A más de dos semanas de iniciados los cortes de suministro eléctrico tras el último frente climatológico que afectó a la zona centro sur del país, más de 3.000 clientes permanecen sin luz, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Y paralelamente, el organismo fiscalizador ha iniciado varias formulaciones de cargos en contra de empresas de distribución eléctrica, debido a incumplimientos de la normativa vigente en materia de calidad de servicio.
Al respecto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, y el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirieron a la situación de las distribuidoras, tras las interrupciones del suministro y, en particular, al proceso que se inició a Enel, firma que atiende a más de dos millones de clientes en 33 comunas de la región Metropolitana.
En un punto de prensa realizado este viernes en las oficinas de la SEC, las autoridades entregaron detalles sobre el proceso iniciado para la caducidad de la concesión de la compañía de capitales italianos. Esto, después de que el organismo confirmara que este se retomaría, luego de que la distribuidora no cumpliera con la reposición de la totalidad de sus clientes.
“El informe técnico es la etapa que hemos iniciado en que se va a verificar el cumplimiento de la normativa a la que está sujeta Enel, para que tras efectuar este análisis, se pueda concluir si efectivamente la empresa cumple con todos los aspectos para dar calidad y continuidad al suministro de sus clientes”, explicó la superintendenta.
En esa línea, Pardow añadió que “hay una auditoría que no solamente incluye los aspectos incorporados en los requerimientos, sino todos los estándares normativos asociados al servicio público de distribución eléctrica”.
Acerca del tiempo que podría tomar la elaboración del informe técnico, el ministro Pardow sostuvo que esto no tiene plazos definidos, pero que para tener una estimación se podrían tomar como referencias casos similares en la industria sanitaria. “Los plazos que se observan en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraban entre 6 y 18 meses”, afirmó.
Según precisó el ministro Pardow, una vez que finalice la preparación del informe técnico, este se remitirá al Presidente de la República para que sea él quien tome la decisión final. “Este informe técnico incluye, por cierto, la posibilidad de que en esa oportunidad la empresa haga sus descargos, sobre la base de la información que se levante”, detalló la autoridad.
Sanciones en curso
Por otro lado, la superintendenta Cabeza también se refirió a los procesos sancionatorios iniciados por el organismo fiscalizador, tanto a Enel, como a CGE y otras distribuidoras, después de iniciados las interrupciones del servicio el 1 de agosto. Al respecto, sostuvo que las “sanciones a las que se exponen las empresas pueden llegar hasta 10.000 UTA”, es decir poco más de 7.900 millones de pesos.
Agregó que las distribuidoras deben cumplir con varios aspectos normativos. “Uno es concurrir a un punto de falla en un tiempo determinado; también, responder a los clientes y darles información respecto a los tiempos de recuperación, y mantener la infraestructura despejada en las líneas eléctricas”, detalló la autoridad. Adicionalmente, detalló Marta Cabeza, las compañías tienen que entregar información con completitud y verosimilitud a la autoridad.
“Esos son aspectos que se han revisado y han sido sujetos de formulaciones de cargo en varias empresas”, añadió.