septiembre 7, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció una serie de medidas para las empresas que operan en la zona de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, luego de los episodios de intoxicación que sufrieron algunos de sus habitantes en las últimas semanas.
Entre ellas, la secretaria de Estado destacó que el Estado se hará cargo del monitoreo de emisiones ambientales en la zona, para lo cual las estaciones que actualmente manejan las empresas pasarán a ser controladas por el Estado, que a su vez las actualizará para contar con mayores estándares.
«Actualmente las estaciones de monitoreos no solo son limitadas, sino que están en manos de las mismas empresas que emiten los gases y contaminantes. Por eso es que todo este proceso tiene dos etapas: que todas las estaciones de monitoreo pasen al Estado de Chile, y segundo, que se complementen y se pongan en los más altos estándares internacionales, y eso a partir del primer semestre del próximo año, gracias a la asesoría que estamos recibiendo del Gobierno de Finlandia», explicó la ministra.
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A ello suma que a partir del 1 de octubre de este año, AES Gener y Codelco actualizarán su plan operacional, ajustando su funcionamiento a las condiciones atmosféricas de ventilación diarias de la zona.
«Es decir, si las condiciones de ventilación son desfavorables, disminuirán su actividad. Como ministerio, hacemos un llamado a todas las empresas presentes en la zona a sumarse a este plan», añadió.
Asimismo, se establecerá una normativa más exigente para la calidad del aire, específicamente para el dióxido de azufre, incorporando desde el primer semestre de 2019 una norma horaria para su medición, reduciendo su monitoreo desde cada 24 horas a 1 hora.
Por último, la ministra anunció que en diciembre de este año, ingresará para toma de razón a la Contraloría, el plan de descontaminación para la zona de Quintero-Puchuncavi, que establecerá mayores exigencias a las empresas que funcionan en el cordón industrial de la zona.
En relación a la renuncia del vicepresidente del directorio de Enap, Gonzalo de la Carrera, la ministra no se quiso referir, reiterando el apoyo del gobierno a la labor de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
«No voy a comentar las reacciones personales, sino que voy a reiterar lo mismo: Aquí vamos a respetar la institucionalidad vigente en el país, y todas las instituciones fiscalizadoras serán apoyadas en todas las investigaciones que realicen para establecer quienes son culpables de hechos de contaminación que afecten la salud de las personas», finalizó.
septiembre 6, 2018 | Industria
(Radio Biobío) Dos proyectos de acuerdo fueron presentados por los diputados Pablo Kast y Diego Ibáñez, integrantes de la Comisión Investigadora del Plan de Descontaminación Concón, Quintero y Puchuncaví, con el objetivo de ser considerados para intervenir la zona afectada.
Ayer martes ocurrió una nueva emergencia en Quintero y Puchuncaví, donde menores arribaron a centros asistenciales acompañados de sus padres, acusando síntomas de una posible intoxicación. Cerca de 100 personas presentaron síntomas.
Con los proyectos de acuerdo un grupo de parlamentarios puede hacer observaciones al Gobierno. En este caso, Ibáñez presentó un documento firmado por parlamentarios de oposición, tanto del Frente Amplio como de la centro izquierda, pidiendo directamente al presidente Sebastián Piñera hacer uso exclusivo de sus facultades para cambiar la normativa ambiental en Chile igualándola a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
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El diputado del Movimiento Autonomista dijo que actualmente los niveles de contaminación permitidos están en algunos casos doblando la cantidad de emisiones aceptadas internacionalmente.
En tanto, desde el oficialismo, Pablo Kast, diputado de Evópoli, pidió al ejecutivo enviar un proyecto de ley para las comunas de Quintero y Puchuncaví, muy a la manera de la Ley Arica o Ley de Polimetales, que interviene zonas con presencia del material contaminante que han afectado por años las vidas de los ariqueños.
Kast explicó que la iniciativa de acuerdo busca que una Ley Quintero-Puchuncaví resuelva la diferencia de criterios de los distintos gobiernos en el trabajo con las denominadas zonas de sacrificio, estableciendo un criterio único de intervención.
