“El proyecto de ley para estabilización y emergencias energéticas no es neutro y debe explicitarse su impacto en la economía nacional y regional”, dijo Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
El representante de los clientes libres del sector energético comenzó su exposición planteando que el proyecto de ley constituye un incentivo al uso de combustibles fósiles y retrocede en justicia climática.
Proyecto
Cabe recordar que la iniciativa presentada por el Ejecutivo, y que se encuentra en su primer trámite, considera dos aspectos en paralelo: Por una parte, propone un Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), que tiene como objeto impedir el alza de las cuentas de la luz a clientes regulados durante el año 2022 y permitir solo alzas graduales durante la próxima década. Por otra parte, este proyecto de ley crea un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética que se acumulará hasta alcanzar el límite equivalente en pesos a los US$2.000 millones. Este fondo será financiado tanto por clientes libres como regulados mediante un cobro adicional en pesos según la energía consumida.
“Al encarecer los usos eléctricos más intensivos de comercios y sectores productivos, se da una señal equivocada al uso de combustibles fósiles, especialmente en materia de transporte, donde hay un predominio de éstos. Mientras en la propuesta del Ministerio de Energía las mayores alzas serán soportadas por clientes regulados y no regulados, respecto de las alzas en los combustibles fósiles es el Fisco el que inyecta recursos públicos para evitar las alzas, lo que es, sin duda alguna, un retroceso en justicia climática”, detalló Javier Bustos.
El director ejecutivo de Acenor explicó que el mayor costo eléctrico para los sectores productivos, comercio y servicios puede implicar mayores presiones inflacionarias, estancamiento en empleo y menor inversión. El proyecto de ley además, dijo Bustos, genera una señal confusa en materia de descarbonización, atenta contra el principio de eficiencia energética, carece de regulación adecuada y mezcla medidas de corto y largo plazo.
“Si bien es necesario enfrentar decididamente el alza en el reajuste del componente del mes de julio, ello puede hacerse mediante el mecanismo transitorio que ha propuesto el Gobierno. En tanto el mecanismo permanente puede tener importantes efectos en la economía, lo cual hace aconsejable un análisis con mayor detención. En tal sentido se sugiere separar la discusión del Fondo de Estabilización de Emergencia a fin de lograr un instrumento de política pública que permita el análisis y reflexión que sean necesarias para alcanzar una herramienta eficiente y construida sobre evidencia”, concluyó Javier Bustos.