 21 causas siguen vigentes y 7 han terminado.
“El SEA ha profundizado su revisión de los procesos de evaluación lo que ha redundado en RCAs más robustas que finalmente resisten de mejor manera la judicialización de los tribunales”, sostuvo Patricio Leyton, abogado socio de FerradaNehme.
En tanto el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal explicó que “el problema no es la judicialización. El problema es cuando existe y no están las vías idóneas para que sean bien resueltos”.
Proyectos pendientes
Entre los proyectos pendientes de definición por parte de los tribunales ordinarios y ambientales está HidroAyén. Endesa junto a Colbún acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago en defensa de los derechos de agua adicionales que requiere la iniciativa de generación eléctrica. Mientras en vía paralela, está pendiente la definición del Tribunal Ambiental de Santiago sobre el proyecto.
Por su parte, Empresas Copec, holding controlado por el Grupo Angelini, sigue a la espera de los alegatos que deberán llevarse a cabo en las próximas semanas en la Corte Suprema por los cuestionamientos al proyecto MAPA. Se trata de la mayor inversión de Arauco en Chile y su definición aún sigue pendiente por parte del directorio.
septiembre 27, 2016 | Mundo
(Diario Financiero) Los estados de Estados Unidos y las empresas que se oponen a la política climática emblema de Barack Obama buscarán que una corte la rechace en un caso que podría generar un vacío en los planes de reducción de emisiones estadounidenses.
El Plan de Energía Limpia, que busca frenar las emisiones de dióxido de carbono de generación eléctrica, está bajo cuestionamiento en 27 estados mayoritariamente controlados por los republicanos y liderados por Virginia del Oeste, así como por empresas y asociaciones industriales de minería del carbón, refinado de petróleo y manufacturas.
Los opositores a las regulaciones dicen que éstas violan el fundamento legal que usa la administración, la Ley de Aire Limpio de 1970, y también se contraponen a la prohibición constitucional que tiene el gobierno federal de EEUU de tomar decisiones sobre los recursos de los estados.
El caso está siendo observado internacionalmente, porque el Plan de Aire Limpio es un elemento central en el compromiso de reducir las emisiones de gas invernadero entre un 26% y 28% a 2025, que asumió Obama en los diálogos de París sobre el cambio climático el año pasado.
Patrick Morrisey, el fiscal general de Virginia Occidental –uno de los mayores estados productores de carbón en EEUU– describió el caso como «un momento crucial en la batalla contra la guerra de Obama y Clinton frente a las familias carboneras». Añadió: «esta norma ilegal devastará la industria carbonera y a todos quienes dependen de su éxito».
Otros estados, liderados por Nueva York y California, grupos de energía renovable y algunas compañías electricidad, apoyan los planes del gobierno.
Tom Miller, fiscal general de Iowa, quien es uno de los que apoya el plan, dijo: «esto es algo que hará una diferencia. Es lograble, es algo en lo que los estados y el gobierno federal pueden trabajar con mucho cuidado y por todas esas razones debería concretarse».
Las regulaciones, delineadas por la agencia de protección ambiental en agosto del año pasado, son el primer estándar amplio de emisiones de centrales energéticas que se adoptaría en EEUU.
Tienen por objetivo bajar las emisiones de dióxido de carbono de la generación eléctrica del 32% registrado en 2005 hasta 2030, haciendo que la industria gire desde las plantas de alta emisión –mayoritariamente carbón– hacia los de menores emisiones, como el viento, el sol y el gas.
En febrero, la Corte Suprema de EEUU suspendió la implementación de las regulaciones, a la espera de las decisiones judiciales sobre los desafíos que plantean los oponentes al plan, pero no entregó una visión sobre los argumentos legales.
El caso se presenta ante lo que se conoce como un panel «en banc» de diez jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia. El fallo se espera para fines de este año o el principio del próximo y podría pasar luego a la Corte Suprema.
El plan establece reducciones de las emisiones de dióxido de carbono de generación eléctrica en cada estado y luego dice que los estados deben especificar sus propias maneras de llegar a los objetivos o adoptar un programa impuesto por el gobierno federal. Los opositores a las regulaciones basan su postura en tres argumentos principales. Dicen que la EPA ha excedido su autoridad legal al imponer cortes en las emisiones en estados completos y no en plantas individuales y que el plan generaría una «doble regulación» de fuentes que ya están controladas.
También argumentan que el programa viola la Décima Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege los poderes de los estados, porque el gobierno federal está intentando forzarlos y comandar sus recursos.
Si Donald Trump gana la elección en noviembre, ha dicho que él «rescindiría» el Plan de Energía Limpia y «cancelaría» el acuerdo climático de París.