Las iniciativas de acuerdo se dan en medio de una serie de recursos de protección y acciones judiciales que los municipios de Quintero y Puchuncaví, y distintos parlamentarios, han presentado contra quienes resulten responsables de la emergencia ambiental.
septiembre 4, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera) Atentos a cualquier novedad de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se encuentran ejecutivos de las empresas que forman parte de la investigación que lleva adelante la autoridad por el episodio contaminante que afectó a 385 personas hace dos semanas en la comuna de Quintero. La entidad que lidera Cristián Franz se apronta a dar a conocer los resultados de su estudio que determinará el origen de la nube tóxica, pues el viernes pasado dijo que se encuentra “cerca de cerrar el círculo” de su indagatoria.
A la fecha, prácticamente todos los representantes legales de las empresas que conforman el parque industrial Quintero-Puchuncaví han prestado declaración ante la SMA. Ejemplo de ello es que durante la jornada del pasado lunes, los primeros en concurrir a las oficinas de la autoridad ambiental ubicadas en Teatinos 180, pleno centro de Santiago, fueron gerentes de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap); posteriormente asistieron los ejecutivos de Oxiquim.
La estatal fue la primera en ser sindicada como la responsable de las emanaciones que afectaron la salud de la población debido a las labores de mantención de dos estanques de combustibles y, por lo mismo, la autoridad ordenó su clausura.
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Según consta en registros oficiales, la plana mayor de la estatal incluso debió contar con una segunda reunión a la cita a raíz de la emergencia. De hecho, tres días después de ser citados a declarar a través de la plataforma de Ley de Lobby, Edmundo Piraino, gerente de ENAP Refinería Aconcagua acompañado por Cristián Núñez, gerente de Medio Ambiente, y Anselmo Flores, químico y asesor de la compañía por casi 30 años, se reunió con el fiscal (s) de la SMA, Raimundo Pérez.
¿La razón? La implementación de medidas de la Resolución 1.066 que le impuso una serie de medidas provisionales a la compañía. Entre ellas, cubrir los estanques de las piscinas que recibían las borras.
Posteriormente, el pasado miércoles fue el turno de los ejecutivos de Copec y Gasmar. Mientras que el viernes fue el turno de Codelco, AES Gener y GNL Quintero.
Acta de fiscalización
El pasado martes desde las 14:00 horas a la 17:10 horas, la SMA concretó una inspección no programada al Terminal Marítimo de Quintero de Enap. Entre las actividades en que consistió la fiscalización está la inspección ocular, captura fotográfica y preguntas a sus representantes.
Según el acta del fiscalizador, en el sector del estanque T5109 se constató que “no se perciben olores”. Sin embargo, en el sector de remodelación “en el skimmer (cabezal de la laguna del separador) y en un punto situado a 15 metros al nororiente del separador API, se perciben olores a hidrocarburos por parte del fiscalizador, debido a la aún presencia de residuos oleosos al interior del separador”, sostuvo el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.
septiembre 3, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) Casi como un guión cinematográfico, con varios capítulos, es el que desde hace casi dos semanas se está escribiendo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la V Región. Lo que comenzó el martes 21 de agosto reportado como una emergencia en el colegio Santa Filomena en Quintero -con alumnos presentando diversos malestares que atribuían a olores y emanaciones de gases a la atmósfera-, desembocó con el paso de los días en una verdadera crisis.
Desde luego, una de tipo ambiental, con unas 350 personas afectadas y atendidas en recintos asistenciales, y suspensión de clases en la zona. Pero también se instaló de lleno en el gobierno. La estatal Enap fue rápidamente sindicada por las autoridades ambientales como la presunta responsable de la nube tóxica en la zona, tal como quedó de manifiesto en el Acta de Notificación levantada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -que ordenó el sellado temporal de dos estanques de las instalaciones del Terminal Enap Quintero-, unido a las declaraciones de la ministra del ramo, Carolina Schmidt, aludiendo a la firma en sus primeras intervenciones públicas sobre el tema. Todo ello incendió la pradera.
El directorio de Enap evidenció su molestia, anunció estudios propios para demostrar que no era la responsable de los gases causantes de la crisis ambiental (ver nota relacionada), y el impasse , en uno de sus capítulos a mediados de semana, desembocó en una accidentada visita en terreno del Presidente Piñera anunciando la implementación de medidas de apoyo a la comuna, en medio de investigaciones técnicas y penales sobre un episodio del que aún no hay un responsable claro.
