Este tema fue visto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde también participó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien dijo que esto se está monitoreando continuamente.

Las proyecciones apuntan a que a mediados de 2021 -dos años antes de lo establecido- se alcanzaría el techo de US$1.350 millones y esto elevaría 10% las boletas residenciales. Diputados presentarán fórmula.

A este panorama se agrega la ejecución de cobros de cuotas en las cuentas de los clientes que postergaron su pago de la Ley de Servicios Básicos debido a la actual pandemia, por lo que la consultora señala la necesidad de que el gobierno «considere que el alza de las tarifas no se ejecute en paralelo a estos cobros».

Reporte mensual de la consultora analiza el actual escenario de la pandemia de Covid-19, señalando que el menor flujo de ingresos de las empresas eléctricas, se deberá implementar un nuevo fondo que evite efectos adversos, como alzas de tarifas.

Si bien garantiza que la iniciativa se extienda por todo este ejercicio, enciende las alarmas en torno a las opciones que tendrán que discutirse con miras a 2021.

La última medida que ha tomado la autoridad en relación al fondo de estabilización de la tarifa eléctrica, congelamiento que está siendo asumido por las generadoras, tiene a este sector en el límite financiero.

La medida buscaría paliar el alza que podrían experimentar las cuentas de la luz durante 2021 debido al término del fondo pactado el año pasado y que debería haber durado hasta 2023. Las empresas generadoras estiman que, por efecto del dólar, los recursos aseguran solo este 2020.

Análisis de la consultora sobre el impacto del covid-19 en la industria señala que, con un dólar sobre $850, el límite de saldos impagos de las empresas eléctricas se «alcanzará entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022», por lo que se sostiene que, si el impacto económico se prolonga, la autoridad debería evaluar nuevamente este situación.

Académico discrepó de las cifras de la CNE y apuntó a que el techo se alcanzaría en febrero.

El secretario ejecutivo del organismo, José Venegas, afirmó que la medida aprobada tras el estallido social «ha permitido evitarle a los clientes alzas importantes».