septiembre 21, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio de Calama) Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señaló que tras una reunión con el gerente de Enap y sus sindicatos, la institución llegó a la conclusión de que es urgente coordinar una jornada de paralización total de faenas en la zona de Quintero y Puchuncaví para medir el aire sin contaminantes y así tener una línea de base para el futuro Plan de Descontaminación de la zona.
En entrevista con Radio Universo, dijo que «estuve en reunión con el gerente de la Enap Aconcagua y los sindicatos de los trabajadores de esa zona y ellos decían que es posible y lo que se requiere es hacer una medición base, no hay línea base. No se sabe cómo sería el aire si no existieran las empresas».
«Y nos decían que es técnicamente factible hacer la medición porque las empresas igual tienen que parar cada cierto tiempo para hacer mantención y limpieza de estanques», sostuvo.
Contreras agregó que «Enap está de acuerdo y ellos dicen que hay que coordinarlo con los días que ellos tienen que hacer mantención». Resaltó que es fundamental establecer una buena coordinación pues Enap produce el petróleo y la gasolina para la Región Metropolitana; «por lo tanto, parar Enap es parar el Transantiago y eso es inviable».
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Contreras agregó que es relevante la acción conjunta para que las empresas tengan tiempo de prepararse. «Lo primero es medir, tener una línea base y después generar estándares como los de la OMS. No podemos seguir pensando en tener los estándares de los años 60», alertó.
Misión de tres días
Contreras estuvo tres días en terreno reuniéndose con los vecinos y prepara un informe sobre los hallazgos de esa misión de observación en la que realizaron 40 encuestas y reuniones con grupos de vecinos y donde lo que más les llamó la atención, es que las personas no quieren dejar de vivir en este sector.
«Hay sectores sin agua potable. No puede ser que en el Chile del 2018 todavía tengamos zonas sin agua potable y eso aumenta la afectación porque la gente tiene que tomar agua de los pozos y los pozos están contaminados», dijo Contreras. A esa misión se suma el recurso de protección interpuesto a nombre de los habitantes de la zona, en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, y los ministerios de Salud y Medio Ambiente.
septiembre 14, 2018 | Medio Ambiente
(Diario El Sur) Una solicitud para iniciar un exhaustivo proceso de fiscalización y verificación en terreno del veraz cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de todas las empresas de Coronel, incluyendo a las instaladas antes de 1997 y que no cuentan con certificación, ingresaron a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Seremi de Salud y otras reparticiones, los miembros civiles del Consejo de Recuperación Ambiental y Social (Cras) de la comuna.
La acción emprendida por los 14 miembros civiles del Cras tiene como finalidad prevenir que ocurra una emergencia ambiental similar a la que hubo en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Allí, una nube tóxica proveniente de una o más empresas de la zona, dejó a cerca de 350 personas con problemas de salud.
Tras ese episodio, la Seremi de Salud inició seis sumarios contra cinco compañías de la Región de Valparaíso debido a materias que incluían la seguridad química. En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente inició dos procedimientos sancionatorios a Gasmar y Enap (Terminal Marítimo) por incumplimientos a sus RCA.
Prevenir
La información que contiene la página de la Superintendencia de Medio Ambiente da cuenta que en la comuna de Coronel hay 112 empresas del rubro energía, pesca, equipamiento, entre otras, que deben ser fiscalizadas por que tienen una RCA autorizada.
En el mismo sitio web se expone que desde 2013 a la fecha se ha revisado a 19 entidades (17% del total de unidades fiscalizables), con un promedio de 20 controles anuales. De esas, casi la mitad corresponde a empresas del área de energía y pesca.
«La solicitud es que se necesitan más fiscalizaciones por ser una zona de sacrificio. No tenemos la certeza de la periodicidad con la que se está verificando el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental», expuso el consejero del Cras, Christián Pereira.
La preocupación de los miembros del Consejo de Recuperación Ambiental de Coronel es que hayan incumplimientos no divisados por la Superintendencia u otra entidad del Estado con competencia Ambiental.
«No queremos de ninguna manera que se repita lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví (…) Queremos saber si efectivamente se ha fiscalizado a la totalidad de las empresas y si todas cuentan con su RCA», declaró Manuel Gutiérrez, quien también es miembro de Cras de Coronel.
Desde 2013 a la fecha, la SMA ha iniciado 10 procesos sancionatorios en esa zona, de los cuales dos terminaron con multas. Estas correspondieron a Enel, por incumplimientos del RCA en la Termoeléctrica Bocamina.