Pero lo cierto es que este evento es solo uno de varios episodios de contaminación ambiental que ya agotaron la paciencia de la población de la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, que desde los años 60 se ha convertido en un parque industrial con más de 14 empresas que conviven con una población cercana a las 18.000 personas en Puchuncaví y 28.500 personas en Quintero (ver nota relacionada).
Hay cerca de 30 mil expedientes en el sistema
Esta situación contrasta con los números oficiales disponibles en la SMA. Según el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, (SNIFA), dependiente de la SMA, solo desde 2013 a la fecha -no existen datos para períodos anteriores en dicho sistema-, se han realizado 132 fiscalizaciones a estas industrias, 27 en Quintero y 105 en Puchuncaví. Del total, solo nueve están con proceso sancionatorio en distintas etapas, todos en Puchuncaví. Y de estos, solo se aplicó una multa.
¿Pocas sanciones? Según Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente, hay un grupo de expedientes, que no son públicos, con evidencia de algún incumplimiento, que están derivados a la división de sanciones de la entidad para que investigue y, si hay mérito, formule cargos. «Hay procesos que pasaron la etapa de formulación de cargos y por eso son públicos», explica.
Además acota el ámbito de competencia de la SMA, en el sentido de que puede fiscalizar instrumentos de gestión ambiental (RCA, desde 1997), normas de emisión y calidad y los planes de descontaminación.
Pero además explica que existe una norma de emisión para la regulación de descarga de riles a cuerpos de agua, que obliga a las empresas a reportar a la SMA datos mensualmente y que generan expedientes. De todos los expedientes -unos 30 mil del SNIFA-, «cerca de 29.200 son de la norma de emisión de riles y los otros son de RCA, que es lo realmente importante», matiza.
En otras palabras, según Franz, de los 105 expedientes de Puchuncaví, «muchos» se generan por la normas de emisión de riles y no por transgresiones a las RCA.
Desde la SMA además agregan que son 66 las instalaciones que se norman bajo RCA. Estas pertenecen a las empresas (detalladas en la infografía) y serían posteriores a 1997. Las instalaciones previas, que no se norman por RCA, también pueden ser reguladas por otro organismo, como el Ministerio de Salud, si produjeran algún daño a la salud.
¿Por qué se realizan las fiscalizaciones? Para que la SMA efectúe una fiscalización, puede ser por iniciativa propia o por denuncias, tanto de autoridades como de particulares. Y para sancionar considera, según el manual de sanciones de 2017, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; la capacidad económica del infractor; el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado, entre otros criterios.
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Puerto Ventanas explica por qué no se acogió a PDC
Asimismo, las empresas que son identificadas como infractoras pueden acogerse al Programa de Cumplimiento (PDC), que las obliga a adoptar medidas con un plazo determinado para resolver el daño que provocaron a la zona, a cambio de no aplicarse la sanción económica. Tal fue el caso, por ejemplo, de AES Gener o Codelco Ventanas, que fueron parte de procesos sancionatorios en 2014 (completado satisfactoriamente) y 2016 (aún en cumplimiento), respectivamente.
Eso sí, de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, «el procedimiento sancionatorio se reiniciará, pudiendo aplicarse hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original», consigna el documento metodológico de sanciones de la SMA.
Puerto Ventanas es la única empresa multada en este período en la zona, por un monto que ascendió a 132 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 120.000 de 2013. Consultado al respecto, Puerto Ventanas respondió que las empresas solo pueden acogerse a un PDC cada cinco años. Fueron tres las infracciones, dos por la ausencia de ciertos equipos en la bodega y una por la falta de un procedimiento administrativo, «calificada como grave de acuerdo al procedimiento establecido. Debido a lo anterior y considerando que las desviaciones fueron corregidas en forma inmediata, se decidió no presentar un PDC y proceder a subsanar con la mayor celeridad las desviaciones detectadas, las que fueron corregidas en su totalidad en un breve plazo», dice la compañía.
