Un complejo escenario a futuro advierte el reporte mensual de Systep Ingeniería en torno a la estabilización de precios de energía eléctrica, por lo que plantea la necesidad de crear un nuevo mecanismo para evitar eventuales alzas desde 10% en las cuentas de luz para clientes regulados, pues de acuerdo con las estimaciones de la consultora, los saldos no recaudados por las generadoras alcanzará su límite en el segundo semestre del próximo año.
«Un alza de este nivel puede tener un gran impacto para la tarifa de clientes del tipo residencial, donde el cargo por energía representa hasta un 70% del total de la tarifa. A modo de ejemplo, un cliente residencial de la comuna de Santiago, cuyo consumo promedio mensual es de 180 kWh, debe pagar alrededor de $22.7403 al mes. Si se considera una variación del 10% en los cargos de energía y potencia, implicaría hoy un pago adicional mensual para el mismo cliente BT1 de más de $1.376», indica el reporte.
A este panorama se agrega la ejecución de cobros de cuotas en las cuentas de los clientes que postergaron su pago de la Ley de Servicios Básicos debido a la actual pandemia, por lo que la consultora señala la necesidad de que el gobierno «considere que el alza de las tarifas no se ejecute en paralelo a estos cobros».
Alternativas
En sus análisis Systep indica que una primera alternativa que podría llegar es proponer que el gobierno aumente el límite máximo de saldos adeudados a los generadores, pero advierte que ellos «no solo podría generar problemas a los generadores, sino que además podría afectar al proyecto de ley de Portabilidad Eléctrica», pues un nuevo fondo implicaría un retraso en la migración de clientes regulados hacia un régimen libre, ya que, los generadores deberán primero recaudar los saldos adeudados.
La otra alternativa que se podría llegar a proponer la autoridad es limitar la aplicación del fondo de estabilización para que únicamente cubra a los clientes residenciales (clientes regulados con tarifa BT1).
A juicio de la consultora, esto permitiría reducir en un 46% a la deuda asociada, además de que permitirá extender la duración del fondo de estabilización de los cargos por energía y potencia, disminuyendo también el costo financiero implicado para los generadores, lo que reduciría el riesgo para las empresas más pequeñas.
«En cuanto al proyecto de ley de Portabilidad Eléctrica, esta alternativa no implicaría efectos potencialmente adversos, puesto que se acotaría la cantidad de clientes regulados que no podrían cambiarse al régimen libre. Sin embargo, esta política dejaría fuera al pequeño comercio y a las pymes, por lo que la medida podría no ayudar a mitigar el descontento social. En contraste, otra posible solución que podría plantear el gobierno sería la asignación de un bono/subsidio que permita estabilizar la tarifa de los clientes regulados más vulnerables económicamente<3, sostiene el informe.