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Uno de los puntos que también se plantea en el documento es que se fiscalice a las entidades que operan antes de 1997, año en que comenzó a regir la normativa medioambiental en el país.
«Consideramos que esas empresas son las que deben ser mayormente fiscalizadas, porque no sabemos si en este tiempo han mejorado las tecnologías que utilizan en sus procesos», sostuvo el consejero del Cras, Moisés Soto.
Respecto a este último planteamiento, desde la Seremi de Salud se informó que supervisan a empresas anteriores y posteriores a 1997, con y sin Resolución de Calificación Ambiental, pero solo en materias de competencia de la autoridad sanitaria, como es el caso de residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento de sustancias peligrosas, declaración de emisiones, entre otras.
«Hay que recordar que las Resoluciones de Calificación Ambiental las fiscaliza y sanciona la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), pudiendo esta entidad subprogramar la fiscalización a otros organismos del Estado con competencia ambiental», aclaró el encargado Regional de Unidad de Gestión Ambiental de la Seremi Ambiental, Ernesto Bravo.
En tanto, no fue posible obtener más información relacionada con el tema desde la Superintendencia de Medio Ambiente.
septiembre 13, 2018 | Medio Ambiente
(La Segunda) Enfrentada a la crisis por emanaciones tóxicas en la bahía de Quintero, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha levantado cargos en contra de dos empresas en la última semana: Enap y Gasmar. A la petrolera, por su mal manejo de residuos industriales. Y a Gasmar , por deficiencias en el funcionamiento de su sistema de antorcha.Y hoy requirió información a la Municipalidad de Quintero por un incendio ocurrido en su vertedero el 27 de agosto, que podría vincularse al último episodio crítico del 4 de septiembre.
Sin embargo, en el informe de formulación de cargos de la SMA de Gasmar, emitido el lunes 10 de septiembre, surge un elemento que el fiscalizador no incluyó en su proceso sancionatorio, pero que podría complementar al menos la explicación de las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví.
En su punto 38, se señala que en su visita del 2 de septiembre, el inspector se dirigió a revisar el manejo del gas mercaptano de la planta de Gasmar y allí detectó una fuga: «En el sector denominado ‘Trinchera’ se percibió un fuerte olor asimilable a hidrocarburos, con condiciones meteorológicas soleado y viento dirección norte (el pueblo de Quintero se encuentra al norte de la bahía), el cual se percibía de manera intermitente. En el área denominada ‘Estación Mercaptano’ se constató la presencia de dos estanques de mercaptano, donde se percibió un fuerte olor a dicho gas, observándose que existían cintas que rodeaban las tuberías. En razón de dichas cintas, el operador de isla, Sr. Marcelo Bernal, corroboró la ocurrencia de una filtración de cañería, no pudiendo precisar el día exacto de dicho evento».
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La SMA constató la fuga de gas, pero la omitió en su formulación de cargos, dado que «no se encuentra vinculado a ningún instrumento de gestión ambiental de competencia de esta superintendencia». En palabras simples, según la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994, la SMA sólo puede revisar y actuar sobre instalaciones que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es decir, construidas después de 1997.
Y como estos ductos en los estanques de mercaptano de la planta de Gasmar fueron instalados antes de esa fecha, no las cubre la RCA. Por eso, la superintendencia optó por enviar los antecedentes a la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Un elemento ya aludido
En diciembre de 2017, el profesor Francisco Cereceda de la Universidad Técnica Federico Santa María, junto con el Centro de Tecnologías Ambientales CETAM y el Laboratorio de Química Ambiental, realizó un estudio solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente luego de que se detectaran episodios de malos olores en la zona. Debía monitorear la meteorología y los gases atmosféricos Metano (CH4), Amoniaco (NH3), Hidrocarburos no Metánicos (NMHCs) y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs). En sus conclusiones, señala textualmente: «Muy probablemente y según los antecedentes que se pudieron recopilar durante las visitas industriales a los lugares de muestreo de la zona de estudio, este olor debería corresponder en primera instancia a mercaptano, compuesto perteneciente a la familia de las VOCs(…) El análisis factorial realizado permitió asociar las concentraciones de VOCs observadas en Quintero con aquellas realizadas en Gasmar, indicando que su origen, muy probablemente, podría ser común. Esto implicaría que Quintero se encontraría afectado por las emisiones de VOCs provenientes de Gasmar».