Normativa permite contaminar más del doble que recomendación OMS
Tema aparte son los estándares de cumplimiento. Una ex autoridad ambiental explica que en Chile no hay estándares para la emisión o concentración en el aire de muchos gases, como el benceno, tolueno, arsénico, xileno, cadmio, vanadio y compuestos orgánicos volátiles (COV), «no hay norma de calidad del aire ni de emisión en Chile. Porque son una enorme cantidad y está normado su uso en algunas actividades. Ahora, tras este incidente, quizás se evalúe su regulación», indica la fuente. Algunos de estos (como el arsénico o el mercurio), eso sí, se encuentran presentes en el material particulado (MP) que sí tiene un límite determinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En el informe Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví -publicado a fines del año pasado y que está en etapa de aplicación-, se evidencia que los estándares chilenos permiten contaminar más del doble que los estándares de la OMS. Por ejemplo, la norma de calidad del aire de SO {-2} (dióxido de azufre) de la OMS establece un valor de 20 µg/m {+3} (microgramos por metro cúbico) como concentración media en 24 horas. El estándar de Chile, en cambio, es de 250 µg/m {+3} N como media en 24 horas. Esto es el doble del estándar que recomienda la Unión Europea para sus países miembros, de 125µg/m {+3} N.
Desde el MMA consignaron que esta norma se encuentra en proceso de actualización, así como también la normativa de MP10 y que ambas debieran ser evaluadas el segundo semestre.
MMA revela que nuevo estándar se basará en Finlandia
El «Informe II: Evaluación y diseño de las redes de monitoreo de calidad del aire», realizado por el Centro Mario Molina en 2017-, revela que la medición de niveles de contaminantes en Chile puede no ser confiable, debido a que tanto la recolección de las muestras como la medición de estas son realizadas por las mismas empresas fiscalizadas.
«En Chile la información que entregan los laboratorios acerca del suelo, del agua, del aire y las emisiones de contaminantes es poco confiable. La mayor parte de la información es generada por laboratorios privados a solicitud de otras empresas privadas o de organismos estatales. La institucionalidad ambiental no cuenta con un laboratorio de excelencia. (…) No se debería permitir que empresas operadoras locales realicen funciones de auditoría a sus pares», se explica en el reporte. Sobre la validez del documento, el Ministerio del Medio Ambiente dijo a «El Mercurio» que este informe, como muchos otros solicitados por el organismo, «son utilizados como insumo para mejorar el sistema de monitoreo del aire en el país».
Consultado sobre la falta de confianza en la automedición de las empresas de sus niveles de contaminación y la necesidad de un nuevo sistema de redes de monitoreo, el ministerio reveló que está trabajando para acoger el modelo finlandés en el país. «El MMA, Sofofa y la Embajada de Finlandia en Chile firmaron una carta de intención consistente en elevar los estándares de confiabilidad de las mediciones ambientales. (…). Esta alianza pone el foco en el control y aseguramiento de la calidad de las mediciones que realizan los CEMS ( Continous Emissions Monitoring Systems). Esto se realizará con la colaboración del Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) -que es uno de los centros de investigación aplicada más importantes del norte de Europa-, quienes entregarán ayuda en el desarrollo de un diagnóstico de las capacidades de monitoreo de emisiones atmosféricas en instalaciones», dijo la entidad.
Los episodios tóxicos que han marcado la bahía de Quintero
Vertimientos de crudo al mar y nubes tóxicas han causado las principales crisis ambientales. Hay registros que datan de diciembre de 1988, abril de 1994, abril de 2000 y julio de 2003.
Pero el incidente de este tipo más bullado tuvo lugar el 24 de septiembre de 2014, cuando en una fallida maniobra de descarga en el terminal de Enap, desde el buque «Mimosa» cayeron 37.800 litros de crudo al mar. Un año después, en agosto de 2015, el recién certificado tanquero «Doña Carmela» arrojó 400 litros de combustible. En mayo de 2016, el desprendimiento de un flexible del terminal multicrudo de Enap derramó aceite decantado.
En cuanto a emanaciones tóxicas, la primera en causar mayor revuelo tuvo lugar en junio de 2008, cuando 25 niños sufrieron problemas respiratorios por el derrame de 180 toneladas de 2-etilhexanol de la empresa Panimex al estero Campiche.