[El impacto del cambio climático en Latinoamérica]
septiembre 23, 2016 | Industria
(La Tercera) La reclamación fue presentada por los abogados Diego Lillo Goffreri y Nelson Pérez Aravena en representación de la Comisión Privada para el Desarrollo de Aysén, Codesa; la Corporación por la Defensa de la Flora y la Fauna, Codeff; y Hugo Díaz Márquez.
Los reclamantes argumentan falta de consideración en las observaciones ciudadanas en torno a las metodologías, resultados e integridad de la evaluación de riego sísmico efectuada para la Central Hidroeléctrica.
En su Resolución Exenta Nº 0914, del 5 de agosto del 2016, el Comité de Ministros concedió el permiso ambiental a la «Central Hidroeléctrica Cuervo», lo que los reclamantes piden dejar sin efecto y además, solicitan detener los efectos administrativos de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 180 del 16 de septiembre del año 2013, mientras se encuentre pendiente la tramitación de la reclamación.
El Tercer Tribunal Ambiental decidió admitir a tramitación la solicitud de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, pero rechazó la petición de detener sus efectos administrativos. «No habiendo acompañado antecedentes que hagan presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados, y lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 20.600: No ha lugar a la medida solicitada», señala la resolución de los ministros, Michael Hantke Domas, Roberto Pastén Carrasco y el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa Rosado.
El proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo fue presentado por la empresa Energía Austral, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental. El proyecto busca construir una central hidroeléctrica de embalse con una capacidad instalada estimada de 640 MW y una generación de energía media anual sobre 3.750 GWh, a ser instalada en el río Cuervo, en la Región de Aysén.
[Gobierno excluye a Aysén de los polos de desarrollo para el sector eléctrico]
julio 4, 2016 | Industria
(La Tercera) Un nuevo traspié tuvo Enersis para concretar su reorganización de activos en Chile y la región, también conocido como Plan Enel o Carter II. Ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le negó la ampliación del plazo que había solicitado la firma para concretar la segunda fase de la reestructuración del holding, que consiste en la fusión de las firmas Américas.
Enersis había pedido al regulador ampliar en 30 días, (de 90 a 120), el plazo existente entre los últimos estados financieros auditados y la fecha de realización de junta de accionistas que decidirá la fusión.
La SVS sostuvo que si bien los 90 días previos a la junta pudieran resultar un plazo “ajustado”, a su juicio “permite a los accionistas tomar las decisiones en la respectiva junta con información completa y bastante actualizada, lo que minimiza los riesgos de que se verifiquen – en el tiempo intermedio- situaciones de importancia que puedan alterar en forma sustancial el contenido de las auditorías, evaluaciones e informes que deben ser confeccionados en base a esos estados financieros”.
El regulador agregó que un tiempo mayor a este implicaría “un desfase significativo entre la información financiera utilizada”, y la realidad de las firmas al momento en que la junta de accionistas deba pronunciarse sobre el proceso de fusión.
Una vez en conocimiento de la decisión de la SVS, Enersis Américas señaló que la compañía “analizará la manera más apropiada para buscar la forma de cumplir los plazos señalados por la SVS”.
Búsqueda de fórmula
En la compañía, existe confianza respecto a que la respuesta de la SVS no implica necesariamente un riesgo para Carter II. “En ningún caso va a afectar la operación”, sostuvo el director de Enersis Américas, Hernán Cheyre. A su juicio, lo que buscaba la compañía con la solicitud al regulador era disponer de mayor tiempo para completar todo el proceso que contempla la legislación. “Para eso estimamos que era mejor contar con un mayor espacio de tiempo para poder lograrlo”, dijo.
Una de las preocupaciones relacionadas con los plazos de la operación, está en que las firmas cotizan American Depositary Receipts (ADR) en Estados Unidos. Aquello implica que las firmas deben cumplir con los plazos establecidos en la legislación de ese país y elaborar extensos reportes.
“Para los ADR los plazos son aún más estrictos; tenemos que ver qué fórmula ocupamos para resolver la situación”, sostuvo Cheyre.
A lo anterior, se suma que la compañía deberá realizar esta fusión bajo las normas de una Operación entre Partes Relacionadas (OPR), luego que en marzo la Corte de Apelaciones de Santiago declarara que esta era la forma correcta para concretar el proceso.
El próximo martes se reunirá el directorio de Enersis Américas en Santiago. “Ahí vamos a resolver qué fórmula podemos encontrar para ajustarnos a lo que la SVS está señalando, resolución que respetamos”, sostuvo Cheyre.
