(El Mercurio) Agilizar una cartera de 138 proyectos productivos, cuyo inicio de construcción y/o operación está previsto para lo que queda de este año y 2021 -y que en conjunto involucran una inversión de US$24.500 millones-, es parte de la propuesta del gobierno para impulsar la reactivación de la economía, que ha sido fuertemente impactada por la pandemia. Sin embargo, en el sector privado piensan que esto no pasará de ser una intención, en la medida en que no se avance con iniciativas concretas que permitan acelerar, entre otras cosas, la tramitación para la materialización de los proyectos de inversión.
Un grupo transversal de profesionales le planteó al Gobierno y a la oposición una iniciativa de ley corta que modifique tres aspectos de la normativa ambiental para permitir, entre otras cosas, una reducción efectiva del plazo de evaluación de las iniciativas de inversión.
«Es claro que una parte importante de la crisis económica se superará si aumentan rápidamente los niveles de inversión en el país, contribuyendo simultáneamente al crecimiento de la economía y a disminuir el desempleo con sus indeseables efectos sociales. Dado que en la mayoría de los casos la inversión requiere de permisos ambientales y sectoriales para poder materializarse, es crucial que la legislación ambiental también aporte para que el Gobierno y las empresas puedan otorgar y obtener, respectivamente, esos permisos en forma expedita», explica Jaime Solari, presidente ejecutivo de SGA, una de las principales consultoras que elaboran la documentación de los proyectos que se someten a evaluación ambiental.
Solari comenta que esta propuesta es respaldada por otros profesionales de la consultora ambiental agrupados en la Asociación de Ingenieros Consultores, por colegios profesionales -como el Instituto de Ingenieros y el de Ingenieros de Minas-, y profesionales de empresas de los sectores energía y minería.
En concreto, el elemento principal de este planteamiento es que a través de esta modificación legal se extienda el alcance del artículo de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que posibilita reducir a la mitad -de 180 a 90 días- el plazo de evaluación de Estudios de Impacto Ambiental de «proyectos o actividades que deben ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas». La idea es ampliar esta norma a todos los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) entre 2021 y 2023, ya sea por Estudio o por Declaración de Impacto Ambiental (EIA y DIA, respectivamente).