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septiembre 12, 2018 | Medio Ambiente
(Radio Biobío) La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, manifestó que no pueden existir zonas de sacrificio en Chile, tras las intoxicaciones masivas en Quintero.
Puchuncaví y Quintero se mantienen en Alerta Amarilla tras los episodios de intoxicaciones del 21 y 23 de agosto y el de la semana pasada. Este martes, la ministra Schimdt, en una entrevista en Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, declaró que apuntan a que en el territorio no haya zonas de sacrificio.
“Necesitamos un país en que todo chileno y toda chilena tenga el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Y para eso no pueden existir zonas de sacrificio. No pueden existir en ninguna parte: no pueden existir en Quintero, no pueden existir en Huasco, no pueden existir en Coronel, no pueden existir”, expresó la ministra Schmidt.
La ministra recordó que la zona ha sido golpeada durante años por la contaminación, más allá de los episodios de intoxicaciones masivas. También responsabilizó a la legislación laxa en esta materia, la que de acuerdo a ella es la responsable de la situación.
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La secretaria de Estado criticó los cuestionamientos a su gestión por no inhabilitarse por los casos de intoxicación, debido la posible participación de Oxiquim, cuyo presidente de directorio es un exsocio del marido de Schmidt.
“Yo agradezco (…) que presenten a Contraloría un recurso para que Contraloría aclare que no existe ningún tipo de inhabilidad porque mi exmarido haya trabajado en un lugar o que una persona haya trabajado en otra parte. Eso es justamente el tipo de medida que desprestigia la política”, aseveró Schmidt.
La ministra también se refirió a la polémica por la rapidez con que se mencionó a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) como la responsable. Schmidt quiso aclarar que no se la culpabilizó, sino que ante las evidencias de incumplimiento de las normas ambientales que pudieron haber causado la situación se tomaron las medidas correspondientes.
“Una medida provisoria de precaución para la defensa de la salud de las personas no puede ser nunca considerada precipitada, y no pretende nunca acusar a nadie, sino salvaguardar la salud de las personas”, aseveró la ministra.
septiembre 11, 2018 | Industria
(El Mercurio) La empresa GasMar se transformó ayer en la segunda industria en ser sancionada tras los episodios de contaminación registrados en Quintero y Puchuncaví, informó ayer la Superintendencia de Medio Ambiente. «Se ha procedido a formular cargos a otra empresa del sector, la empresa Gasmar S.A., la cual es dueña y opera una Planta de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), denominada ‘Planta Gasmar'», indicó un comunicado de la Superintendencia de Medio Ambiente.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue la primera firma en ser sancionada la semana pasada por la contaminación que afecta a ambas comunas. En la zona más de 600 personas presentaron problemas de salud, luego de al menos tres episodios de contaminación registrados desde fines de agosto.
La fiscalización de la Superintendencia a GasMar -dedicada a la importación y venta de gas- permitió detectar deficiencias en el funcionamiento del sistema de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto.
Sin embargo, el informe indica que los antecedentes recabados durante la fiscalización a GasMar «no entregan elementos suficientes, por ahora, como para imputar responsabilidad en los lamentables episodios de contaminación que afectaron a la zona».
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Respuesta de la empresa
Gasmar rechazó los cargos y apuntó a que se fundamentarían en inspecciones pasadas. «Queremos señalar que el cuerpo de los cargos se funda en inspecciones realizadas en los meses de enero y julio del pasado año 2017 al sistema de antorchas de nuestra planta, por lo que no tiene incidencia en los últimos acontecimientos ocurridos en la zona», indicó la compañía en una declaración pública.
Además, informó que «dentro de los plazos que contempla la normativa vigente, se evaluarán los pasos a seguir y reiteramos, como dice la autoridad en su resolución, que no existe evidencia de ningún tipo que relacione nuestros supuestos incumplimientos con los episodios recientes que han afectado nuestra cuenca».
Ministro apoya eventual cierre
El ministro de Economía, José Ramón Valente, apoyó ayer las declaraciones de la ministra Schmidt, en orden al posible cierre de empresas que no cumplan con la normativa ambiental. «Lo que refiere la ministra Schmidt es bien consistente. Al final uno no puede transar el medio ambiente con el desarrollo, tiene que compatibilizar ambos. Si hay empresas que no están cumpliendo con la normativa (…) están en riesgo de eventualmente ser cerradas», aseguró en radio ADN.
