El nuevo régimen de Servicios Complementarios (SSCC) que se puso en marcha este año registró un alza de 250% en los costos totales, pasando de $13.570 millones, en 2019, a $47.516 millones. Así lo indica el último reporte mensual publicado por Systep Ingeniería en que se abordan los principales hitos de 2020 y los desafíos del próximo año en el sector energético.
Según el análisis de la consultora sobre las subastas de SSCC, «los resultados esperados se ligaban directamente a que, en condiciones de competencia, los precios de estos servicios registrarían una tendencia a la baja, tal como venía ocurriendo en los años anteriores: en el año 2018 el costo total de SSCC alcanzó $16.339 millones, y en 2019, $13.570 millones. Sin embargo, tras la implementación del nuevo régimen, el monto aumentó en torno al 250%, alcanzando los $47.516 millones, observándose subastas declaradas desiertas para las cuales aplicó el precio máximo».
Luego de las medidas que han tomado la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional en esta materia, Systep estima que el nuevo inicio del régimen de subastas «continuará bajo observación por parte de los diferentes participantes del sector, y susceptible a posibles modificaciones durante 2021, en la búsqueda de tener un mercado de SSCC más competitivo bajo una operación más segura y económica».
Otros hitos
Systep también menciona que al proyecto de ley de portabilidad eléctrica, dentro de la reforma a la distribución, como un hito relevante para la industria que se inició este año, indican que la discusión de esta iniciativa se ha centrado en los potenciales beneficios y costos.
«Preocupa en particular, que la potencial disminución de los precios del mercado minorista estará condicionado al manejo de los costos adicionales que se puedan generar, derivados de la introducción del gestor de información y de la inclusión de un componente take or pay en los contratos de suministros regulados. Sin duda, la discusión de este proyecto de Ley se mantendrá durante 2021, a la vez que el sector se encuentra a la espera de la presentación de las reformas en los ejes de Calidad de Servicio y de Generación Distribuida», se señala.
También se aborda como hito el proyecto de ley descarbonización acelerada, que busca prohibir la instalación de funcionamiento del parque termoeléctrico a carbón desde 2025.
«Si bien hay consenso en avanzar en la descarbonización de la matriz energética se debe analizar, desde un punto de vista técnico y económico, los efectos que tendría una eventual descarbonización acelerada en los precios a usuarios finales, la calidad de servicio, la estabilidad del sistema, y los costos de operación, entre otros. Adicionalmente, se proyectan consecuencias no habladas por la autoridad como lo son la disminución en la recaudación del impuesto verde y la adaptación del sistema de transmisión», se indica.
El hidrógeno verde es el otro tema relevante de este año, que destaca el reporte de Systep, en que se señala que los desafíos para 2021 dicen relación con «la puesta en marcha del primer camión minero que use H2 como combustible, avances hacia el piloto del proyecto HIF en Magallanes y eventuales nuevas iniciativas de inversión en proyectos de hidrógeno verde».
Finalmente, la consultora menciona al avance del proyecto de transmisión HVDC Kimal-Lo Aguirre, precisando que «el correcto diseño y operación de este proyecto de gran envergadura es de vital importancia para asegurar una correcta transición en el proceso de descarbonización y el evacuar la energía presente en el norte de Chile».
«El 2021 presenta desafíos claves en las especificaciones técnicas del proyecto, asegurar una alta competencia entre los participantes de manera de alcanzar un precio menor que el de referencia, el cumplimiento del calendario de licitación y su posterior adjudicación», se agrega.
Otras iniciativas importantes dentro del sector que Systep hace referencia para el próximo año son «los ajustes al mecanismo de estabilización de tarifas, las modificaciones a la ley de transmisión, potenciales cambios al mecanismo de remuneración de capacidad y las normas técnicas pendientes en el contexto de la estrategia de flexibilidad».