El 2011 fue otro año de nubes tóxicas. Ese año ocurrieron cuatro eventos. El 23 de marzo, 12 niños y 8 adultos fueron intoxicados por una nube de SO {-2} . El 31 de agosto de 2011 resultaron afectados otros 26 niños de 4 escuelas de Quintero, entre ellos el colegio Alonso de Quintero. El 7 septiembre de 2011, 34 personas de la escuela rural General Velásquez de Puchuncaví. Y el 24 de noviembre, nuevamente en la escuela de La Greda, afectando a 41 personas.
Previo a la actual crisis, en el último año hubo varias intoxicaciones de gases de origen desconocido. En marzo de 2017 fueron intoxicados 17 niños de la escuela Sargento Aldea de Puchuncaví, que sufrieron cefalea, náuseas y dolor de estómago. Al mes siguiente, otros dos niños de la misma escuela se intoxicaron por olor a gas, pese a que la red de monitoreo no marcaba nada anormal.
Vecinos dicen ser víctimas de un Estado fallido en tema ambiental
Siete integrantes de una misma familia sufrieron los efectos de los gases tóxicos de hidrocarburos que la semana pasada llevaron al menos a 358 personas a pedir auxilio médico al Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Estaban en su domicilio del pasaje Ancud s/n, en el sector alto de Ventanas, Puchuncaví, cuando el olor nauseabundo inundó todos los rincones de la casa, pasadas las 9 AM del jueves 23.
Uno de ellos, Tamara Suazo (23), reposaba de sus 34 semanas de embarazo en su dormitorio. «Empecé con dolor de cabeza y mareos», relata. Su angustia creció al ver que su hijo Danilo (4) mostraba similares síntomas. Para peor, Tamara presentó contracciones y se desmayó. Como pudo, su marido -que también se sentía mal- los llevó al centro asistencial. Sus cuñadas Alejandrina y Débora y las sobrinas Milenka (17) y Catalina (2) también tuvieron que recibir asistencia sanitaria, detalla.
Se trata de la octava intoxicación respiratoria masiva registrada en la última década en la bahía de Quintero y resultó ser la más grave de ellas. Para sus residentes, muestra la inoperancia del mismo Estado que a partir de 1958 transformó en industrial una zona hasta entonces turística, agrícola y de pesca artesanal. «Queda una sensación de total vulnerabilidad que ni siquiera en tu propia casa, los que más amamos, estén a salvo», enfatiza Carlos Muñoz (45), apoderado del liceo Alonso de Quintero y vocero de los 15 establecimientos de la comuna de Quintero, al otro extremo de la bahía, cuyos 15 mil alumnos debieron dejar de ir a clases para no exponerse a la nueva nube tóxica. «Es imposible entender que el Estado en esta comuna sea ineficiente en proteger a la infancia», añade.
De los 60 hasta ahora
Todo partió en la década del 60, con una termoeloéctrica a carboncillo (hoy de AES Gener) y una fundición y refinería de cobre (hoy de Codelco Ventanas). El dirigente pesquero de caleta Ventanas, el buzo Carlos Vega (62), recuerda aún las expectativas de progreso que despertaba en las comunas. Pero las más de 49 mil toneladas al año de dióxido de azufre (SO {-2} ) y material particulado (MP) que lanzaban «terminó matando las vocaciones productivas locales».
El dirigente fue testigo de la pérdida de la calidad de balneario de Quintero, de agricultura de lentejas de Puchuncaví y de la abundancia de recursos del mar. «Lenguado, cojinova, corvina, ostiones había en mi infancia. Hoy, con suerte, jibia», reclama.
El primer y hasta ahora único plan descontaminador de la zona, obligó a la fundición de cobre y a la termoeléctrica a reducir drásticamente sus emisiones. Pero no limitó el ingreso de nuevas empresas que paulatinamente, en especial hasta 2002, fueron ampliando el área para industrias peligrosas.
Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a mayo de 2016, seis empresas en su conjunto arrojan al aire un peso anual de gases contaminantes de 3 mil toneladas de MP, 32 mil de SO {-2} y 14 mil de óxidos de nitrógeno (NOx).
