Con la actual pandemia que afecta a la producción mundial, el sector energético «no ha sido tan activo regulatoriamente, en cuanto a los textos aprobados. Sin perjuicio de ello, ha sido un año interesante en cuanto a la reflexión del modelo y a las nuevas orientaciones». De esta forma evalúa el presente año Aristóteles Cortés, abogado, director y secretario de la Asociación Chilena de Derecho y Regulación de la Energía (ADERÉN).
En materia regulatoria, el director sostiene que la actividad ha sido baja, ya que la autoridad ha puesto el foco en otras prioridades. «Prueba de ello es la Resolución exenta N°36 del ministerio de Energía, del 28 de marzo 2020, por la cual se suspendieron los procedimientos que se encontraban en tramitación hasta el 17 de junio 2020”, añade.
Además, detalla que solamente se ha publicado la Ley N° 21.249, que dispone medidas respecto de los usuarios finales de los servicios básicos, y que responde a la necesidad de hacer frente al problema de falta de pago de los consumos producto de la crisis económica que ha venido acompañada de la pandemia.
En cuanto a la actividad reglamentaria, el abogado sostiene que este año «se han publicado reglamentos que ya venían listos de años anteriores, y que tenían cierto rezago como por ejemplo el reglamento de calificación, valorización, tarificación y remuneración de instalaciones de transmisión o el reglamento de generación distribuida para autoconsumo».
Este año estuvo marcado por la regulación de servicios básicos y el Fondo de Estabilización de Precios ¿qué impactos han tenido estas dos regulaciones en la industria?
Efectivamente, el contexto creado a partir del denominado estallido social del 18 de octubre de 2019 trajo consigo una inmediata reacción de la autoridad política con el fin de evitar el alza de los precios de la energía eléctrica, lo que se tradujo en la dictación de las leyes N° 21.185, publicada en el Diario Oficial del 2 de noviembre de 2019, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios para clientes sujetos a regulación de precios, y N° 21.194, publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2019, que rebajó la rentabilidad de las empresas de distribución.
A esto se sumó la situación de pandemia por Covid-19, que se inaugura en nuestro país con la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, del 18 de marzo de 2020, y que origina la dictación de la Ley N° 21.249, publicada en el diario oficial el 8 de agosto de 2020, con el fin de evitar la suspensión de los servicios básicos de agua, gas y electricidad a los usuarios por no pago de los consumos durante el período de emergencia sanitaria y otorgar facilidades de pago de dichos consumos.
Todas estas regulaciones han tenido un impacto de corto plazo en los flujos esperados por los actores de la industria, resultando mayormente afectados los generadores de menor tamaño, que podemos identificar con las energías renovables no convencionales y las cooperativas de distribución de energía eléctrica, esto es, los actores de menor envergadura, que son más susceptibles a los flujos de caja. Sin embargo, este es un sector que solo puede operar de buena manera en consideración del largo plazo, atendido la naturaleza de la industria, de los montos de inversión involucrados y de los horizontes de recuperación del capital que no debieran ser inferiores a 20 años. Por ello, es que una de las evidencias que nos deja este año es la carencia de un régimen permanente para enfrentar momentos de crisis.
En el sector ha habido un debate sobre la necesidad de volver a concordar diseños regulatorios de largo plazo ¿cómo ve este tema?
Sin duda. La visión de largo plazo es un imperativo para la industria energética en general y para el sector eléctrico en particular. Esto surge del carácter estratégico de la producción, transmisión y distribución de electricidad en cuanto es un insumo necesario y transversal a toda actividad sea social o económica. Sin embargo, el debate actual viene dado más que nada por la «legislación de contingencia» que se ha dado luego del estallido social y como una crítica al actuar del Congreso y el Ejecutivo.
Ante tal escenario, podría imaginarse la implementación de un régimen legal de excepción para la industria eléctrica, que establezca los medios paliativos de largo plazo de las restricciones que puedan establecerse para hacer frente a una contingencia. De otro modo, siempre se estará a los vaivenes del momento y que terminan por definirse en medio de negociaciones entre los sectores con mayor poder.
Desde otro punto de vista, el debate acerca de la necesidad de restaurar la visión de largo plazo que caracterizaba a la industria eléctrica debe considerar la necesaria adaptación requerida por el cambio tecnológico, realidad que, es más bien reciente en la industria ya que solo se ha venido evidenciando con desde hace unos 15 años, y que le ha dado un dinamismo inusitado. Es así, que la regulación debe transitar en la línea de la «estabilidad con flexibilidad».
¿Cuáles de las principales normativas que entraron en vigencia son destacables?
En septiembre de este año fueron publicados en el diario oficial el Reglamento de generación distribuida para autoconsumo y los pliegos de normas técnicas contemplados en el artículo 10 de la Ley General de Servicios Eléctricos. El reglamento de generación distribuida para autoconsumo abre mayores posibilidades para el autoabastecimiento de los usuarios finales, lo que debe verse como un avance. En lo que se refiere a los pliegos técnicos, si bien estas normas entrarán en vigencia solo en marzo de 2021, su publicación debe considerarse un hito importante del año, puesto que estos pliegos normativos no solo actualizan el «estado de la técnica», reemplazando textos que tenían más de 50 años, sino que, vienen además, a dar una coherencia y sistematicidad a la normativa técnica que no se encontraba anteriormente.
¿Cuáles son los desafíos regulatorios del sector energético?
El principal desafío es el de terminar de diseñar un marco regulatorio estable que permita la adaptabilidad, flexibilidad y la respuesta a las contingencias. Hay temas estructurales que aún siguen causando conflictos, como por ejemplo la cadena de pagos entre los diferentes sectores de la industria. La regulación de la generación no conversa bien con la regulación de distribución en este sentido y mientras unos siguen anclados a la «ley del contrato», los otros se encuentran sometidos a un régimen de «servicio público». Falta todavía integrar los diversos sectores bajo un mismo paradigma común. Y es por ello que ante un cambio en las circunstancias externas, se producen inmediatas confrontaciones.
También se debe avanzar en materia de resolución de conflictos. Si bien el Panel de Expertos ha jugado un rol tremendamente fecundo en esta materia, todavía existen muchos conflictos que se terminan resolviendo en sede arbitral o incluso en los tribunales de justicia, perdiéndose la mirada sistémica.
Por otro lado, existen temas que son de actualidad y que merecen un estudio, toma de posición y reglamentación adecuada, como es el caso de la incorporación del hidrógeno, el biocombustible, la inteligencia artificial, blockchain, y todo lo que implica la recepción de las nuevas tecnologías.
Por último, no se debe olvidar, el cuidado del medioambiente, y en esto no solo hay que considerar la descarbonización sino que también el tratamiento que se le dará a los parques solares una vez que cumplan su ciclo de producción.
¿Cuáles son las próximas normativas que deberían entrar en vigencia?
Se encuentra en trámite una modificación de la ley N° 21.249, que prorroga los plazos de aplicación de la misma. Están próximos a salir el reglamento de los sistemas de transmisión y de la planificación de la transmisión, además del reglamento de transferencia de potencia entre empresas generadoras.