(La Tercera-Pulso) Los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida y Jorge Durán, llegaron hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) donde presentaron un requerimiento para que la entidad se pronuncie sobre el proceso tarifario impulsado por las empresas distribuidores que derivarán en costos por renovación de medidores de luz a sus clientes. Una medida que los parlamentarios consideran “ilegal”.
“Las empresas distribuidoras de energía están recargando las cuentas para cobrar los medidores análogos que han instalado bajo su criterio y voluntad. Eso a nosotros nos parece ilegal, va más allá de la norma aprobada y nos parece que a la Superintendencia le compete, en este caso de acuerdo a la ley, hacerse parte y auditar este proceso tarifario que está perjudicando en este caso a millones de usuarios en todo Chile”, sostuvo Fuenzalida.
La diputada Núñez descartó que el proyecto que fue aprobado por unanimidad en el parlamento, haya sido lo que permitió estos abusos.
“Ese proyecto de ley lo que buscaba era que en nuestro país- cuando existiera una catástrofe- el cambio de medidores fuera de responsabilidad de la empresa pero lo que terminó produciendo esto fue que la empresa cambiara el medidor y le metiera la mano al bolsillo a los consumidores y nosotros no estuvimos de acuerdo con eso.Muy por el contrario. Fue un decreto del Ejecutivo el que terminó destinando y mal interpretando nuestra legislación, y por lo tanto como todos sabemos aumentando las cuentas en todos los chilenos”, sostuvo la parlamentaria oficialista.
Además indican que acudirán a todas las instancias posibles para evitar que el costo lo termine pagando el usuario, y no descartan recurrir al Sernac.
Desde la UDI también acudirán a la SEC para precisar si la propiedad de medidores de la luz es de los usuarios o de las empresas
Los Diputados Sandra Amar y Álvaro Carter, anunciaron el envío de una serie de oficios a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que clarifique si los medidores de luz que están instalados en cada hogar de Chile, son de propiedad de las personas o de las empresas; y qué cantidad de estos aparatos quedarán en mano de los usuarios por estar ya pagados a las distribuidoras eléctricas.
Esto con la idea de que las personas tengan claridad de que hacer con los medidores antiguos una vez que sean reemplazados por equipos más nuevos y no se vean en la obligación de entregarlos a la empresa pese a que son de su propiedad