En 2014, un estudio encargado por el MMA al Centro Nacional del Medio Ambiente de la. U. de Chile, Cenma, no descartaba, además el efecto contaminante de compuestos orgánicos volátiles detectados en el aire de la bahía, como los que causaron la crisis de esta semana. El estudio recomendaba ampliar la red de monitoreo con estaciones manejadas por organismos públicos y crear planes preventivos de episodios de intoxicación.
Pese a esas recomendaciones y a las efectuadas en 2012 por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la actual red de monitoreo de gases cuenta con seis estaciones (solo una más que cuando partió en 1991), a cargo de las propias empresas. Esas inconcordancias del propio Estado incrementan la irritación de los dirigentes locales.
«En la actual crisis de intoxicados, solo vemos suspensión de clases y parar faenas de limpieza de estanques. Ninguna medida clara y de información transparente que garantice a la comunidad que se está atacando el origen de la contaminación», dice el ambientalista asesor de dirigentes pesqueros Hernán Ramírez.
Ampliación de causa
También despierta alarma la «pasividad» frente a indicadores inquietantes sobre la presencia de arsénico en el ambiente: mariscos extraídos de la bahía que en 2015 arrojaban valores de ese metal por sobre el reglamento sanitario de alimentos y en el aire de Quintero y Puchuncaví por sobre la norma europea, hasta 23,3 veces en La Greda ese año.
El arsénico también apareció en los restos óseos de 20 ex trabajadores de Enami, que murieron de cáncer en los primeros años de este siglo, tras haberse desempeñado en la fundición de cobre de Ventanas, cuando pertenecía a esa empresa, según el abogado Raúl Meza. La exhumación fue realizada en el marco de la investigación penal por cuasidelitos de homicidios múltiple que lleva a cabo el fiscal de Quintero Mauricio Dunner, a raíz de la querella encabezada por el presidente de esos ex trabajadores, Eduardo Pino.
Aunque Dunner está tratando por segunda vez de cerrar la investigación, estimando que no se ha podido establecer una relación causal entre la contaminación y la enfermedad que mató a los trabajadores, Pino y Meza dijeron que esta semana pedirán al fiscal regional ampliar la causa a delitos de lesa humanidad por negligencia del Estado.
septiembre 3, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) El viernes terminó la rueda de declaraciones de los representantes legales de las empresas que están siendo investigadas en un proceso a cargo de la división de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que incluyó a Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas y Enap, entre otras firmas.
«La información que nos entregan estos representantes ayudan a formarnos una opinión y, en definitiva, una convicción respecto de qué ocurrió y quién o quiénes son los responsables, pero también ayudan las visitas que estamos haciendo a esas mismas empresas, las declaraciones que hemos tomado en terreno a los operarios, a los encargados de seguridad, y la información que hemos revisado de las bitácoras de novedades del día de cada empresa», detalla Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente. Agrega que esta semana van a continuar las fiscalizaciones.
-¿Cuánto peso tienen los dos informes de Enap en el marco de la investigación de la SMA?
«En primer lugar, yo no tengo confirmación hasta ahora (viernes) que hayan sido enviados por Enap a la SMA (…). Cuando me lleguen, los técnicos van a tener que mirarlos y formarse una opinión respecto de su contenido, y tomarlos en cuenta cuando lleguemos a una conclusión. Decir, ‘sí, esto aporta un antecedente que nos puede servir o no aporta nada’. O lo que resulte del análisis que ellos hagan. Cuando lleguen esos estudios los vamos a mirar, lo que no significa que vayamos a resolver solo en función a esos estudios. Los vamos a tener a la vista, pero tenemos nuestros informes, análisis y datos. Cómo vamos a resolver en base a lo que nos dice uno de los propios investigados, sería ridículo».
«Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones»
-¿Se sintió presionado políticamente a hacer algo el 24 de agosto?
«Por ningún motivo».
-¿No lo llamó la ministra Carolina Schmidt o alguien del Gobierno?
