La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley que busca rebajar en 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía.
El primero en intervenir en la sesión fue el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien explicó las características del gravamen objeto del presente análisis y detalló la menor recaudación que el fisco tendría.
Según el personero, tomando como base la recaudación de 2020 y aplicando la reducción de 50% solo al componente base, habría una afectación de $730.120 millones menos para el Estado, cifra que se eleva a 890.000 millones, si se aplica la rebaja al componente variable del gravamen.
Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile, planteó que una rebaja en el impuesto no necesariamente se traduce en un beneficio directo para los consumidores, como lo demuestra la experiencia alemana, donde se disminuyó el IVA el año pasado pero que solo benefició a los usuarios en un 40%, quedándose con el 60% restante las distribuidoras de combustibles.
Además, remarcó que la rebaja beneficiaría a los deciles más ricos del país (por cada mil pesos que el Estado deje de recaudar, el decil de menores ingresos ahorraría entre cinco y 14 pesos, mientras que el más rico lo haría entre 133 y 353 pesos); y sostuvo que habría una importante merma de los recursos fiscales que se pueden destinar, por ejemplo, para financiar cerca de 310 mil pensiones, la construcción de 3,5 hospitales o la compra de 2.200 buses eléctricos.
Transportistas
El presidente de Conapyme y Conatacoch, Héctor Sandoval, afirmó ante el grupo parlamentario que la medida es esperada por el sector del transporte público. Junto con entregar las cifras del aporte que el sector entrega al fisco cada año, recalcó que el impuesto específico es discriminativo dado que grandes empresas, como las mineras, aéreas y marítimas, no lo pagan.
Reconoció que es una propuesta difícil y llamó a definir la rebaja solo para el transporte regulado, que usa como insumo para su labor el combustible, pero no para los que desarrollan la actividad de manera ilegal o para la gente común, dado que aumentaría la congestión y la contaminación, junto con una reducción mayor de los ingresos fiscales.
Eduardo Castillo, presidente de Conttramen, coincidió en los puntos y pidió una medida permanente y no solo eventual, para lo cual llamó al Ejecutivo a intervenir con una propuesta propia o apoyando el proyecto hoy en trámite.
En el debate, los diputados observaron la importancia de abordar el tema como una situación permanente y no amarrada al estado de catástrofe, que podría terminar en pocos días más. Asimismo, plantearon la importancia de que el Ejecutivo se haga parte y entregue un informe financiero sobre el impacto del proyecto.
Además, acordaron oficiar al SII para que detalle cuánto deja de recibir el Estado por la exención en el pago de este impuesto por parte de las empresas mineras, aéreas y marítimas.