La decisión de las cuatro principales generadoras del mercado local (AES Gener, Engie, Enel Generación y Colbún) de vender las cuentas por cobrar a las distribuidoras al comprador «Chile Electricity PEC SpA» para obtener una liquidez de recursos refleja el impacto que tiene la Ley del Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC), que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para los clientes sujetos a regulación de precios.
Así lo sostiene a ELECTRICIDAD Ana Lía Rojas, socia directora de EnerConnex, al analizar lo ocurrido, en que estas compañías informaron sobre la operación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Análisis
La economista recuerda que esta Ley (21.185) «implicó que el sector generación se hiciera cargo de los costos que evitarían alzas de tarifas a los consumidores finales», por lo que se generó un fondo de US$1.350 millones, del cual Enel, Engie, AES Gener y Colbún, «aportan la mayor proporción, por los volúmenes de sus contratos».
«Estas tres empresas, junto con el resto de generadoras que poseen contratos regulados, deberán cubrir este subsidio, al no aplicar alzas en sus precios de generación, que hubiesen correspondido hacer a fines del 2019, en virtud de los mecanismos de indexación establecidos por contrato con las Distribuidoras», explica.
Según la ejecutiva, «el hecho informado implica que estas empresas ceden a un tercero, en una especie de ‘mega factoring’, las alzas de estas cuentas que aún no se han aplicado, vendiendo su cartera de ‘cuentas por cobrar’ a las Distribuidoras».
«El comprador de esta cartera, la empresa no relacionada y creada especialmente para este propósito, “Chile Electricity PEC SpA”, adquiere esta, a cambio de entregarles a estas tres empresas, una importante inyección de liquidez, en donde el IDB también aportará en esta adquisición», agrega.
En su opinión, lo que llama la atención, más que el mecanismo en sí mismo, son los potenciales montos de la operación que ameritan efectuar esta comunicación. «Aunque no se entregan cifras exactas de lo que implica la operación pueden ser montos muy significativos, dado el factor de ajuste que la CNE aplica y que reduce el precio de venta de estos contratos, realizando recortes de hasta 15%. Luego, y a pesar que el factoring aplicará también un descuento porcentual al adquirir una cartera de cuentas por cobrar, la cifra puede seguir siendo significativa, considerando el monto del fondo total antes aludido», precisa.
Rojas además recuerda que en el segmento de generación, «hay efectivamente operaciones de factoring, pero aquí la diferencia es que, primero, esta operación debe informarse a la CMF, y segundo, porque refleja que hay una necesidad de ajuste que viene a concretarse a más de un año de la entrada en vigencia de la ley 21.185».
Y afirma: «El foco es más bien el costo que ha representado para la industria de la generación el mecanismo de estabilización de las cuentas eléctricas que impuso la Ley. Y es que, a juicio de muchos especialistas, este costo debiera haber sido asumido por el Estado como un subsidio de cobertura a un servicio básico. El factoring sin duda es una solución provisoria para la obtención de liquidez para empresas incumbentes, que pueden acceder a este tipo de operaciones».
«Sin embargo, a la fecha, no hay operaciones conocidas de empresas más pequeñas, muchas de ellas generadoras renovables, que tienen en general una alta dependencia de contratos con Distribuidoras, y que apunten a lograr el mismo esquema de solución para cobros que les fueron diferidos, por una ley que podría haber asumido el Estado sin exponer así los equilibrios financieros de estas otras empresas», concluye la economista.