«Jamás. He tenido la fortuna en estos cinco años que he ejercido el cargo de superintendente del Medio Ambiente de no haber recibido nunca una presión, de ninguna autoridad política de turno. Me siento autónomo. No tengo que andar consultando o recibiendo llamadas respecto de qué debo o no resolver en un determinado caso, y eso es una muy buena noticia para Chile y habla muy bien de la institucionalidad de este país. Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones, obviamente, fundadas en criterios técnicos, de peso. Como SMA me doy cuenta de que hay mucha ansiedad en la gente y que necesita saber qué pasó. Pero también, que un escenario posible es que no lleguemos a determinar qué sucedió, por la dificultad intrínseca que tiene este caso, de que el incumplimiento ocurrió durante un período muy corto de tiempo, entonces no hay evidencia física hoy que nos permita ver la emanación. Tendríamos que haber estado ahí en ese mismo momento para comprobar el incumplimiento, y eso no es posible».
«Las mediciones que hemos hecho con posterioridad contribuyen a alimentar, en primer término, una presunción, y en base a eso, se tomó una medida. Las mediciones que tomamos después de la presunción, nos van a permitir determinar si hay o no un incumplimiento».
-Hay también la opción para un superintendente de no tomar ninguna medida si es que no encuentra evidencia suficiente. Sin embargo, usted tomó una medida que ha causado polémica.
«La medida está perfectamente respaldada. La medida es preventiva. La ley le entrega al superintendente del Medio Ambiente la facultad del principio precautorio, que significa frente a una circunstancia, asumir una posición conservadora (asumir el peor de los escenarios) y sobre la base de eso, dictar una medida para prevenirlo para que no ocurra. Eso fue lo que hice tomando los elementos que teníamos a la vista el día 24 de agosto de 2018, ni más ni menos. Y no implica culpabilidad, no hemos hecho una imputación (…). Es una cuestión técnica, nadie me obliga a dictar la medida».
-La semana pasada, la ministra Carolina Schmidt dijo: «Hemos detectado que en algunas faenas realizadas por Enap se ha producido emanación de gases tóxicos» ¿Por qué la diferencia con ella?
«No me voy a pronunciar respecto de las declaraciones de la ministra. Por lo demás, en las últimas entrevistas que le he escuchado estos últimos días ha sido súper clara, en el sentido de que la determinación de lo que ocurrió y la responsabilidad nos corresponden a nosotros, como SMA, y yo me quedo con eso. Estamos gozando de absoluta independencia, pero le estoy informando a la ministra lo que hacemos en terreno».
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-En el caso de Oxiquim (de ahí eran los trabajadores que se sintieron mal), trabaja con compuestos químicos. ¿No había evidencia para tomar la misma medida que se tomó con Enap?
«No había evidencia que nos indicara que el origen podía haber estado en Oxiquim».
-¿Cuál es su límite para seguir investigando? ¿Cuándo va a tirar la esponja?
«No, la esponja no la voy a tirar nunca. Este no es un trabajo para débiles; al revés, hay que ponerse duro para llegar a una conclusión y, en este caso, lo más pronto posible. Estamos cerrando el círculo, atando cabos y a partir de los análisis que hemos hecho, estamos empezando a construir una hipótesis y eso significa que estamos cerca de tomar una decisión».
Empresa se defiende: «No existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar»
Una de las empresas bajo la lupa de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es Gasmar. La compañía que tiene como accionistas a Gasco y Abastible saltó al tapete esta semana debido a dos hechos. Primero, porque en el documento llamado Acta de Notificación Personal de la SMA -fechado el 24 de agosto y firmado por el funcionario Pablo Tejada- se explicita que el 21 de agosto, cuando la SMA tomó conocimiento de la emergencia ambiental en Quintero, se estaba evacuando al personal que trabajaba en Gasmar «debido a la presencia de un fuerte olor dentro de sus instalaciones», aunque luego se precisa en el mismo documento que los trabajadores de Gasmar «señalaron que los olores provenían desde el sector sur de la instalación, que es el lugar colindante con la refinería de Enap», agrega el punto 11 del documento.
Pero además, ya antes, en diciembre de 2017, Gasmar había salido a la palestra por un informe técnico titulado «Monitoreo de gases atmosféricos para intentar establecer el origen de los eventos de malos olores en la zona industrial del valle de Puchuncaví», del profesor Francisco Cereceda, director del Cetam, publicado en el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) del Ministerio del Medio Ambiente.
Una de sus principales conclusiones es que «el análisis de vientos y concentraciones de VOCs (compuestos orgánicos volátiles) realizado en la planta de Gasmar permitió establecer como fuente importante de estos VOC aquellas emisiones asociadas a su planta de odorificación de gas».
