(La Tercera-Pulso) Sin necesidad de votación, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó la solicitud presentada por 70 parlamentarios y aprobó la conformación de una comisión investigadora para analizar la problemática surgida en torno al recambio de medidores eléctricos.
En particular, la nueva instancia deberá recabar los antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y cualquier otro organismo o autoridad del Estado que resulte pertinente, respecto del proceso de reemplazo de los medidores domiciliarios en el servicio de distribución de energía eléctrica, así como su impacto en el costo final para los usuarios.
Para el cumplimiento de su propósito, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Entre los considerandos de los solicitantes, se menciona que el cambio tecnológico tiene un costo aproximado de US$1.000 millones que asumen los propios usuarios a través de un alza de tarifas, efectuado en septiembre de 2018, a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía distribuidora.
Se recuerda, asimismo, que la Ley 21.076, cuyo objetivo y espíritu inicial era reemplazar sin costo empalmes y medidores en caso de catástrofe, y cuya tramitación fue paralela a la elaboración de la Norma Técnica emanada del Ministerio de Energía que vino a regular la materia, fue un paso indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías.
Además, entre otras menciones, se remarca que ni existe certeza de que los medidores que ya han sido reemplazados cuenten con las certificaciones que exige la norma técnica.