En este contexto, Gasmar contestó preguntas a «El Mercurio» por escrito. Aseguran que a la fecha no han sido citados a declarar en el marco de la investigación del fiscal Mauricio Dünner, pero que sí lo hicieron ante la SMA, que además los fiscalizó: «Gasmar ha sido fiscalizada por dicha autoridad en seis oportunidades al viernes 31 de agosto, inspeccionando y recorriendo detalladamente el terminal en terreno, solicitando información relativa a los procesos, condiciones generales y productos químicos utilizados en planta».
-Como empresa, ¿están en condición de afirmar que no son responsables de la nube tóxica de Puchuncaví-Quintero? ¿Por qué ?
«Absolutamente. Gasmar es un terminal que solo almacena gas licuado -el mismo que consumen las familias chilenas en sus casas-, y no manipula sustancias tóxicas. Luego, no existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar».
-¿Gasmar no produce ni emana ninguno de los químicos que han sido sindicados como responsables de la nube tóxica por parte de la autoridad (tolueno y los isobutano, nitrobenceno, metilcloroformo e hidrocarburo)?
«Gasmar no produce, manipula, ni emana ningún químico tóxico».
-Respecto del informe del profesor Francisco Cereceda, ¿ustedes tenían conocimiento de él? ¿Tomaron medidas para solucionar los problemas que allí se plantean? ¿Cuáles?
«Primero, precisar que ese informe no está de ninguna manera vinculado con el proceso de investigación actual, pues data de diciembre de 2017, y es público desde hace varios meses. Aquel trabajo se enmarca en un estudio de olores, no de sustancias tóxicas. En relación al contenido del mismo, nosotros le planteamos al Ministerio del Medio Ambiente innumerables cuestionamientos respecto de la metodología y rigurosidad técnica que se empleó en dicho estudio, en virtud de una auditoría externa que Gasmar les encargó a expertos independientes. El resultado de esta auditoría está en manos de la autoridad para su análisis desde abril del presente año».
-¿Cómo explica que Gasmar sea, según estudio, el responsable de las concentraciones de VOCs en la zona?
«En primer lugar, hay que aclarar que los VOC están constituidos por una serie amplia de compuestos orgánicos. Hasta los gases que emanan de los tubos de escape de los vehículos son VOCs.
A pesar de las serias falencias del informe que los peritajes técnicos han identificado, Gasmar no se pronunciará respecto del detalle del mismo, pues no aporta nada al esclarecimiento de la actual crisis. Hoy Gasmar se encuentra concentrada en facilitar toda la información necesaria y requerida para los numerosos procesos de fiscalización en curso debido a la presencia de compuestos tóxicos en el aire, evento completamente independiente del que quiso analizar el informe de Cereceda».
-¿Por qué la contaminación registrada la semana pasada en la zona podría ser un evento distinto, atribuible a otra empresa y no a ustedes, si ya hay un informe que consigna este tipo de emanaciones de parte de Gasmar?
«Los compuestos tóxicos de este evento han sido identificados por la autoridad en sus labores de medición (tolueno, metilcloroformo y nitrobenceno). Ninguno de estos es manejado por Gasmar, y tampoco se almacenan hidrocarburos que pudiesen derivar en eventos como el vivido estos días en la zona».
-Si es que no son responsables de las emanaciones tóxicas, ¿por qué cree que Gasmar ha sido sindicado como eventual culpable? ¿Han tomado contacto con abogados para evaluar posibles acciones legales a seguir? ¿Con qué estudio de abogados están trabajando?
«Gasmar está enfocada en facilitar el proceso de investigación de la autoridad, a la espera de lo que dicho proceso resuelva. Nuestras energías están concentradas en disponer de la totalidad de los recursos técnicos y humanos de la compañía para colaborar a fin de aclarar las causas y prevenir la ocurrencia de un nuevo evento. En la misma línea, hemos puesto a disposición de la autoridad todos nuestros equipos de monitoreo de gases para que sean utilizados en el esclarecimiento del caso, pues nos preocupa enormemente la salud de nuestros vecinos y trabajadores».
